En la tercera parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las violaciones a los derechos humanos se han agravado debido a que algunas instancias disuaden y desmovilizan las inconformidades políticas de la población, como suelen hacerlo los gobiernos autoritarios.

A decir de organizaciones civiles, nacionales e internacionales dedicadas a la defensoría de derechos humanos, funcionarios públicos han participado en varios hechos violentos de alto impacto social, sobre todo militares; pero el Presidente ha descalificado dichos informes.

Apenas, el 28 de marzo de 2023, 40 migrantes centro y sudamericanos murieron y 28 más resultaron gravemente heridos por un incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se hallaban bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM), y a quienes mantuvieron encerrados a pesar del siniestro.

Tal estancia –en realidad una cárcel informal ubicada cerca de la frontera con Estados Unidos (EE. UU.)– era utilizada por agentes del INM para confinar a los migrantes que no acreditan su permanencia legal en el país. La mayoría de las víctimas era de origen guatemalteco; había varios hondureños, venezolanos y salvadoreños; un ecuatoriano y un colombiano.

En la mañana del 28 de marzo, cuando la noticia sobre el incendio se difundió públicamente, el Presidente intentó responsabilizar a los migrantes de la tragedia porque el incendio había sido consecuencia de su protesta al enterarse que iban a ser deportados a sus países: “en la puerta pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego, no imaginaron que el incendio iba a terminar en eso”, afirmó.

Pero una vez que las imágenes del incendio fueron difundidas por las redes sociales, se evidenció que los guardias del “albergue” salían corriendo sin preocuparse de evacuar a los migrantes que estaban encerrados bajo llave. Fue en otra mañanera cuando AMLO declaró que se estaban investigando los hechos.

Al cierre de esta edición y después de que se divulgara el video, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó la detención de ocho presuntos responsables: dos agentes federales, un agente de migración estatal y cinco elementos de una empresa de seguridad privada. Ninguno de estos guardias pertenece al INM.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció que hubo negligencia por parte de las autoridades del INM, ya que en el sitio donde se produjo el incendio “las personas se encontraban privadas de la libertad, bajo candados”.

Aseveró que incluso la negligencia criminal podría ser configurada como un crimen de lesa humanidad porque la “la vulneración del derecho a la vida de las personas (...) constituye un acto criminal, ya que las personas migrantes se encontraban bajo la custodia del Estado, en centros de detención operados por el INM en clara contravención de cualquier norma de derechos humanos”.

Manipulación y criminalización

Para evadir acciones legales contra servidores públicos involucrados en abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos, el mismo Presidente, las fuerzas armadas y las hordas morenistas en redes sociales, han intentado tergiversar los hechos atribuyéndolos al crimen organizado para criminalizar a las víctimas y los denunciantes.

En un suceso inicialmente divulgado como el abatimiento de delincuentes organizados por las fuerzas armadas, la madrugada del 26 de febrero, elementos del Ejército Federal dispararon sobre una camioneta en la que se transportaban siete jóvenes, cinco de los cuales murieron y uno más, con el nombre de Luis Gerardo, quedó herido de gravedad. Los fallecidos eran Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Pérez Beriles, Gustavo Ángel Suárez Castillo, Alejandro Trujillo Rocha y Wilberto Mata Estrada.

El 15 de marzo de 2023, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que los cinco jóvenes estaban desarmados cuando sucedieron los hechos y que fueron ejecutados con disparos de los efectivos militares.

“Tenemos que esperar a la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados (…) esperemos a que venga la conclusión de la investigación de la CNDH para dar cuenta de qué pasó, pero evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento”, detalló Encinas.

La CNDH es una institución autónoma que se encarga de denunciar los abusos de autoridades contra los ciudadanos; pero desde que el 16 de noviembre de 2019 Rosario Piedra Ibarra fue nombrada como su presidente –a “sugerencia” de AMLO y designada por los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)– ha actuado abiertamente de acuerdo con los designios e intereses políticos del gobierno morenista.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente de la organización civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien ha dado seguimiento al caso de los jóvenes masacrados, denunció, el 22 de marzo de 2023, que en la recomendación emitida por la CNDH sobre este caso, hay omisiones y encubrimiento de mandos militares superiores.

