Los gobiernos neoliberales se han multiplicado, haciendo crecer la injusticia, aumentando la corrupción y, con la reforma judicial del gobierno de “los pobres”, se vislumbra más pobreza porque, en todo México, el poder pronto estará en manos de un solo partido político que tendrá a su servicio a jueces y magistrados, como en los viejos tiempos priistas. En la pila bautismal de Puebla, esta concentración del poder se asoma hasta en los detalles más simples de la vida cotidiana, como el discurso y los hechos de Alejandro Armenta, el bravucón gobernador morenista en esa entidad.

 Hace unos días, Armenta declaró: “basta ya de empresas de grúas y de los corralones que saquean al transporte en las carreteras; del calvario de los robos que sufren los transportistas cuando les realizan un robo, continúa con el arrastre de las grúas a los corralones. Éstas se convierten en nido de corrupción, donde los transportistas prefieren dejar sus unidades porque el costo del arrastre y del resguardo es mayor al valor de sus unidades”. 

La denuncia es cierta, pero el mandatario no reveló que tales prácticas son propiciadas desde el gobierno estatal, que los transportistas no son las únicas víctimas de esa red de corrupción y que los ciudadanos, cuando sufren un accidente, además de las heridas y los daños económicos, deben pagar a la policía estatal, a la Guardia Nacional, a la ambulancia y a la grúa que aparecen de la nada para “auxiliarlos” y llevar sus vehículos al corralón. 

Pero la presurosa red de apoyo carretero no está integrada únicamente por estas “buenas personas” y con el pretexto de la inseguridad pública se han diseñado operativos para revisar a los automovilistas y los motociclistas en sitios estratégicos, en donde otros “buenos y eficientes servidores públicos” se dedican a extorsionar a los transportistas y a informar de la situación de éstos a las empresas de grúas y corralones. 

En el tramo Acuaco-Cuetzalan de la Sierra Nororiental de Puebla −donde las comunidades sólo disponen de una vía de acceso: la Interserrana que, además de insegura, se halla en mal estado− se registra una de las estadísticas más altas de accidentes en la entidad y, asimismo, el más pingüe de los negocios que los policías estatales realizan a costa de los automovilistas y motociclistas del estrato social más bajo del estado. 

El negocio de los policías extorsionadores es favorecido porque los usuarios de ese tramo, en su mayoría indígenas, no tienen sus papeles en regla, sus unidades no están en buenas condiciones, trabajan por necesidad en el comercio informal y no están en condiciones de defenderse. En el retén, los policías estatales “les caen” como las arañas que esperan a las moscas para extorsionarlos, despojarlos de sus unidades o infraccionarlos con multas mayores a cinco mil pesos. 

¡Así se las gastan! Si el gobernador en verdad quiere cambiar la percepción que tienen de él en la Sierra Nororiental, debe frenar esta situación y deshacerse de los delincuentes que operan en la policía estatal. Aunque es difícil que esto se produzca porque, en palabras de la gente, si esto sucede, es porque el gobernador se los permite. Ojalá no fuera cierto.