El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó a 72 de las 89 organizaciones que presentaron su intención de convertirse en partidos políticos que pueden continuar con el proceso; 12 organizaciones aún esperan respuesta, mientras que cinco no cumplieron con los requisitos iniciales.
Asimismo, el Instituto detalló que, de las 72 organizaciones aprobadas, 25 no tienen presencia en redes sociales ni páginas web; 12 corresponden a organizaciones de la sociedad civil; más 11 están identificadas como afines al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); 11 son de tendencia política de derecha.
Además, ocho surgieron de partidos locales; seis se identifican como de izquierda; cuatro más están vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, dos se identifican como socialdemocracia; dos son indigenistas y dos provienen del Poder Judicial, por mencionar algunos.
Entre las organizaciones que pueden seguir con el proceso se encuentran: el Partido Fortaleciendo las Tradiciones y el Empleo, que agrupa a creadores y organizadores de peleas de gallos; el Partido Justicia Social, formado por miembros del Sindicato de Policías; y el Partido Acción Social Incluyente, encabezado por un excolaborador de Joel Ayala, exlíder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE).
Entre las organizaciones que no pueden seguir con el proceso están: el partido Movimiento Social Ambientalista, liderado por Nicolás Mollinedo, exchofer del presidente López Obrador; Servidores de Dios; Apoyo Social y los partidos Movimiento Democrático Independiente y Todo a Favor del Pueblo.
El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
“Homicidio por agresión a la autoridad” y “muerte por enfrentamiento o en hospital”, son categorías que no están en el Código Penal, por lo que no se sabe si se investigan como homicidio.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
Desde 2020, el Instituto Nacional Electoral ha registrado casi 500 personas responsables de violencia política de género; Oaxaca concentra el mayor número de infracciones a nivel local.
La evaluación será en línea y con uso de Inteligencia Artificial para verificar procesos y evitar fraudes.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Bajo el ritmo actual de registros se requerirá de aproximadamente 366 días y no cinco meses y medio.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera