Inicialmente debemos señalar que resulta preocupante la sostenibilidad de las finanzas, porque la recaudación en México es baja, igual que el aumento en diversos gastos; además, se invierte poco en educación, salud e infraestructura.
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A principios de febrero, el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam en inglés) México difundió su informe Beneficios en Fuga, con datos importantes para los mexicanos porque se cuestiona la desigualdad del modelo económico nacional: el despojo y la extracción de recursos en beneficio de pocas familias; además, la directora ejecutiva Alexandra Haas denunció que el actual gobierno no controla la salida o las ganancias monetarias de este ejercicio; y aunque caracterizó a la economía mexicana como “grande y desarrollada”, no se nota una redistribución de la riqueza adecuada.
Ya antes explicamos que organizaciones como Oxfam o las Naciones Unidas (ONU) casi siempre aciertan en sus estudios económicos o análisis políticos y en muchas ocasiones logran proyectar soluciones posibles; sin embargo, todo se ha quedado en buenos deseos y recomendaciones ante algunos gobernantes porque son quienes deciden sobre sus países, y casi nunca implementan seriamente proyectos o políticas contra los problemas concretos de la población. El informe reciente de Oxfam México no especifica alguna excepción.
Denuncia que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se consolidaron nuevos multimillonarios y la cifra pasó de 10 a 22, cuya riqueza evidenciaría el supuesto avance de “primero los pobres” ostentado por Morena y la “Cuarta Transformación” (4T), sobre todo la falsedad con que están atacando la pobreza y la miseria. Más bien se trata de que México actualmente es una réplica de los malos gobernantes de antaño, porque el único interés radica en conservar el poder político y económico en un pequeño grupo.
Beneficios en fuga señala que durante el sexenio de AMLO las fortunas de los multimillonarios mexicanos fueron constantes, porque pasaron de 153 mil millones a 154 mil millones de dólares (mdd) entre 2018 y 2025; y refiere que Carlos Slim es el hombre más rico de México y de América Latina, con una fortuna de 76.6 mil mdd; le siguen Germán Larrea, con 27.1 mil mdd, y Alejandro Válleres, con 7.9 mil mdd; y añade que, en ese mismo periodo, se agregan 14 millonarios que no figuraban en la lista; de ellos, ocho son herederos.
Uno de los aspectos relevantes en el modelo económico mexicano es que facilita el saqueo de recursos a los milmillonarios y beneficia a pocos sobre el “sacrificio” (sic) y empobrecimiento de la mayoría; así califica y denuncia que las élites económicas “toman, transan, agandallan” y disfrazan sus acciones como “mérito”; por ejemplo, si los beneficios de los recursos naturales nacionales no llegan a la población, se le llama “extracción” (el disfraz). El informe destaca que la política económica gubernamental permite la privatización de las ganancias: “es la institucionalización del saqueo”. Y al plantear la solución, Alexandra Haas advierte que “Necesitamos un Estado fuerte y capaz de combatir esa dinámica perversa”. Pero la pregunta persiste: ¿cómo se combatirá y quiénes lo harán o cuál debe ser el llamado a los mexicanos? Ya no se puede avanzar más.
La banca, el sector financiero y las concesiones de agua son otros aspectos dignos de analizar. Sobre los dos primeros refiere que las ganancias de los bancos comerciales se han duplicado o triplicado en los últimos 20 años por el cobro de comisiones excesivas e intereses altos; así que los cinco bancos más importantes, entre 2019 y 2023, transfirieron la mitad de sus ganancias a matrices extranjeras. Y sobre las concesiones del agua, se compara el dato de dos mil autorizaciones en 1992 contra 530 mil en 2024, un exagerado crecimiento de permisos para explotar el líquido vital; mientras que uno de cada dos mexicanos no recibe agua diariamente y al menos unos 15 millones no reciben agua potable.
“En un contexto político y económico de gran incertidumbre, que enfrenta México”, explica el estudio, “debemos cuestionarnos qué modelo económico queremos para el bienestar de las mayorías, y no sólo de unos cuantos. Un modelo basado en la justicia económica debe poner a la naturaleza, a las comunidades y las personas en el centro de las decisiones sobre el valor del trabajo, la redistribución por medio del dinero público y la distribución de los ingresos y la riqueza”. La denuncia de Oxfam no es nueva; desigualdad, pobreza y marginación obedecen al caduco modelo económico que debe ser cambiado por otro, donde los gobernantes, también de nuevo tipo, prioricen a las mayorías y no cedan a la riqueza concentrada de unos cuantos sujetos. La tarea está ahí, sólo falta quién la haga posible. Por el momento, querido lector, es todo.
Inicialmente debemos señalar que resulta preocupante la sostenibilidad de las finanzas, porque la recaudación en México es baja, igual que el aumento en diversos gastos; además, se invierte poco en educación, salud e infraestructura.
Muchas de las mediciones que se emiten obedecen, en más de una ocasión, a un carácter subjetivo, es decir, dependen del planteamiento mostrado por el investigador para interpretar tal fenómeno de la realidad.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza para 2024 en nuestro país.
Alcaldesa de Tláhuac niega vivienda a los pobres, pero autoriza zonas residenciales.
Las entidades que concentran la mayor parte de esta población son: Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo.
Prestigiados analistas e investigadores de universidades, institutos y asociaciones civiles opinan que los avances de la lucha contra la pobreza en México no son para celebrar.
El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) festejó que, durante el sexenio pasado, 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza.
Los indicadores son del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y “evalúan” 18 criterios; pero sólo son seis los encontrados por encima del promedio general.
La medición de la pobreza se ha convertido en uno de los criterios sustanciales para evaluar el desempeño gubernamental y las posibilidades de un crecimiento con desarrollo de un país.
El gobierno federal presume una ligera disminución en la pobreza estatal pasando del 60.4 por ciento en 2022 a 58.1 en 2024, pero esa “mejora” no altera las causas de fondo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) era la institución encargada de medir la pobreza y el impacto de la política social en México, pero a mediados de este año sus funciones fueron transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Presidenta de México declaró que, en la supuesta “reducción” de la pobreza recientemente reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “el modelo (económico) funciona porque redujo la pobreza y la desigualdad debido al aumento del salario mínimo.
Pero cabe preguntar: ¿cómo salieron de la pobreza 13 millones de mexicanos si la política económica del sexenio anterior fue por demás desastrosa?
La entidad financiera insistió en que la certidumbre jurídica y el empleo formal serán clave en la reducción de los niveles de pobreza
El especialista del Colmex negó que 13.4 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza y asegura que los datos del Inegi están “cuchareados”.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).