La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) hizo un recuento de los escándalos durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a tres años de llegar al poder.

López Obrador cumple tres años al frente del Poder Ejecutivo. Desde el inicio de su gestión, el combate a la corrupción se convirtió en un punto central de su proyecto político.

Sin embargo, varios son los escándalos de malas prácticas que involucraron a personalidades y funcionarios de su círculo más cercano.

Estos son algunos de los casos documentados por la prensa y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a investigar la corrupción.

Videos incómodos de los hermanos López Obrador

Los hermanos del presidente, Pío López Obrador y Martín Jesús López Obrador, fueron evidenciados recibiendo dinero en efectivo por parte de David León Romero, exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Cuando se hizo pública la grabación de Pío en agosto de 2020, el mandatario descartó que se tratara de un acto de corrupción, ya que eran aportaciones ciudadanas para su campaña de 2015, por lo que no era dinero indebido.

Tras la divulgación de un segundo video en el que aparece Martín Jesús, el presidente aseguró que la intención era perjudicarlo y expuso que fue un trato personal entre el exoperador político del gobierno de Chiapas y su hermano.

“Siempre hemos salido ilesos de la calumnia, este video corresponde a otros videos de otros tiempos”, dijo el inquilino de Palacio Nacional en su conferencia matutina del 9 de julio de 2021.

Los contratos millonarios con Pemex

A finales de 2020 se dio a conocer que Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la prima del presidente, Felipa Guadalupe Obrador Olán, se había beneficiado de contratos con Petróleos Mexicanos por más de 365 millones de pesos en el actual gobierno.

Un juez desechó un juicio de amparo promovido por Felipa Obrador con el que buscaba mantener su participación en las licitaciones de Pemex al considerarlo “no improcedente”.

Además de los convenios celebrados con la petrolera, Litoral Laboratorios Industriales recibió adjudicaciones directas por un monto menor con el IMSS, el ISSSTE, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como el Instituto Mexicano del Petróleo.

Tras darse a conocer el escándalo, la empresa encabezada por Octavio Romero Oropeza anunció la rescisión de cuatro contratos de servicios asociados a Litoral.

Cobro de ‘moches’ de Delfina

El INE sancionó con 4.5 millones de pesos al partido Morena por autorizar la retención del 10 por ciento al sueldo de 550 empleados del gobierno municipal de Texcoco durante la administración de Delfina Gómez, actual secretaria de Educación.

Los integrantes del Consejo General del instituto concluyeron que los recursos se utilizaron para financiar su campaña política a diputada federal en 2015.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación que se realizó a mediados de noviembre de 2021, la funcionaria negó las acusaciones y aseguró estar tranquila, pues goza de tener “calidad moral”.

De igual forma, el presidente López Obrador defendió a la titular de la SEP en una de sus conferencias matutinas argumentando que era “mujer honesta”.

El despacho millonario del auditor

El 18 de octubre de 2021, la Unidad de Investigación de ONEA México reveló que David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), gastó 4 millones 069 mil pesos del erario para renovar su oficina.

De acuerdo con convenios celebrador por la ASF con compañías de obra civil para la adecuación de espacios en su torre sede, en la oficina de Colmenares fueron colocados muebles de madera sobre diseño, cancelería de cristal templado, la renovación de una cocina y un baño de lujo.

El presidente fue cuestionado el 8 de noviembre sobre el uso de recursos públicos para el beneficio personal del auditor. El tabasqueño respondió que no le competía pronunciarse sobre el caso.

“Es un asunto del Poder Legislativo, no estoy evadiendo el caso (…) ellos deberían de explicar esta situación y dar un punto de vista. Acerca de que está viviendo él (en su despacho), yo no podría decir mucho porque vivo aquí, en un departamento del Palacio”, dijo el mandatario.

El imperio inmobiliario de Bartlett

En agosto de 2019, se dio a conocer que Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se hizo de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con un valor superior a 800 millones de pesos.

La declaración patrimonial del funcionario no contenía el total de inmuebles que posee. La Secretaría de la Función Pública abrió un expediente para revisar el caso y cuatro meses después exoneró al funcionario de los señalamientos de enriquecimiento oculto.

El hijo del director general de CFE, León Manuel Bartlett Álvarez, también estuvo envuelto en acusaciones de conflicto de interés ya que la empresa Cyber Robotics Solutions de la que es propietario firmó un contrato por 31 millones de pesos con el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) para la venta de ventiladores respiratorios para tratar a enfermos de COVID-19 en abril de 2020.

La revelación fue difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que un mes después informó que los aparatos fueron rechazados por el propio IMSS ya que presentaban características distintas a las contratadas.

Línea 12, el colapso

La caída del tren de la Línea 12 del metro entre las estaciones Tezonco y Olivos en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, que provocó la muerte de 26 personas en mayo pasado, fue un hecho que impactó a políticos del primer círculo del presidente López Obrador.

Los cuestionamientos sobre las fallas en la planeación, construcción, mantenimiento y corrupción en los contratos firmados entre el gobierno y empresas privadas, provocó fuertes críticas a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Ebrard Casaubón fue el responsable de la edificación de este medio de transporte durante su gestión al frente del gobierno de la capital de 2006 a 2012. El dictamen final estableció que el colapso ocurrió por el pandeo de las vigas norte y sur, generado por la falta de colocación de pernos.

La construcción de ese tramo estuvo a cargo de Grupo Carso, del empresario mexicano Carlos Slim, que se comprometió a reparar los daños en la estructura.

Desde su puesta en servicio, la Línea Dorada presentó problemas en su funcionamiento. En 2014 se tuvieron que cerrar 11 estaciones por un evidente deterioro en las vías ya que los trenes adquiridos no eran compatibles con esa infraestructura.

Conade: Las polémicas de Ana Guevara

La gestión de Ana Gabriela Guevara como cabeza de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se caracteriza por señalamientos de deportistas, denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) e investigaciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En mayo de 2020, la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad SA de CV denunció a la medallista olímpica y a otros altos funcionarios por extorsión ante la FGR. La compañía aseguró que la titular de la Conade le exigió el pago de un soborno para asegurar la entrega de un contrato cuyo objeto era suministrar alimentos para los atletas.

La SFP también abrió expedientes por presuntos actos de corrupción al interior de la Comisión. En abril de 2019, la dependencia encontró irregularidades en la operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) por 50.8 millones de pesos.

En las semanas previas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, deportistas criticaron a Guevara por falta de apoyo y opacidad en los procesos para seleccionar a los integrantes del representativo mexicano.

El patrimonio de Irma Eréndira Sandoval

La exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, fue cuestionada por los inmuebles que posee junto con su esposo John Ackerman.

En junio de 2020, una publicación del portal Latinus reveló que ambos personajes, muy cercanos y empáticos al proyecto de López Obrador, tenían seis propiedades.

Cinco de estas son casas que fueron compradas al contado en nueve años, mientras que el inmueble restante fue un terreno cedido por el gobierno del entonces Distrito Federal en 2007.

La publicación puso en duda la declaración patrimonial de la ahora exfuncionaria al asegurar que su patrimonio alcanzaría los 60 millones de pesos, una cifra que no iba acorde con la declaración patrimonial de Sandoval.