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El crecimiento económico de México fue nulo en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque él afirma que no importa tanto el crecimiento como el desarrollo. El desarrollo implica la distribución de la riqueza entre los sectores de la sociedad con los ingresos que permitan la satisfacción de las mínimas necesidades básicas de la población: alimentos, vestido, hogar, servicios de luz, agua potable y drenaje.
Este reparto puede medirse con el coeficiente de GINI (que mide la desigualdad salarial): el cero indica la máxima igualdad de la distribución salarial entre los habitantes; es decir, que todos tienen los mismos ingresos, y el uno representa la máxima desigualdad, porque un individuo posee todos los ingresos. El crecimiento económico se traduce en un aumento generalizado de la riqueza producida, clásicamente medido en el Producto Interno Bruto (PIB).
Todas las teorías del desarrollo económico contemplan el crecimiento económico, como uno de sus componentes esenciales. Es lógico porque, para distribuir la riqueza, primero hay que crearla y es imposible generar desarrollo sin crecimiento económico. En una sociedad, con una población mayoritariamente pobre, se necesita crear la riqueza para, posteriormente, distribuirla.
El diagnóstico de por qué no crece la economía requiere varios enfoques y estudios; pero todos coinciden en que, cuando hay crecimiento económico, lo mejor que puede hacerse es definir una política fiscal anticíclica; es decir, una que invierta en infraestructura. Se sabe que desde los años 80 la inversión privada ha sido incapaz de compensar la caída de la inversión pública, lo que se ha traducido en un crecimiento económico insuficiente, más o menos del dos por ciento, en promedio y en el último año no hubo crecimiento.
No es la obsesión por el crecimiento en sí mismo lo que está en juego, sino que su ausencia impide el desarrollo. El crecimiento, venga de inversión privada o pública, se traduce en un aumento de demanda de mano de obra, lo que, a su vez, propicia la generación de nuevos empleos. Las personas que logran ocuparse obtienen ingresos que les permitirán obtener medios para consumir las mercancías necesarias, desde comida hasta bienes suntuarios.
El crecimiento económico del primer año de gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) fue de cero; es decir, no se produjo riqueza y, como no hubo ésta, tampoco hubo dinero para inversiones que generen empleo. Ésta no es una afirmación hueca y ya está afectando a muchos mexicanos: el gobierno se impuso, como meta, generar un millón 200 mil empleos en 2019; pero hasta noviembre apenas había creado 724 mil 287, es decir, apenas el 60 por ciento de su objetivo; se comprometió a que el país crecería el 4.5 por ciento y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el tercer trimestre, el PIB solo había crecido 0.2 por ciento; hoy el 38.5 por ciento de la población (50 millones de mexicanos) no puede comprar la canasta básica con los ingresos que tiene; la productividad laboral (cantidad de mercancías que se producen en una unidad de tiempo) disminuyó el 1.8 por ciento con respecto a los tres primeros trimestres del año anterior; el coeficiente de GINI ronda en 0.65: es decir, México es un país desigual porque los ingresos están concentrados en unas cuantas manos.
Por todos esos indicadores, creo que no deberíamos tomar a la ligera las palabras del Presidente. Desdeñar el crecimiento económico puede ser un error que no solo afecte a los mexicanos, sino que sea el motivo para que el gobierno de la 4T se encamine a la ruina política; por eso mismo éste debería pensar seriamente en reorientar la inversión pública hacia la creación de infraestructura para que el gobierno estimule la generación de empleos y, con ella, incentive el crecimiento económico.
Scherer Ibarra sostuvo en la conversación que “lo que se está solicitando es que se dé un crédito adicional para terminar la elección, de 30 millones de pesos, lo que dice Julio Villarreal es: ya di 50 millones de pesos como crédito.
La autonomía de la máxima casa de estudios, la libertad de cátedra y de expresión están en riesgo, ya que AMLO y su partido intentan violar la ley, entrometerse, y convertirla en una de las “universidades del bienestar”.
Si hombres y mujeres se ven como trabajadores, se darán cuenta de inmediato que tienen muchos problemas en común y que deben unirse en un solo frente de lucha.
La reforma laboral dejó intactos los abusivos mecanismos de explotación de los patrones sobre los trabajadores, esto es, la libertad del empresario para contratar, disponer y ejercer dominio absoluto sobre la fuerza de trabajo.
El Presidente no puede atenerse únicamente a los discursos morales, debe combatir la pobreza en serio; debe abatir la marginación de fondo y no con programas asistenciales que apuntan al cálculo electoral y a los dobles juegos políticos.
Ahora hace falta, urge la entrega de una renta básica universal a la población más necesitada. Ése es el clamor de millones de mexicanos que padecen hambre.
El gobierno de AMLO persiste “en ocultar a rajatabla la verdad sobre la dura realidad del país con un discurso dizque optimista, que insiste en que vamos muy bien en todo", puntualizó Córdova Morán.
Coartar la libertad de expresión, atacar, amenazar y perseguir a quien la ejerce correctamente, es atentar contra el derecho de la sociedad a ser informada.
Hoy, en México, están teniendo lugar sucesos inusitados, inéditos, que están afectando negativamente la vida, la seguridad y la tranquilidad de toda la sociedad.
Sin el menor recato se operó una burda intervención desde la Sader para imponer rector
Desde el inicio del sexenio de AMLO la cantidad de tratamientos contra el cáncer financiados con recursos públicos ha disminuido drásticamente hasta llegar a cero en 2021.
En general hubo consenso en que el desempeño de la 4T en educación fue negativo.
Hay una crisis que nuestros gobernantes no quieren ver, pero que millones de familias resienten más que nunca: el hambre, que causa terror y empieza a asesinar brutalmente a muchas personas.
Rubén Moreira recalcó que el planteamiento del Ejecutivo Federal no busca mejorar la impartición de justicia, sino cobrar cuentas con la Corte.
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Escrito por Rogelio García Macedonio
Licenciado en Economía por la UNAM.