Ramos explicó que, en la recomendación 95VG/2023 de la CNDH, emitida el martes 28 de febrero de 2023, únicamente se indican responsabilidades sobre cuatro de los 21 efectivos del Ejército que participaron en los hechos, además de que se omite a los mandos superiores; y las conclusiones se basan en evidencias alteradas.

El activista también denunció que la noche del domingo cinco de marzo de 2023, a poco más de una semana de la masacre de jóvenes en Nuevo Laredo, un grupo de soldados irrumpió en el domicilio del señor Enrique Pérez, padre de Gustavo del mismo apellido, uno de los fallecidos en la agresión, a quien amagaron con detenerlo con otro familiar como presuntos integrantes de una organización criminal.

El 24 de marzo de 2023, Ramos reclamó, asimismo, que se halla en una situación de represalias debido a las reiteradas acusaciones públicas que el Presidente ha realizado para relacionarlo con la delincuencia organizada y exhibiéndolo como enemigo de su gobierno y de las fuerzas armadas.

Ramos declaró que desde septiembre de 2013, está integrado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas porque tiene un largo historial de amenazas documentadas en su contra derivadas de sus actividades en la defensoría de los derechos humanos.

Reportó todo esto a la Dirección de Derechos Humanos de la Segob, y solicitó que se informe al Presidente, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al gobierno del estado de Tamaulipas y a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.

Ningún “fuego cruzado”

La reciente masacre en Nuevo Laredo se sumó a otro suceso violento que había ocurrido el 31 de agosto de 2022 en esa misma ciudad fronteriza, cuando murió la niña Heydi Mariana, de cinco años, abatida por balas disparadas por efectivos del Ejército. La versión oficial difundió que la niña había sido víctima por encontrarse en un “fuego cruzado” entre soldados y delincuentes; pero su cuidadora y principal testigo desmintió esta afirmación.

Cristina Aracely Pérez, madre de la niña Heydi, explicó que el vehículo compacto en donde viajaba la menor era conducido por Griselda Zamora Saavedra, quien estaba a cargo de su cuidado; y Heydi iba sentada en el asiento trasero con su hermano Kevin, de seis años. La menor era transportada a un hospital de la ciudad tamaulipeca para ser atendida de un padecimiento estomacal.

Como testigo de los hechos, Zamora rechazó la versión del “fuego cruzado” aportada por las fuerzas armadas, ya que aclaró que en la calle donde circulaba no había ningún enfrentamiento armado; pero se encontró con un retén montado por elementos del Ejército, del cual se desvió para encontrar una ruta alterna y llegar al hospital; y que fue en ese momento cuando los soldados dispararon contra el auto compacto.

El nueve de marzo de 2023, varias organizaciones civiles, entre ellas la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, denunciaron que el ocho de marzo, efectivos del INM, con el respaldo de cinco unidades de la Guardia Nacional (GN) y militares apoyados por una tanqueta, realizaron actos de intimidación en el Hotel Úrsula del centro de Ciudad Juárez, donde había migrantes.

“Con la presencia desmedida de unidades, se envía un claro mensaje de intimidación a las personas, incluidas las mujeres viajando solas y las jefas de familia, quienes revelaron que agentes del INM les rompieron documentos migratorios”, denunció uno de los informes de la Red.

Sobre la violación al derecho a la privacidad de periodistas y activistas sociales, el 23 de marzo de 2023, el Presidente reconoció que el Centro de Inteligencia Militar no utiliza el software Pegasus para compilar información, lo que no es ilegal porque “es mucho mejor la inteligencia que la fuerza”.

Luego de este “juego de malabares” verbales dentro del esquema de “no, pero sí”, el Presidente agregó: “lo de Pegasus es una marca; y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes, y en México no necesariamente Pegasus; pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus”.

AMLO niega hechos evidentes

En su 47º Informe anual correspondiente a 2022, difundido el 20 marzo 2023, el Departamento de Estado del gobierno de EE. UU., explica que en México persisten los abusos y violaciones a los derechos humanos de la Guardia Nacional (GN) –integrada por militares–; de soldados, policías locales y otros funcionarios gubernamentales que están cobijados por un manto de impunidad propiciado por los reducidos porcentajes de impartición de justicia.

El documento destaca desapariciones forzadas, acciones de tortura, asesinatos, altos niveles de violencia y maltrato, ejercidos por oficiales del Ejército; además de los frecuentes secuestros, detenciones arbitrarias e intimidaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.

