Para una buena parte de los políticos y gran número de intelectuales, el campesino es un modelo laboral que trabaja sin ton ni son con mucho respeto y limpieza a la madre Tierra en un ambiente natural; otros lo ven como el amoroso guardián del maíz criollo y otras plantas a las que los mexicanos deben sus alimentos.

Es con éstas y otras patrañas románticas que sólo sirven en el discurso como se oculta una vida llena de privaciones y miseria. Un cuarto de la población de México vive en el campo; y si bien es cierto que de éste dependen los alimentos, debe reconocerse que hay tres tipos de agricultores con diversos grados de responsabilidad laboral, productividad real y rentabilidad personal. Entre ellos se hallan los jornaleros, que no poseen tierras o, si las poseen, éstas no tienen ninguna rentabilidad, por lo que deben emplearse con los grandes terratenientes del campo. Los pequeños propietarios, que disponen de menos de tres hectáreas en las altas montañas, zonas semidesérticas y sus cultivos, dependen de las lluvias de temporal. En el tercer tipo se halla la mayoría de los agricultores, que posee medianas, grandes y muy grandes propiedades de tierra, donde también cuentan con pozos, sistemas de riego y la más moderna tecnología agrícola.

La producción de los jornaleros y pequeños propietarios, destinada principalmente al autoconsumo, resulta ínfima porque la efectúan con añejos o tradicionales sistemas, con los que no pueden arrancar todos sus frutos a la tierra; además, sus intensas labores de mano de obra les exigen más esfuerzo físico y casi les cuesta la vida.

Por todo lo anterior, las cosas deben decirse como son: los campesinos pobres no son los que producen la comida que llega a la mesa de la mayoría de los mexicanos, sino los trabajadores asalariados en las voraces empresas agroalimentarias, en su mayoría extranjeras, como Minsa, Singenta, Bayer, entre otras empresas.

Es por ello que los pequeños productores se encuentran con un escenario adverso; por un lado, el precio internacional del maíz no excede los cinco mil pesos por tonelada; por el otro, más del 60 por ciento del grano consumido por los mexicanos se importa de países extranjeros; por lo que su dependencia alimentaria hacia éste, otros cereales, leche y carne ahora se incrementa. Igual riesgo se enfrenta en el consumo de otros bienes básicos, como empezó a advertirse desde la pandemia del Covid-19, cuando se dependió totalmente de la importación de vacunas, cuyo costo resultó muy alto y afectó las inversiones del Gobierno Federal en áreas del sector salud, educación, ciencia y tecnología. Si la administración vigente conserva el abandono político hacia el campo, insistiendo en verlo como rehén del discurso y no como protagonista del desarrollo nacional, el actual desastre puede derivar en una catástrofe completa.

Está fuera de lugar la crítica del gobierno morenista hacia las manifestaciones y bloqueos de carreteras con los transportistas y los productores agrícolas que exigen mejores precios a sus productos y protección contra la extorsión del crimen organizado. Los funcionarios públicos se escandalizan porque en estas movilizaciones se utilizan camiones de carga, tractores, cosechadoras y han llegado a decir que “los ricos se manifiestan”, pero guardan silencio ante el enriquecimiento con dinero del erario de connotados morenistas. No reconocen que si los productores agrícolas se manifiestan es porque son los más perjudicados por la política de abandono del campo, y que lo más sensato que deben hacer consistiría en una solución positiva a sus exigencias, porque les saldrá mucho más caro si otros sectores de la sociedad mexicana –incluidos los campesinos “felices”– se suman a estas protestas masivas.