*Sin diagnóstico previo, el presidente recortó programas sociales.

*La eliminación de Prospera impactará a los más pobres; no vemos intermediarios en programas sociales.

Ciudad de México. “Los apoyos serán personalizados, va a haber una tarjeta, ya nada de intermediarios, no se va aceptar eso de que soy de la organización independiente Plan de Ayala y dame a mí y yo lo voy a entregar, que soy de la Antorcha mundial y yo lo voy a entregar. Directo, personalizado, tiene su tarjeta el adulto mayor y él va a ir a una sucursal bancaria”, ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para acusar que en la entrega de programas sociales existen intermediarios, quienes se quedan con un porcentaje de los apoyos. Aunque no existe un estudio técnico que avale su versión así fueron cancelados al menos 124 programas sociales, entre ellos Prospera.

Expertos en política social aseguran que los recortes de recursos y la eliminación de éstos no están sustentados en estudios de desempeño de los programas anteriores aplicados –al menos en 4 sexenios–, así como su efectividad en el combate a la pobreza.

Máximo Ernesto Jaramillo, doctor en Sociología por el Colegio de México, economista e investigador en temas de desigualdad y política social, en entrevista con la periodista Francis Martínez (Agencia Central de Noticias Radiorama 1530 de AM), aseguró que la administración del actual presidente no justificó técnicamente la eliminación de diversos programas sociales y dar paso así a su denominado “plan integral del bienestar”, el cual contempla continuar con transferencias monetarias a grupos vulnerables.

“El diagnóstico, creo que nadie está en desacuerdo, es que la pobreza no ha bajado en los últimos años. Si uno mira, por ejemplo, la pobreza por ingresos, vemos que en 1992 el nivel era alrededor de 53 por ciento de la población; hubo una disminución hasta 2006, cuando volvió un repunte y actualmente estamos en el mismo nivel de hace 24 años. Es decir, los más pobres siguen ganando lo mismo que hace 20 o 24 años”, destacó el economista.

Hasta antes del nuevo gobierno, los programas sociales habían beneficiado a miles de familias que, si bien no terminaron con la pobreza, sí ayudaron a que miles de familias no cayeran en la pobreza extrema, como ocurrió con Prospera, el cual inició en 1997 como Progresa 1.9 millones de familias beneficiarias de 30 estados, para el 2018 alcanzó a 7 millones de familias.

El presidente puso como motivo a la corrupción para terminar con Prospera –entre otros programas–, ya que una supuesta red de intermediarios impedía la llegada íntegra de las transferencias monetarias a sus beneficiarios.

Durante las campañas, el entonces candidato López Obrador señaló puntualmente que los programas sociales aplicados por los gobiernos del PRI y el PAN no disminuyeron la pobreza, sin embargo, su continuidad transexenal sí tuvo relevancia. Y es que el padrón de beneficiarios alcanzó un nivel muy importante al sumarse de manera directa a los ingresos, traducidos en 20 millones de becas en las localidades más pobres del país.

“No es realmente que los programas sociales no estén afectando la pobreza, la verdad es que logran evitar que aumente, el problema es que no son suficientes, pero de esto a decir que la pobreza sería la misma, hay una diferencia importante”, indicó Ernesto Jaramillo. “Si uno toma los datos, por ejemplo, del INEGI, y quitas la transferencia que llega a las familias Prospera, la realidad es que la pobreza aumentaría en varios millones de personas, alrededor de 4 millones”, aseguró el académico.

Lecciones de Prospera

Al hacer un análisis de Prospera, el académico recupera los resultados de años de investigación realizada al lado del doctor Julio Boltvinik, referente nacional en mediciones de pobreza. De manera conjunta, ambos investigadores tuvieron acceso en 2018 a documentos oficiales sobre programas sociales de las últimas dos décadas. Se detectó que existían errores de focalización a nivel territorial, con lo que 50 por ciento de las personas en pobreza extrema carecían de este apoyo, pero eso ocurre a nivel internacional, además de errores de exclusión, condicionalidades de salud y educación problemáticos, así como montos mínimos e insuficientes.