El 21 de marzo de 2023, AMLO descalificó el Informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado de EE. UU. con la expresión: “son unos mentirosos” y el día 22 de marzo lo remarcó con más calificativos: “es un bodrio sin sustento”; “son calumniadores y mentirosos”, que ven la “paja en el ojo ajeno”.

El viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, respondió, el 21 de marzo: “nunca hemos sugerido que no tengamos nuestros propios retos internos”, pero EE. UU. “no esconde los problemas debajo de la alfombra”. Declaró además que “la participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparece en el informe”.

Hace poco más dos años y medio, en la presentación del informe Defender los Derechos Humanos en México, del 25 de agosto de 2020, las organizaciones civiles especializadas Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. y Comité Cerezo, cuestionaron al gobierno de AMLO por su “estrategia de omisión”, simulación y silencio ante las actuales y pasadas violaciones a las garantías ciudadanas básicas.

Informaron que entre junio de 2019 y mayo de 2020 se registraron 107 casos de violación de los derechos humanos de defensores de las garantías ciudadanas y que, en ese mismo periodo, hubo 249 detenciones arbitrarias; nueve ejecuciones extrajudiciales y cuatro víctimas de desaparición forzada. Estas cifras evidenciaron una tendencia al alza en la persecución de activistas sociales desde 2006, la cual se ha equiparado a la creciente militarización denunciada en este sexenio.

Resquebrajamiento

Nancy Angélica Canjura Luna, politóloga, maestra en materia de gobierno y asuntos públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y docente en temas de seguridad nacional, democracia y derechos humanos, reportó a buzos que las agrupaciones civiles ven con preocupación el resquebrajamiento del Estado de Derecho, y de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

La especialista en seguridad e integrante de la organización civil Causa en Común advirtió a este semanario: “vamos a enfrentarnos a un escenario, en un campo fértil para el autoritarismo, la falta de instituciones reales; y que cada vez más haya una participación de fuerzas armadas en espacios que deberían ser de los civiles.

“Así como está planteado este escenario podemos llegar a un momento en el que ya nadie pueda hacer ningún señalamiento. Toda la estructura de la sociedad civil (organizaciones) también se ha visto afectada por la falta de confianza de la ciudadanía, por esos discursos contrarios a los intereses públicos donde se señala que la sociedad civil trabaja por intereses propios, o incluso, de intereses de otros países para debilitar a los gobiernos de manera interna… se está atentando contra todos los principios democráticos (…) en materia de acceso a la justicia, presunción de inocencia, debido proceso, pero también en el tema de libertad de expresión.

“Se dice: esto no ocurre en México, cuando estamos viendo los hechos, como lo que ocurrió en Tamaulipas. Dicen que ya no hay ejecuciones, ¿entonces qué es lo que estamos viendo?”, apuntó.

En su informe sobre derechos humanos, emitido el 13 de enero de 2023, la organización mundial Human Rights Watch, reveló la creciente militarización en México durante el actual gobierno, que está causando cada vez mayor violencia y más transgresiones a los derechos civiles y, destacadamente, el fundamental: la vida.

“Desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a cinco mil 335 civiles, según datos gubernamentales. Desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la CNDH contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años”, menciona el texto.

Afirma, asimismo, que el Presidente “ha ampliado considerablemente el presupuesto, la autonomía y las responsabilidades de las fuerzas armadas, desplegándolas para realizar cientos de tareas tradicionalmente realizadas por autoridades civiles, como la aplicación de la ley, las aduanas, el control de la inmigración irregular, la ejecución de programas sociales y la administración de proyectos de obras públicas”.

En este marco –denuncia Human Rights Watch– “soldados, policías y agentes del Ministerio Público han cometido graves violaciones de derechos humanos en forma generalizada que incluyen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con impunidad casi absoluta.

“Al menos 105 mil personas están registradas como desaparecidas en México, según estadísticas oficiales (…) casi 90 mil han desaparecido desde el comienzo de la ‘guerra’ contra el crimen organizado en 2006. Miles de personas desaparecen cada año. Más de 36 mil personas desaparecieron desde que AMLO asumió la Presidencia”.

La organización señala que México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos. “Desde enero hasta septiembre de 2022, 15 periodistas fueron asesinados. En la primera mitad de 2022, Artículo 19 registró 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. Muchos comunicadores recurren a la autocensura.

“México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En los primeros seis meses de 2022, 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados”, según indica la organización de derechos humanos Comité Cerezo.