La Constitución Política es el máximo cuerpo de leyes que toda entidad federativa, municipio, autoridades, instituciones y ciudadanos están obligados a acatar, porque representa la voluntad de la Nación; este cuerpo de leyes puede ser perfeccionado y actualizado en concordancia con la evolución de las condiciones sociales generales, como demuestran todas las reformas constitucionales aprobadas a lo largo de la historia de México; pero mientras las leyes y cada una de sus partes, libros, títulos, capítulos, incisos, cláusulas, etc. estén vigentes, ningún decreto particular, estatal, municipal, de alguna institución o funcionario puede actuar contra la ley fundamental, la Carta Magna.

Tomando en cuenta el principio de la obligada obediencia de las leyes locales a la Constitución, y tal como establece la reforma electoral de 2014, el Congreso de Baja California modificó de manera excepcional la duración de mandato de su próximo gobernador para homogeneizar y centralizar los procesos electorales estatales con las elecciones federales; así, por motivos económicos y políticos, el gobernador electo permanecería en el cargo por un periodo de dos años (2019-2021), y en los periodos siguientes volvería a tener una duración de seis años.

El decreto 112, que estipula una gubernatura de dos años en Baja California, fue impugnado por Jaime Bonilla, candidato y luego gobernador electo de esta entidad, secundado por sus correligionarios morenistas y por legisladores de otros partidos, que votaron a favor de prolongar de dos a cinco años su mandato. El soborno, la extorsión y la maniobra no faltaron a la cita, como han denunciado actores políticos que se oponen a la “Ley Bonilla”, por considerarla violatoria de la reforma constitucional de 2014, en la que se basó el decreto anterior y del mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dejó sin efecto la primera impugnación de Jaime Bonilla.

La llamada “Ley Bonilla”, aprobada por el Congreso local de Baja California, representa, al mismo tiempo, un atentado contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra la Constitución local y contra las leyes electorales vigentes en México. La ampliación del mandato del gobernado afecta no solamente los intereses, la legalidad y la paz de los bajacalifornianos, sino de todos los mexicanos.

Las leyes del país son muy claras en relación con la duración de los mandatos de los tres poderes; y la Carta Magna de México establece con rigor la no reelección del Ejecutivo Federal; aunque el Presidente de la República haya manifestado su voluntad de no reelegirse ni ampliar su mandato, sus detractores insinúan que someter en 2021 a la consideración del electorado si continúa en el cargo o se retira, podría ser una trampa para extender su mandato sexenal otro periodo. Hoy, cuando el partido que lo postuló encabeza la ampliación del mandato de un gobernador recientemente electo, no dejan de surgir suspicacias entre los analistas, que sostienen que éste puede ser un sondeo, un experimento que pruebe la paciencia de la población y su tolerancia a la modificación fraudulenta de las leyes electorales; hoy con una ampliación de su mandato, mañana reeligiéndose; hoy en Baja California, mañana en todo México.