“Quien tiene un terreno en la Sierra lo tiene porque se lo quitó a los pueblos indígenas”, asegura el antropólogo social Horacio Alcalde Almanza, para quien la principal amenaza que enfrentan las poblaciones rarámuris es la codicia que los recursos naturales de la Sierra Tarahumara generan en mucha gente, grupos empresariales y aun delincuentes.

El investigador afirma que el narcotráfico y los cacicazgos que, desde hace decenas de años, intentan arrebatar sus tierras a los grupos indígenas, están por acabar con la flora y fauna de este territorio. Tan solo en el área del llamado Triángulo Dorado, famoso por sus plantaciones de amapola, más de 12 mil hectáreas –ubicadas en los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua– operan más de 10 grupos delictivos, según la Fiscalía General de esta última entidad.

En esta región opera algo así como un Estado paralelo donde “la presencia y control de los grupos delictivos no permite que florezcan otro tipo de proyectos orientados a la sustentabilidad ambiental, porque inevitablemente entrarían en conflicto con los intereses locales que tienen por el bosque”, apunta Alcalde Almanza.

En los municipios de Bocoyna y Urique se han registrado varios despojos de tierra o conatos a causa del interés turístico de las autoridades de Creel y Barrancas del Cobre. “Es importante señalar que, por primera vez, estos conflictos se judicializaron y las comunidades están recuperando la posesión sobre la tierra. Sin embargo, el desarrollo económico sigue buscando ganar más control sobre la tierra y los recursos naturales para generar más dinero”.

“Mucha gente dice que la presencia de grupos criminales en la explotación del bosque tiene que ver con la caída en los precios y mercados de opiáceos y otras drogas; porque la madera es un negocio más redituable. La explotación forestal está a cargo de poblaciones mestizas, quienes tienen el control del corte y la extracción de la madera. Ésta es una de las actividades que ha generado mayores procesos de despojo de territorio y recursos a las comunidades indígenas. Muchas veces, las tierras pasaron a manos privadas con presencia y solapamiento oficial. Estos grupos, aunque sean minorías, tienen controlado el proceso de extracción de la madera”, explica el investigador social.

La destrucción de bosques y el despojo de tierras a las comunidades nativas contribuyen en mucho a que la minería deteriore Chihuahua, cuyos grandes capitales han actuado en connivencia con los gobiernos, sin que les importe el agotamiento del agua, la contaminación del suelo y la afectación de la salud de los habitantes de la Sierra Tarahumara.

Aunque escasos, los triunfos legales en defensa de los derechos indígenas y el medio ambiente han estimulado la lucha social en este territorio. Alcalde Almanza cita, en particular, las sentencias que favorecieron a las comunidades de Huitosachi y San Elías Repechique, porque la primera se logra contra un particular y la segunda, contra el Estado.

Lamenta, sin embargo, que no ocurra lo mismo en otros casos, entre ellos el pleito desarrollado para que el gaseoducto que cruza la Sierra no pasara sobre algunas comunidades o las retribuyeran por el uso de sus tierras. Con esa gestión legal, solo una comunidad logró que el ducto no invadiera su territorio y las demás debieron conformarse con indemnizaciones marginales.

Las cuotas de sangre cobradas a la resistencia

Detrás de estas batallas legales, hay comunidades organizadas para luchar por sus territorios, pero también, lamentablemente, atentados criminales contra sus líderes, como ocurrió con Juan Ontiveros Ramos, quien fue secuestrado y asesinado tras haber participado días antes en reuniones oficiales para exigir protección a Choréachi, comunidad ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo.

El crimen contra Ontiveros sucedió apenas 15 días después del asesinato de Isidro Baldenegro, reconocido líder ecologista. En 2017 y 2019 fueron acribillados también el defensor rarámuri de la comunidad Coloradas de la Virgen y su dirigente, Julián Carrillo.

Choréachi es un importante centro ceremonial religioso con amplia influencia en rancherías, parajes y oteros de la demarcación territorial en la barranca de Río Verde o Sinforosa, donde predomina una rama indígena cristiana reticente al bautismo de los padrecitos católicos, conocida como “cimaronis” (gentiles, en rarámuri).

Pino Gordo, el nombre en castellano de Choréachi, fue utilizado por Carl Lumholtz cuando escribió sobre este lugar. Fue en los años 90 del Siglo XX cuando gente de la ranchería El Durazno acaparó los derechos de propiedad del ejido Pino Gordo, del cual eran peticionarios. Desde entonces, retomaron el nombre original de Choréachi.

Estos espacios son asentamientos humanos, agrícolas, ceremoniales y de libre tránsito para la comunidad que habita el territorio. La barranca de Río Verde se localiza en la frontera de los municipios de Guachochi y Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Sus habitantes creen que Dios no come sus ofrendas si están bautizados.

“Varias veces vinieron a bautizar y la gente no ha querido […]. En mis sueños me dicen que así debe ser. El Dios regaña porque no dan ofrendas o comida. También tiene hambre él. Por eso da maíz en cada año que lo sembramos y si no se da no viene el agua”. La cita es del estudioso Francisco Ramos Cruz, quien revela las particularidades de las creencias en su comunidad.

