Plantea reducir costos en el sistema electoral, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la revocación de mandato.
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El Reporte Especial de buzos nos muestra el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, en los recientes comicios de Colombia, como un acontecimiento histórico de gran relevancia. No prosperaron los intentos del imperio para evitarlo, todos los recursos que empleó para ello, movilizando a las organizaciones de control político disfrazadas de misiones “educativas” y “culturales” que ha tejido en todo el Continente, especialmente en países clave como Colombia. De este análisis se desprenden también los peligros que enfrentará, desde el principio, el gobierno de Gustavo Petro.
Tenían razón los observadores de la situación sociopolítica en Colombia y sus estudios publicados días antes de los comicios del 19 de junio; la mayoría de la población estaba harta de la política aplicada durante muchas décadas, es decir, cansada de los gobiernos derechistas que nunca solucionaron los graves problemas económicos y sociales que padece el pueblo colombiano: el desempleo y sus consecuencias (pobreza, enfermedad, hambre, ignorancia, crimen, inseguridad, tráfico de drogas).
Fue certero el pronóstico de que la mayoría del pueblo votaría por un gobierno de izquierda, por un cambio radical de política. La realidad confirmó las conclusiones del sondeo de la opinión pública y de las entrevistas realizadas a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, trabajadores, estudiantes y amas de casa: más de 11 millones de votos respaldaron al candidato de la izquierda.
Hay algo más en lo que acertaron los analistas acerca del sentir de la sociedad colombiana: el voto para la fórmula Petro-Márquez fue mayoritario a pesar de la encarnizada lucha financiada por el imperio y la oligarquía; de todas las ventajas que reunía la derecha, títere del imperio; de la intensa campaña de desprestigio contra el candidato izquierdista por su pasado guerrillero y a pesar de la participación de poderosos personajes como el presidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe o el embajador de Estados Unidos en Colombia. El pueblo está por el cambio.
Esta semana, buzos ofrece a sus lectores el análisis de tan reñida contienda electoral en que el voto popular se impuso y cómo los enemigos acérrimos de este triunfo han tenido que reconocerlo. Los gobiernos de Estados Unidos y otros países imperialistas han felicitado al candidato triunfante; y los dirigentes de países que se han sacudido hace tiempo la tutela del imperio sienten que su política independiente y nacionalista se fortalecerá en América Latina.
Las perspectivas para Colombia son optimistas. Con este nuevo gobierno puede mejorar la situación económica y social de las mayorías, a condición de que el pueblo impida la injerencia del imperialismo y la oligarquía local, garantizando la realización del programa que enarbolan Gustavo Petro y Francia Márquez.
Plantea reducir costos en el sistema electoral, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la revocación de mandato.
La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
Analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, la reforma electoral de Sheinbaum continuará siendo inútil.
El empresario Fernando Paniagua Garduño aportó 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en 2023.
La reforma, está hecha a modo y busca concentrar más poder y transformarse en una herramienta que ahorque más a los partidos políticos y, a mediano o largo plazo, convertirse en un partido único.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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Escrito por Redacción