El 30 de septiembre terminará el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su única herencia, además de frases demagógicas en las conferencias “mañaneras”, serán sus actos fallidos, las calumnias contra la oposición y el incumplimiento de sus promesas. En realidad, sus seis años de gobierno estuvieron dedicados a administrar la pobreza y la marginación extremas; ya que nunca se propuso abatirlas de raíz, inclusive las usó como elementos de su discurso “izquierdista” con fines electoreros.

La organización Oxfam-México concluyó que, en los últimos cuatro años, la desigualdad aumentó y que, en este mismo lapso, casi se duplicó la fortuna de 14 “ultrarricos mexicanos”.

Entre éstos citó a los dos hombres más ricos del país y de América Latina: el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim Helú; y Germán Larrea Mota Velasco, propietario de grupo México. 

“Carlos Slim es hoy el hombre más rico de la región, con una fortuna mayor que los otros 13 ultrarricos mexicanos juntos. La fortuna conjunta de Carlos Slim y Germán Larrea creció 70 por ciento durante los últimos cuatro años”, destaca el estudio de Oxfam.

El análisis muestra a estos personajes como los principales beneficiarios de las privatizaciones de la industria y concesiones comerciales públicas que los gobiernos federales efectuaron de los años 90 a la fecha. “Los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia”, explica Oxfam en el estudio El monopolio de la desigualdad.

Cuando concluya el mes de agosto de 2024, la fortuna de Slim Helú, actualmente calculada al menos en 100 mil millones de dólares (mdd); y la de Larrea, que se acerca a 30 mil mdd serán un poco más altas, según otros analistas.

Sexenio favorable a los multimillonarios

En su mañanera del pasado 20 de julio, AMLO reconoció este logro muy ajeno a lo que llama “economía moral” –según él, la destinada a beneficiar a los pobres– cuando reconoció que, en cinco años de su gobierno, “ningún empresario ha fracasado; todos tienen utilidades, aumentaron sus fortunas”.

De Carlos Slim, quien tiene una estrecha relación con el Presidente, Oxfam revela que no sólo es el más rico de México y América Latina, sino que concentra “casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63.8 millones de personas”.

“Poco más de nueve millones de personas en nuestro país no saben si podrán comer al día siguiente, mientras que una sola persona concentra casi uno de cada 20 pesos de la riqueza en este país”, destaca el citado estudio.

Grupo Carso es líder en la venta de servicios de telecomunicaciones digitales en México; además realiza lucrativos negocios en prácticamente todas las esferas económicas, entre ellas comercio, petróleo, banca, minería y construcción.

AMLO ofreció, desde 2011, que si llegaba a la Presidencia, impulsaría una reforma fiscal para implantar una recaudación progresiva y alcanzar la justa distribución de la riqueza: “Tiene que pagar más el que tiene más”, declaró entonces.

Pero durante su gobierno jamás puso en práctica esa prédica de “economía moral” ni se acordó que, en los años 90, anunció que Carlos Slim, junto al expresidente Carlos Salinas de Gortari, lideraban la “mafia del poder”.

Este cambio de opinión con respecto a Slim se produjo entre los años 2000 y 2005, cuando AMLO fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y le concesionó varios proyectos de desarrollo urbano en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Germán Larrea es propietario de Grupo México, al que pertenecen la empresa minera más grande del país, la quinta productora mundial de cobre y otras compañías de diferentes ramos, que incluyen el aeroportuario y el ferroviario.

Durante el periodo 2006-2012 criticó al entonces Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa por sus decisiones unipersonales y su falta de transparencia; pero durante su sexenio, AMLO jamás mostró estas virtudes.

Como mandatario procuró incansablemente ocultar sus fallas tergiversando información y declarando documentos de “seguridad nacional” los contratos relacionados con sus “magnas obras” para que no fueran consultados por los ciudadanos antes de 15 años.

AMLO es el mandatario que está a punto de desmontar al Poder Judicial y de eliminar siete organismos autónomos que actúan como “contrapesos” constitucionales del Poder Ejecutivo y que durante su atropellada gestión estorbaron sus decisiones unipersonales.

Entre las siete instituciones autónomas se halla el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), encargado de garantizar la entrega de información sobre el gobierno a los ciudadanos que la soliciten.

Riqueza concentrada y pobreza

En 2023, AMLO festejó ampliamente una reducción de la pobreza general o “multidimensional”; según él, 5.1 millones de mexicanos habían abandonado este estatus socioeconómico; aunque el número total de pobres, según datos oficiales, se ubicaba en cerca de 50 millones. Una medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicada el 10 agosto de 2023, reportaba que en 2022 hubo 46.8 millones de personas en pobreza general o “multidimensional”; este informe también aclaró que la “pobreza extrema” no bajó sino que, por el contrario, en cuatro años (2018-2022) aumentó en 400 mil personas, cifra equivalente al siete por ciento. En esta situación se encuentran los mexicanos que no pueden alimentarse diariamente.

La política social del “bienestar” del Presidente se concentró en ciudades donde se ubica la principal reserva de votos para Morena y se desatendieron las regiones rurales más apartadas y con mayores niveles de pobreza extrema.

Julio Boltvinik, especialista en el estudio de la pobreza, ha insistido en realizar una medición más eficaz de la marginación en los últimos años mediante el análisis de más factores que contribuyen a la existencia de este problema y concluyó que existen al menos 100 millones de mexicanos que viven bajo alguna condición de pobreza.