Pino Gordo cuenta con los bosques de pino-encino más grandes de la Sierra Madre Occidental. Posee también uno de los más diversos e importantes hábitats de flora y fauna de la Sierra Tarahumara, debido a sus altos niveles de endemismo, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El antropólogo noruego Carl Lumholtz viajó por la Sierra Madre en 1894 y publicó una etnografía detallada de sus localidades, entre ellas Pino Gordo. En su obra describió con precisión la comunidad y algunos de sus magníficos árboles (Lumholtz, 1981: 327). Estas imágenes de Pino Gordo son invocadas hasta ahora.

Juicios, chicanas, despojo

Los conflictos por la posesión de las tierras y los recursos naturales de Choréachi han contribuido a invisibilizar todavía más la particular visión del mundo, las creencias religiosas y el folklor de sus pobladores. Ignorándolos como ente cultural y comunidad humana con derechos, es como se ha consumado el despojo de su territorio.

Horacio Alcalde Almanza hizo un resumen del conflicto y de la disputa legal: “Choréachi ha sostenido directamente una disputa en los tribunales agrarios con la comunidad agraria mestiza colindante, denominada Las Coloradas, así como contra un grupo de personas del escindido rancho indígena vecino de El Durazno. En los años treinta, cincuenta pobladores del pueblo indígena de Choréachi hicieron una petición de dotación ejidal al Gobierno Federal. El procedimiento se retrasó considerablemente y, mientras tanto, los mestizos de Las Coloradas invadieron repetidamente tierras de Choréachi para extraer madera ilegalmente. La dotación como ejido se otorgó en los sesenta por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos; sin embargo, en dicha dotación se omitió la lista de derechohabientes y, por ende, los posesionarios indígenas de las rancherías de Choréachi y El Durazno (entonces unidas como ejido Pino Gordo) insistieron, infructuosamente, durante casi cinco décadas, en dar seguimiento y, a su vez, conclusión del proceso hasta que, en los noventa, la disputa dio un giro crucial. Meses después de que Pino Gordo recibiera la dotación como ejido en los años sesenta, los vecinos mestizos también obtuvieron la dotación de tierras como bienes comunales, cuyo núcleo agrario fue denominado Las Coloradas.

Las Coloradas asumió como suyas diez mil hectáreas de tierra pertenecientes a Choréachi-Pino Gordo. El reconocimiento legal de 126 de sus miembros fue posteriormente otorgado; pero a los pocos meses fue anulado por la Secretaría de la Reforma Agraria, argumentando que la asamblea ejidal debía otorgar su aprobación, no el tribunal agrario que intervino. En la década del dos mil, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), a través del Inegi, definió su postura sobre la controversia limítrofe entre Pino Gordo, Choréachi y Las Coloradas, favoreciendo la posición de ésta última.

Los cincuenta miembros reconocidos de El Durazno –ya ejidatarios de Pino Gordo– aceptaron la sentencia y cedieron a los mestizos el territorio en disputa. Al final de cuentas, los peticionarios de Choréachi no solo fueron privados de la posibilidad de poseer los derechos ejidales de Pino Gordo, sino que quedaron dentro del polígono de Las Coloradas, convirtiéndose así en residentes de esta comunidad agraria mestiza, sin derecho alguno de propiedad agraria. Dado que carecían de personalidad jurídica (ya no podían presentarse ni siquiera como peticionarios), se apoyaron en jurisprudencia que reconoce a las comunidades de facto y se denominaron a sí mismos como “comunidad de facto Choréachi”. De esta manera presentaron, con la representación de su gobernador indígena, una demanda ante el Tribunal Agrario para el “ejercicio de acción por la nulidad de los actos, documentos y resoluciones” dictada por las autoridades agrarias, incluyendo los permisos de aprovechamiento forestal emitidos por la Semarnat, solicitando el reconocimiento y titulación de la ‘comunidad indígena de facto Choréachi’ˮ. Hasta aquí el resumen.

Luz al final del túnel

La interpretación y las enseñanzas que deja este conflicto, ilustran cómo la tenencia de la tierra de una comunidad indígena, organizada en torno a su propio sistema normativo, es desplazada por otro sistema normativo, hegemónico y apoyado por el Estado moderno, respaldado por el derecho positivo mexicano en los tribunales.

Este modelo de la superestructura jurídica mexicana “motiva el privilegio de un sistema normativo sobre otro que no es un solo actor o institución, sino una estructura constituida por supuestos, normas, relaciones sociales y prácticas burocráticas que brindan oportunidades a algunos, mientras que restringen las aspiraciones de otros”, concluye el investigador social, quien además afirma que el análisis de los argumentos esgrimidos por los oficiales agrarios para no reconocer los derechos de propiedad de Choréachi “revela el grado de negación de la condición de pueblo originario a las comunidades indígenas”.

Sin embargo, en este caso y en otros, no todo está perdido, así como tampoco la defensa de la cultura rarámuri y su territorio, asegura Alcalde Almanza, porque “la nueva relación con organizaciones civiles solidarias estableció condiciones para la aparición de diferentes formas de poder entre las comunidades y las autoridades tradicionales. Estos procesos sugieren que las comunidades están superando la invisibilización impuesta por los grupos o sectores dominantes en el sistema jurídico de éstos; pero también reivindican una juridicidad alternativa, sea ésta derivada del derecho consuetudinario o del internacional. Las comunidades indígenas no solo reivindican el derecho de ejercer sus propios sistemas normativos, sino también su derecho de acceso a la justicia del Estado”.