El minucioso estudio de ambos investigadores buscaba mejorar la política social, ya que al arribo del presidente de izquierda y su discurso de “primero los pobres”, exigiría considerar la evidencia de una política social de amplio alcance, retomando la experiencia nacional e internacional en el combate a la pobreza. Esto nunca ocurrió.

¿Corrupción hizo inviables los programas sociales?

“Lo que nosotros encontramos es que realmente la corrupción, con los datos oficiales de las dependencias, si existe es lo más pequeño, no es algo sistémico. Esta red de intermediarios que se argumenta que existe, la verdad es que en ningún lado del programa se encuentra”, afirmó el maestro en Ciencias Sociales, en respuesta a la insistencia del presidente López Obrador sobre irregularidades que justificaran la eliminación, no sólo de Prospera, sino también de decenas de programas a los que se les retiró presupuesto sin un estudio técnico previo.

En el caso de Prospera, se destaca que en la ruta de la implementación del programa sólo existían funcionarios expresamente autorizados por la normativa.

“Sí, hay funcionarios del programa que intervienen en el proceso del programa, por ejemplo: una figura que se llama vocales, gente de la misma comunidad que se auto propone dar avisos sobre los eventos de Prospera, pero no intervienen ni en el proceso, mucho menos en la entrega del beneficio de la transferencia. La mayoría de los beneficiarios, desde hace 10 años, reciben el dinero a través de una tarjeta bancaria, similar y totalmente igual a la que se propone que se va a hacer actualmente”, indicó.

Al dar a conocer la nueva estrategia gubernamental, la coordinadora de Becas “Benito Juárez”, Leticia Animas, afirmó que entre un 30 y 40 por ciento de los apoyos no llegaban a sus destinatarios porque se lo quedaban grupos de intermediarios. Hasta este momento, ni la coordinadora ni la Secretaría de Bienestar que dirige María Luisa González Albores, han presentado un documento oficial sobre estas irregularidades, lo que a la óptica de los investigadores exhibe la falta de capacidad reguladora del Gobierno Federal.

“Nosotros lo que hemos encontrado tanto en los documentos como en las evaluaciones que nos ha tocado participar en el campo, es que sí les llega el dinero, no es la principal crítica. Lo que debería hacer el Estado en lugar de cerrar los programas es atender los síntomas, las causas que generan la corrupción, modificarlas y continuar, digamos, si están diagnosticando que el programa es bueno; la cosa es que no se dice ni siquiera eso, se dice que es un programa corrupto y que por eso se va a cerrar”, lamentó el académico ante la falta de un estudio metodológico que permita conocer los parámetros de evaluación de los programas sociales, más allá de las descalificaciones.

¿Qué dudas tienen los expertos sobre el catálogo de programas sociales de AMLO?

Atender a las familias más pobres del país, alrededor de 54 millones según CONEVAL, requiere un programa de política social de gran aliento. Sin embargo, el principal foco de escepticismo es: si Prospera falló, contemplando servicios de educación, promoción a la salud y consideraciones de género ¿qué garantías está dando AMLO para que ahora sí impacten en la pobreza dándoles únicamente dinero en efectivo a los pobres?

Naciente política social, en la opacidad

A pesar de que la Ley de Desarrollo Social obliga al Gobierno Federal a elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas, los documentos de programas sociales y sus reglas de operación son inexistentes.

El académico asegura que los intentos de análisis de la política de social de AMLO, han tenido que sustentarse con los discursos del mandatario o declaraciones de sus funcionarios, ante la inexistencia de información gubernamental que permita clarificar los indicadores de pobreza, población objetivo y los criterios del censo de bienestar que den sustento a la política social de la llamada cuarta transformación.