A estas alturas ya puede distinguirse el lugar que ocupa el sector cultural en el autonombrado gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T). Aunque salpicada de declamaciones superficiales sobre las clases marginadas y los pueblos indígenas, la línea política de la administración federal vigente en materia de cultura se diferencia poco de los proyectos de sus predecesores.

Es decir, el objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo de la 4T –garantizar la universalidad en el acceso de los mexicanos a los bienes y servicios culturales– es el mismo que aplicaron los gobiernos federales de las últimas décadas del siglo pasado y la docena panista de 2000-2012. Pero este gobierno, que se asume de “izquierda”, enfrenta dos problemas adicionales: que la infraestructura cultural pública resulta insuficiente para atender la demanda creciente, y que la oferta de bienes culturales generada por el sector comercial privado crece, se expande y diversifica constantemente.

Si se considera que, en los últimos años, las actividades vinculadas al sector cultural han alcanzado más del tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que éstas provienen mayoritariamente del sector privado, se aprecia el imperativo de diseñar criterios nítidos sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el acceso a la cultura.

La exigencia del diseño y estrategias de política cultural más precisas es planteada además por el hecho de que el debilitamiento de la participación pública en la oferta de bienes culturales ha contribuido a establecer patrones de consumo en la población, que están dominados por los repertorios comerciales de grandes empresas del entretenimiento: televisoras, radiodifusoras, productoras fílmicas o sellos discográficos; que en tales patrones de consumo participa la población en general y que entre los sectores sociales de ingresos más bajos, la demanda de estos servicios tiene alcance casi universal, lo que profundiza la desigualdad en México.

A pesar de lo anterior, las políticas de la nueva administración se han orientado a la disminución presupuestal. El monto asignado al sector cultural en el PEF 2019 representa una reducción real con respecto al promedio anual del sexenio pasado y, para 2020, no obstante, las protestas de varios sectores del gremio cultural, el gasto público volvió a recortarse en este rubro. Esto acentúa la continuidad en la insuficiencia presupuestal de las últimas décadas.

A esto hay que añadir el fortalecimiento de las relaciones gubernamentales con los grupos empresariales que participan con relevancia en el mercado del entretenimiento (Salinas Pliego, Slim, Azcárraga). Esto representa un potencial impulso a los contenidos comerciales masivos con el correspondiente incremento en las ganancias de los inversionistas beneficiados.

En suma: la política de reducción de presupuestos a la infraestructura cultural pública, mayor incluso a los gobiernos anteriores; la desventaja de la oferta cultural pública frente a la comercial privada y el estrechamiento de relaciones del gobierno de la 4T con los grandes empresarios del entretenimiento masivo, no puede menos que enmarcar la política cultural del presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del postulado neoliberal clásico, que exige la disminución de la responsabilidad estatal en el desarrollo de la infraestructura pública.