Aunque el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) dice aplicar un gran gasto público en los pobres, ello es falso. Su política es neoliberal, como muestra la evidencia a que me he referido en anteriores colaboraciones; a lo más reciente agrego aquí algunos de aquellos datos para fundamentar mi exposición. Según la OCDE: en 2020, el gasto público (como porcentaje del Producto Interno Bruto [PIB]) de algunos países fue: Francia, 62.1; Finlandia, 56.7; Canadá, 52.4; México, 29.1 (Banco Mundial, 2020). El promedio OCDE es 48.3 por ciento, referente al que debemos aspirar. Específicamente, en gasto público social somos el último lugar (7.5 por ciento) –ya en la 4T–, por debajo de Chile, (11.4); Turquía, (12); Colombia y Costa Rica; destacan: Francia, 31 y Finlandia 29.1. La media OCDE es 20 por ciento. Expansión, Datosmacro señala: “En 2020 el gasto público per cápita en México, fue de 2,454 dólares por habitante. En 2019 fue de 2,603 dólares (…) México se encuentra en el puesto 83 de los 190 publicados”. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, representa, en términos reales, 25.1 por ciento del PIB, inferior al 26.7 por ciento de 2016 (realstatemarket). Ocupamos el sitio 15 mundial en PIB, lejos del lugar 83 en gasto social.

En los hospitales faltan medicamentos, personal y equipo. Y esto empeora. Según Dineroenimagen (16 de septiembre de 2020), en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 “Para el caso del IMSS, la reducción presupuestal será de 1.8% anual real (…) el recorte al gasto en medicamentos del ISSSTE, que será del orden de 2.1% (…) para el resto del sector público federal (…) una reducción de 20.3% real anual”. “… al gobierno todavía le falta acabar de edificar el 60% de los centros hospitalarios que recibió” (La Silla Rota, 12 de enero de 2021). El programa IMSS-Bienestar atenderá en 2022 a 11.8 millones de personas de comunidades rurales, menos que los 13.1 millones en 2018 (CIEP). En 2018 había 20.1 millones de personas sin servicios de salud; hoy, son 35.7 millones. El gobierno desapareció el Seguro Popular, que tenía 42.1 millones de derechohabientes; el Insabi “atiende” ahora a 26.9 millones; es decir, 15.6 millones quedaron fuera. Las familias gastan más en medicinas y consultas: en 2018 gastaban 901 pesos al trimestre; para 2020 gastan mil 266 (Coneval, Enigh).

Sobre la educación, en agosto de 2021, decíamos: “… 27 por ciento de los planteles de educación básica y 22.8 por ciento de las escuelas de educación media superior carecieron de agua (…) 17.3 por ciento de las escuelas de educación básica y 15.8 por ciento de las de nivel medio superior no contaron con sanitarios (…) el presupuesto para infraestructura educativa en 2021 equivale a (…) 51.5 por ciento menos en términos reales que el asignado en 2020” (El Financiero, 25 de mayo 2021). Para resarcirse debería elevarse en igual proporción. Para Mejoramiento Urbano y de Vivienda, el PEF 2022 destina 52 por ciento menos.

El PEF 2021 reduce en 18 por ciento el recurso del Programa de Cultura Física y Deporte y 49 por ciento a los proyectos de infraestructura social del sector educativo. El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (fodepar) desapareció el 26 de junio de 2021; ejercía 20 millones al mes para becas a medallistas olímpicos, entrenadores y 600 deportistas de alto rendimiento.

El cinco de agosto de 2021, el Coneval publicó sus Estimaciones de pobreza 2018–2020; Dice ahí que los pobres aumentaron de 51.9 a 55.7 millones (3.8 millones en dos años de la 4T). Para las familias de más bajos recursos, el ingreso promedio cayó en 10.7 por ciento. La “población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos”, subió de 61.8 a 66.9 millones. Esto estima el Coneval. Según Julio Boltvinik, experto de El Colegio de México, hay 96.6 millones de pobres (entrevista de Canal 6 TV, seis de agosto de 2021).

Según el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, “los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 28 a 30 por ciento entre 2018 y 2020 (es decir, solo aumentó en dos por ciento). El dato para 2018 sigue siendo menor al máximo histórico registrado en 2016 (…) En 2016, 61 por ciento de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales. En 2020 solo 35 por ciento lo eran. Por el contrario, entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos (…) aumentó 48 por ciento el monto de transferencias en los más ricos (…) los beneficiarios más pobres reciben alrededor de 36 pesos diarios sumando todos los programas (…) En total, las transferencias monetarias equivalen a 14 por ciento del total de ingresos de los beneficiarios (uno por ciento más que en 2018)” (Análisis preliminar de resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020). Un impacto nulo de los programas en la reducción de la pobreza y mayor beneficio para los más ricos.

Luis Miguel González (El Economista, 11 de agosto) dice “¿Cuántas personas reciben beneficios de programas sociales? El gobierno afirma que son más de 30 millones y alrededor de 50% de los hogares. Las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo nos indican que el dato real es mucho menor, alrededor de 30 por ciento (…) Llegar al 50% de los hogares significaría la mayor cobertura de nuestra historia. El 30% es apenas empatar el registro que se tuvo en 2015. El investigador del Colmex, Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, [dice] (…) es un mito que los programas sociales llegan ahora a tantos hogares como nunca antes (…) El presidente comunica que nueve de cada 10 pobres son beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal (…) Para 2021, apenas 35% del veintil más pobre recibía recursos de algún programa social (…) En el programa de becas para adultos mayores, el incremento en transferencias para el decil más rico fue de 457% entre 2018 y 2020. Para el decil más pobre, el incremento fue de apenas 17% (…) demuestra Gonzalo Hernández Licona, ex Secretario Ejecutivo de Coneval y ahora Director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford (…) las Becas Benito Juárez sustituyeron a las del programa Oportunidades/Progresa. El monto total se redujo 35% entre 2018 y 2020, pero la reducción estuvo mal repartida. El decil más pobre vivió un recorte de 63% y el decil más rico se encontró con un incremento de 380 por ciento”.

El gasto social es menor y se usa para comprar votos y conciencias. Debe elevarse, sin manipulación electoral ni chantajes, respetando los derechos políticos y la dignidad de las personas; aumentarlo mínimamente en 12.5 por ciento, para alcanzar la media de la OCDE, y dirigirlo preferentemente a los más pobres, pasando del 30 por ciento actual del total de los hogares mexicanos, beneficiarios de los programas, mínimamente al 50 por ciento, pero cubriendo a todos los hogares pobres. Elevar el gasto público total (29.1 por ciento del PIB) al promedio OCDE (48.3 por ciento). Como la Constitución manda, debe garantizarse el derecho de todos a una educación gratuita y de calidad, mediante apoyos directos a estudiantes pobres (albergues, becas, servicio médico, etc.) y el debido equipamiento de todas las escuelas. Promover una enérgica política de vivienda popular; recuperar los programas suprimidos: guarderías para hijos de madres trabajadoras, escuelas de tiempo completo, el Fonden, para damnificados por desastres, etc.; garantizar servicio médico a todos, no solo a los excluidos por el Insabi. Dotar a los hospitales populares con medicinas, camas, equipo y personal suficientes. Mas no olvidemos: la solución de raíz es una efectiva política productiva que fomente la generación de riqueza y la distribuya; que genere empleos permanentes, bien remunerados, que permitan a todos vivir con dignidad, sin depender de una limosna que los somete al chantaje de gobernantes que, por lo demás, nada “regalan” de su bolsillo: lo toman del erario, que entre todos sostenemos.