“El Gobierno de México ha desplegado una nueva política migratoria basada en dos pilares fundamentales: la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo económico desde una visión humanitaria, para atender las causas estructurales de la migración”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 2019. Sin embargo, en los hechos, es todo lo contrario.

El despliegue de elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y de las policías estatales evidencian que lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue todo lo contrario a lo que prometió. 

Apenas la noche del domingo, cientos de migrantes fueron detenidos por un ejército de granaderos por órdenes de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esto en autopista Puebla-México, en la alcaldía Iztapalapa, sobre la calzada Zaragoza.

Pero esta no es la primera vez que uniformados impiden el libre tránsito de la caravana migrante.

Por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional tiene la tarea, desde 2019 a la fecha, detener a los migrantes que cruzan el territorio mexicano, algo que se contradice a lo que viene diciendo desde el inicio de su mandato presidencial, sobre alejarse de la política de criminalización y persecución de la migración.

A más de 50 días del inicio de esta caravana, elementos de la Guardia Nacional ha impedido en varias ocasiones el paso de ciudadanos provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, principalmente, hacia su camino Estados Unidos, ¿con qué objetivo? Cumplir sus sueños en ese país, ya que sus países de origen, por las altas tasas de pobreza e inseguridad, se los impiden.

“Conforme a los principios del pacto global, México ha dejado de deportar cientos de miles de migrantes centroamericanos, en contraste con el paradigma migratorio de administraciones pasadas”, continúa el comunicado.

A tres años de gobierno morenista, de acuerdo con la propia Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, tan sólo de enero a septiembre de este año, se han detectado a más de 190 mil inmigrantes indocumentados, casi el triple que, en 2020, y se han deportado más de 74 mil 300.

De poco o nada han servido los planes y proyectos que México tiene con los países centroamericanos, así como de Estados Unidos, en cuanto a salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y atacar, sobre todo, las causas que originan dicha migración, que no son otras que la pobreza y la marginación, sumado a las olas de violencia e inseguridad que inundan a los países centroamericanos.

La política migratoria de México y Estados Unidos empeoró la situación de miles de migrantes en la frontera sur y norte de México, con lo que ha demostrado ser un completo fracaso, ya que expuso a los migrantes y a los solicitantes de asilo a mayores riesgos de seguridad y salud pública; orilló al sistema de asilo del país al borde del colapso; además, al incluir a la Guardia Nacional en esta política migratoria, los derechos humanos de los migrantes se vieron vulnerados y, en muchas ocasiones, violentados, ejemplo de ello, los sucesos en Chiapas.