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Puebla, Puebla. Transportistas, comerciantes y colonos afines al Movimiento Antorchista en Puebla, marcharán en contra de la verificación vehicular el próximo jueves 26 de enero, desde El Gallito al Congreso del estado, y de ahí a Casa Aguayo, donde culminará con un mitin.
A pesar de que las autoridades han manejado el asunto como un acto que protegerá el medio ambiente, dicha acción será perjudicial para los dueños de las unidades vehiculares debido a las condiciones económicas de la ciudadanía.
Ovidio Celis, líder social en la entidad, explicó que la medida les quitaría a cientos de miles de familias poblanas su herramienta de trabajo, aquélla con la que mantienen su economía.
“El problema se vuelve más profundo porque hay cientos de miles de poblanos y muchos transportistas que dependen de su carro para trabajar y ¿cómo le van a hacer si no tienen la unidad para trabajar?”, cuestionó Celis Córdova.
En conferencia de prensa, pidió a los funcionarios un poco de sensibilidad para los poblanos y entiendan que la difícil situación económica no está para que los más pobres paguen un nuevo impuesto como el de la verificación vehicular. “Si la verificación fuera gratuita, nadie se opondría, pero este hecho daña los bolsillos de los poblanos”.
Advirtió que hay otro tipo de políticas que son mejores para salvaguardar al planeta, como frenar a las grandes industrias que, para producir sus mercancías, contaminan mucho más que los vehículos de los ciudadanos.
Asimismo, condenó que los impuestos sean lo único que se les ocurra a las autoridades para “dejar de contaminar”, puntualizó que “eso debe parar, debe moderarse y convertirse mejor en un diálogo con la ciudadanía, con la gente que vamos a pagar los impuestos, para sacar entre todos mejores opciones para resolver el problema. Que sea impositivo no es la solución”.
Así, llamó al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, “como hombre sensible que es”, a escuchar a los sectores más desprotegidos de la población.
El candidato de la Alianza Va x la CDMX, Santiago Taboada, afirmó que la mala administración de los recursos pasa en las 16 alcaldías y que son principalmente los morenistas quienes han hecho ese Cártel Inmobiliario.
Debido al recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) canceló unas 20 encuestas
Las promesas de los políticos son como rayas en el mar: desaparecen o poco queda de ellas.
Si a López Obrador realmente le preocuparan los adultos mayores, garantizaría que la mayoría de los trabajadores tengan acceso a labores dignas, salarios justos y prestaciones sociales.
Para romper la apatía de los mexicanos para hablar y difundir temas de los que nos hemos alejado, escribo algunas líneas generales del liberalismo mexicano del S. XIX, así como algunas propuestas de entendimiento.
La exsenadora señaló que la magistrada presidenta de la SCJN incurre en responsabilidades administrativas.
No hay adulto que ignore –aunque no tenga recursos para asistir con frecuencia al médico–
El agua potable, drenaje y energía eléctrica tendrán que esperar; para la 4T no son prioritarias, a diferencia de sus megaproyectos que serán terminados a más tardar en 2023, antes de los comicios federales de 2024.
La Sala Superior se dividió entre dos propuestas, una que apoyaba la legalidad de la reelección y otra que la consideraba indebida.
“Jamás nos imaginamos que una situación como esta pudiera suceder en nuestra sociedad. Estamos trabajando en compañía de las autoridades".
Esta reforma electoral no significa avance, sino retroceso, y el supuesto ahorro es mero pretexto para desmantelar al INE, pues es uno de los pocos contrapesos al poder presidencial que quedan.
La 4T lo sabe y para no verse exhibido, hace unos días, el gobierno mintió deliberadamente cuando declaró que México había aceptado una recomendación de la ONU.
El senador Julen Rementería del Puerto, negó que su partido esté pagando bots para atacar a López Obrador en redes sociales.
Lo que comenzó como un conflicto entre familiares de la empresa de lácteos Sello Rojo en 2018, hoy se ha convertido en un problema político.
En diciembre de 2021, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, envió al Congreso del Estado su proyecto de paquete fiscal para este 2022, sin embargo, no contempló las necesidades del pueblo yucateco.
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Escrito por Redacción