La participación del impuesto en los ingresos tributarios cayó a 52.2 por ciento.
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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que un juez federal vinculó a proceso a cuatro exfuncionarios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por su presunta participación en la celebración de contratos irregulares por 11 millones 147 mil 692 pesos con una empresa catalogada como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS).
Los imputados son José Alfredo "N", exdirector del hospital; Javier Tapia Santoyo, excoordinador; María Dolores "N", exsubdirectora, y Rodrigo "N", exsubdirector.
Asimismo, fue vinculada a proceso Cecilia Guadalupe "N", representante legal de la empresa contratada, por su presunta participación en los hechos.
De acuerdo con la investigación, entre el 13 de abril y el 1 de junio de 2018, los entonces servidores públicos autorizaron y suscribieron tres contratos para la prestación de servicios de electromiografía y el suministro de material de curación de alta especialidad.
La Fiscalía sostiene que la empresa beneficiada se encontraba incluida en el listado definitivo de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que los contratos habrían sido celebrados de manera irregular.
Con base en los datos de prueba presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el Código Penal Federal.
La dependencia recordó que Javier Tapia Santoyo también enfrenta otro proceso penal derivado de su desempeño como secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En marzo pasado, la jueza Patricia Sánchez Nava lo vinculó a proceso por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones, por hechos relacionados con su gestión en esa institución.
Como medidas cautelares, el juez ordenó a los cinco imputados no salir del país sin autorización judicial y presentarse periódicamente ante la autoridad mientras se desarrolla el proceso.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la denuncia penal se originó tras detectar presuntas irregularidades en la contratación de una empresa considerada por las autoridades fiscales como una EFOS, lo que habría permitido el desvío de recursos públicos destinados al ISSSTE.
La participación del impuesto en los ingresos tributarios cayó a 52.2 por ciento.
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El monto recaudado durante el periodo quedó por debajo de lo esperado por la SHCP.
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De confirmarse vínculos entre los incidentes, las autoridades estadounidenses deberán revisar los protocolos de seguridad y protección para el personal científico en su territorio.
A esta investigación de la Secretaría Anticorrupción se sumó a la denuncia que presentó el PAN ante la FGR contra Ebrard y contra González-Blaco por ejercicio ilícito del servicio público.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera