Es un derecho primordial de la sociedad estar informada de todos los acontecimientos económicos, políticos, sociales y de todo tipo; así como de lo que piensan acerca de ellos los diferentes sectores, grupos, organizaciones e individuos interesados en dar a conocer sus puntos de vista, su interpretación de los hechos, su análisis y sus propuestas de solución a los más importantes problemas existentes en los distintos ámbitos de la sociedad; pero este derecho no es solo a informarse a través del Estado, del primer mandatario o sus funcionarios de cualquier nivel; el derecho abarca el conocimiento de lo que piensan todos los que desean y pueden expresarse en los diversos medios que la sociedad ha creado. La libertad de expresión está indisolublemente ligada a este derecho y ha costado muchos siglos y mucha sangre incluirla en la ley.

Coartar la libertad de expresión, atacar, amenazar y perseguir a quien la ejerce correctamente, es atentar contra el derecho de la sociedad a ser informada. El Estado está obligado a respetar este derecho, pero eso es lo que no está ocurriendo, porque desde las altas esferas del poder se impide la libre expresión.

Los medios de comunicación, informadores, periodistas, escritores etc., cada vez pueden ejercer menos libremente su profesión, expresar su visión de la realidad, cuando su interpretación de los hechos no coincide con la oficial. Se ha fortalecido la tendencia a que los informadores no hagan más que repetir la vision del gobierno en cada acontecimiento. Sostener una posición crítica puede acarrear graves consecuencias para el comunicador, que suele ser acusado de manipular la opinión pública, ser enemigo del gobierno, adversario del Presidente, del interés público, etc.

Los ataques del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) a la prensa comenzaron inmediatamente después de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República; primero se manifestaron como una reacción ante algunas críticas, inconformidades o diferencias de opinión respecto a la política general del gobierno entrante o con algún aspecto importante de la misma, alguno de los programas o grandes proyectos y los efectos que tendría su ejecución. Para lograr que los medios de comunicación abandonaran su posición crítica, independiente y libre, tuvo que desarrollarse toda una campaña, un proceso de sometimiento gradual para controlar a periodistas y medios. La descalificación, el insulto, el desprestigio de los informadores fueron los primeros pasos; después llegaron las amenazas, las persecusión y se fue cerrando el cerco, convirtiendo la información en una atribución exclusiva del jefe del Ejecutivo. Algunas publicaciones han sido excluidas de la lista de favorecidos con la publicidad oficial, otras se han hecho acreedoras a fuertes multas por la violación de alguna regla en sexenios anteriores; y se ha dado el caso de que algún funcionario incondicional del Presidente amenace hasta con el destierro a periodistas críticos. Para colocar a la prensa en condiciones de mayor vulnerabilidad, el gobierno pretende ahora endurecer la legislación que la regula; ésta es la esencia de una nueva iniciativa de ley que ya se prepara y a la que especialistas en el tema han llamado “Ley Mordaza”.

En la presente edición, buzos repasa los diferentes ataques a la prensa por parte de la 4T, los graves riesgos a que se enfrenta el gremio periodístico en todo el país y concluye que son necesarias la solidaridad y la unión de todos los intelectuales independientes para enfrentar el asedio permanente a la libertad de expresión.