Ya se ha tratado en buzos la situación de las universidades autónomas, cuyo financiamiento proviene del Estado, y los aspectos más importantes de esta problemática, entre ellos el insuficiente presupuesto y en consecuencia la falta de recursos de todo tipo para efectuar los planes y programas aprobados. La injerencia del Estado en los asuntos propios de la vida académica de las universidades; la presión gubernamental sobre sus órganos de control en lo que se refiere a reglamentos, planes de estudio, proyectos y la intromisión en su vida política interna. Para realizar esta injerencia, los gobiernos Federal y estatales cuentan con un instrumento formidable: el presupuesto oficial que periódicamente recibe cada una de estas instituciones educativas que, por otra parte, están obligadas a rendir cuentas a la autoridad acerca del destino y la aplicación de los recursos provenientes del Estado, a quien no le basta con ello, y trata siempre de influir en todas sus decisiones.

La dependencia económica, la dotación de un presupuesto insuficiente y la impuntualidad en la entrega de éste han provocado desde hace años una crítica situación en la vida universitaria.

Los oídos sordos a los reclamos de sus demandas condujeron a un buen número de estos centros educativos a profundas crisis; en esto destacan nueve universidades estatales de las que ya se ha hablado aquí en otra ocasión, y que hoy vuelven a ocupar el centro de nuestro reporte especial, que esta semana aborda el choque entre la autonomía universitaria y la dependencia presupuestaria del Estado.

Especialistas en el tema y dirigentes sindicales universitarios ponen al descubierto la vieja estrategia del Estado, que subsiste con el cambio de sexenio, la cual está basada en escamotear los recursos destinados a las universidades públicas para eliminar de ellas todo rastro de autonomía; para salirse con la suya, esta irracional e inequitativa política se basa en la presión presupuestal, condicionando los recursos a la obediencia en temas como la disminución de la matrícula, la modificación de los planes de estudio e investigación y las reformas a las leyes orgánicas y otros reglamentos internos para armonizarlos con el interés privado. Se abordan también las promesas incumplidas por el gobierno de la 4aT, no solo de crear nuevas universidades, sino de eliminar el excluyente examen de admisión; y por último, la estrecha liga existente entre la política educativa universitaria y el neoliberalismo, que se evidencia en los intentos injerencistas plasmados en tratados internacionales como el T-MEC y los lineamientos de organizaciones internacionales como la OCDE.