La acción de un gobierno no se mide por lo que diga de sí mismo, sino por resultados, y en materia económica los de la 4T son malos. Sus defensores, troles y bots incluidos, dicen que al fin todo el mundo está en crisis... y por la pandemia. Tal tesis es inexacta. Pero vayamos primero a los hechos. En el trimestre pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 18.7 por ciento, cifra sin precedente desde que hay registros (Inegi). Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la caída en el año será de 10.5 por ciento; Moody´s la pronostica en 12 por ciento, otras instituciones en más, y esperan la recuperación dentro de cuatro años y hasta en una década. Llevamos cinco trimestres con resultados negativos, y esto no empezó con la pandemia del Covid-19, sino con la “Cuarta Transformación” (4T); y se agravó luego, tanto que la economía ha quedado reducida a su tamaño de hace diez años.

La caída del PIB arrastró al empleo: se perdieron un millón de plazas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social; y en el sector informal, 12 millones de fuentes de ingreso. Ante esto, el Presidente declaró que ¡se crearon 60 mil empleos!, y que sus inversiones ¡generarán 150 mil este año! En tales circunstancias, lógicamente cae la recaudación fiscal: entre enero y julio se redujo en 4.7 por ciento. En julio dejaron de ingresar 395 mil millones de pesos (SHCP); al caer el consumo, el IVA cayó en una quinta parte. El déficit casi se triplicó respecto al año pasado. Como consecuencia: “La deuda pública de México subiría al cierre de este año hasta un 60 por ciento del PIB desde el 45 por ciento registrado en 2019, debido al deterioro fiscal y el débil crecimiento del país...” (Bank of America, Expansión, 16 de julio).

La deuda se encarece: “Bajo ese escenario, los inversionistas extranjeros están disminuyendo su exposición a México, además de que el país tiene que pagar mucho más para continuar fondeándose en los mercados internacionales (...) Los inversionistas además creen que la nota soberana pronto podría seguir los pasos de la calificación de la petrolera estatal Pemex y verse relegada a territorio ‘basura’, forzando una venta masiva de bonos” (Morgan Stanley, Forbes). Entre enero de 2019 y junio pasado, Pemex perdió cerca de un billón de pesos. Triste consuelo para el gobierno el aumento de 4.1 por ciento en las remesas.

Hay salida de capitales. Entre abril y junio salieron más inversiones del mercado de dinero que en 1995 (Banco de México); 13 mil 930 millones de dólares entre marzo y mayo (Forbes). La inversión de empresas mexicanas, en el extranjero, se triplicó en el semestre pasado. Irene Espinosa, Subgobernadora de Banxico, explicó: “... los flujos de salida de inversionistas extranjeros han destacado en comparación con otras economías emergentes” (El Economista, 27 de agosto).

Negando la realidad, el Presidente dice que “ya pasó lo peor” y que ve signos de recuperación, optimismo infundado que niega el propio secretario de Hacienda cuando dice: “Lo que estamos viviendo ahorita, y vamos a seguir viviendo por los próximos meses, es la crisis sanitaria y la crisis económica más seria del último siglo...”; y “ya no va a haber guardaditos el año que entra”. Así es, pues consumieron en gasto corriente y en “los programas del Presidente” las reservas para emergencia heredadas de administraciones anteriores: del Fondo de Estabilización Petrolera queda apenas la mitad, y ahora van sobre los fideicomisos. Y conste que en gasto fiscal frente a la pandemia solo aplicaron un insignificante uno por ciento del PIB. Se gastaron también (buena parte antes de la pandemia) el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Ya no están para hacer flotar las finanzas públicas.

Como dijimos antes, la profunda crisis de México no se explica, como pretende el gobierno, como una fatalidad que sufre todo el mundo, cuya causa única es el Covid-19. Esta tesis es engañosa, pues, aunque la pandemia afecta a todos, sus estragos varían ampliamente de país a país, según la estrategia gubernamental y la acción social combinadas. En los 36 integrantes de la OCDE somos el tercero con la peor contracción del PIB en el trimestre pasado. La economía mundial caerá en 4.9 por ciento (FMI), pero aquí en mayor grado. “El impacto de la pandemia del Covid-19 en la economía de México provocará una contracción de 10.5 por ciento en el PIB del 2020 (...) México no solo es el país de América Latina con la previsión más negativa, también es una de las cinco naciones en el mundo que se espera tenga un mayor golpe a su economía...” (FMI, El Financiero, 24 de junio). Moody´s nos considera el segundo país más afectado entre los emergentes, y el de más lenta recuperación. En Latinoamérica somos el cuarto con peores resultados (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Otros países decrecerán, sí, pero en menor medida, y en 39 naciones el FMI espera crecimiento, por mencionar algunas: Vietnam 2.7 por ciento; Egipto, 2; India, 1.9; China, 1.2. Conque nuestra deteriorada situación no es obra solo del virus, sino de una pésima estrategia cuya ineficacia se aprecia en lo siguiente.

Fracasado el combate a la pandemia, el turismo, importante fuente de divisas está postrado. El desempleo creciente deprime aún más la demanda y el consumo; no se estimula el mercado doméstico y, a juzgar por los resultados, los programas sociales de la 4T no funcionan (para esto). Somos economía volcada al exterior, y en marzo las exportaciones totales cayeron. Dependemos del mercado norteamericano, en una relación que es orgullo de este gobierno, y que exhibe hoy su toxicidad. Se dilapidan enormes sumas en gasto improductivo, programas clientelares e inversiones, tan cuantiosas como disparatadas, que frenan la economía y ahondan el déficit en las finanzas públicas.

Con la sistemática violación del Estado de Derecho, el gobierno ha creado un ambiente adverso a la inversión y el crecimiento. Los contratos públicos se otorgan a una reducidísima élite de favoritos, fundamentalmente por adjudicación directa (74 por ciento del total, 92 por ciento de los del Tren Maya). Arbitrariedad, discrecionalidad absoluta, y la consecuente desconfianza. Se atropellan los derechos de propiedad con la cancelación autoritaria de inversiones y con la Ley de Extinción de Dominio (como hacía el Tribunal del Santo Oficio para despojar a los insumisos). No hay una política fiscal de inversión contracíclica frente a la crisis: se negó apoyo efectivo a las pequeñas y medianas empresas.

Esta política solo podía arrojar como resultado el que hoy vemos; y peor vendrá el año próximo, con menos gasto público y menos atención a necesidades sociales. Pero seguramente quedarán a salvo las obras de ocurrencia, monumentos a la necedad y embriones de elefantes blancos. Nuevos malabares se intentarán para convencer a la sociedad de que es muy feliz en semejante situación. Pero la paciencia social tiene límite.