Sin acceso a la salud pública

Durante el gobierno de AMLO se registró también un incremento de más de 30 millones de mexicanos sin servicios de salud pública, porque en 2018 había 20 millones de personas que declararon estar en esta condición; y en 2022 ese número ascendió a 50.4 millones.

Desde el inicio de su administración y sin planear con qué lo sustituiría, el mandatario ordenó desmontar el Seguro Popular asegurando que, haciendo a un lado a los médicos privados asociados con ese modelo, evitaría la privatización del sistema de salud pública.

Organizaciones civiles y especialistas revelan que el actual sistema de salud mexicano, el cual sería “mejor que el de Dinamarca” como prometió AMLO, únicamente logró privatizar más la atención sanitaria. Entre 2013 y 2023, el número de farmacias privadas con servicios de consultorio y análisis clínicos se incrementó de 13 mil a 18 mil, según datos de la Asociación Nacional de Farmacias de México.

“En 2022, el 59.9 por ciento de las personas que recurrieron a atención médica lo hicieron en el sector privado, 13.3 puntos porcentuales más que en 2018. Esto representa una privatización de facto de la atención a salud”, advierte la organización México Evalúa.

Esto “ha impactado particularmente a la población marginada, que ahora dedica 4.2 por ciento de su ingreso a obtener servicios de salud, 1.3 puntos más que en 2018”, escribió en su informe Hacia la Privatización de Facto de la Atención a la Salud, publicado el 17 de agosto de 2023.

Para sustituir al Seguro Popular, AMLO creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en enero de 2020, organismo que sólo duró dos años debido a su inoperancia; y actualmente hace peripecias para activar su “nuevo” servicio, el IMSS-Bienestar, destinado a los millones de personas sin servicios de salud pública.

Andrés Castañeda, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en salud pública, reportó, con respecto al IMSS-Bienestar, que apenas inicia y, como estrategia, “está lejos de consolidarse”.

Para el siguiente gobierno –apuntó– “uno de los retos más grandes, sin duda, será consolidar este nuevo modelo para la organización de los servicios de salud, con todas las implicaciones que esto tiene”.

El especialista precisó que hay gobiernos estatales que no han convenido en traspasar sus servicios de salud locales al federal para centralizarlos en el IMSS-Bienestar y que éste es un reto que deberá enfrentar la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

En 2018, AMLO ordenó, sin planeación previa, el desmontaje del sistema de compra y distribución de medicamentos y enseres médicos destinados a los centros públicos de atención sanitaria, generando el desabasto que hasta la fecha prevalece.

Luego de la fallida Megafarmacia del Bienestar pasó a la pretendida conversión de la pequeña empresa gubernamental Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en una operadora nacional para la compra y distribución de medicamentos y enseres médicos.

Birmex, que incluso tuvo recortes presupuestales en 2023, ni siquiera tiene actualmente el personal suficiente para operar la mega bodega comprada por el actual gobierno y asentada en Huehuetoca, Estado de México, como lo consignó buzos en su número 1135.

AMLO ha afirmado que Birmex es la solución para el desabasto; pero el doctor Castañeda considera que ése será un reto para Sheinbaum porque “deberá intentar que funcione o repensar si ése es el mejor camino. Vamos a ver qué pasa”. El también coordinador del colectivo Cero Desabasto agregó que el proyecto Birmex no se ha concretado y que el gobierno está “subcontratando muchísimas cosas; mientras están aumentando los costos.

“Quizá en algún tiempo podamos evaluar este proyecto pero, por lo que sabemos hoy, por instrucciones del Presidente saliente, se tendrá que ejecutar este mecanismo por lo menos los primeros años (del próximo gobierno), intentando hacer que funcione”, explicó.

Inflación galopante

En los estudios de Oxfam-México puede observarse también que la inflación, especialmente la cercana al precio de alimentos, perjudica a la población más pobre y es ocasionada por el dominio oligopólico de las grandes empresas.

“Las ganancias de las empresas capturaron 60 por ciento del incremento en precios de la economía mexicana de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, periodo con el mayor aumento en el costo de vida en las últimas dos décadas en México”, reveló Oxfam.

La inflación se ha incrementado a pesar del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) del cuatro de mayo de 2022 y del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic) difundido el tres de octubre del mismo año por el Presidente.

Al término de julio de este año, el nivel de la inflación llegó a 5.57 por ciento, casi un punto porcentual arriba del 4.79 por ciento de 2023, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) emitido el ocho de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En esa fecha, el precio de los productos básicos cumplió cinco meses al alza en perjuicio de los hogares más vulnerables, que “destinan un mayor porcentaje de su ingreso a la adquisición de alimentos”, informó el 12 de agosto la organización México ¿Cómo Vamos?

Creció la violencia

En el ramo de la seguridad pública, “los pésimos resultados están a la vista, aunque el Gobierno Federal los niegue”, apuntó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista en esa materia.

“Y negar la verdad fue la decisión que se tomó. El oficialismo repitió una y otra vez que vamos bien sin importar cuántas masacres… López, su gabinete y sus huestes, prefirieron mentir que reconocer la verdad y cambiar el rumbo”, denunció el experto.

En el sexenio suman casi 200 mil víctimas de homicidio doloso, 51 mil desapariciones de personas y desplazamientos forzados en poblaciones situadas en medio de las disputadas por los grupos del crimen organizado, como Chiapas.

“La ausencia de programas específicos, el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la mano con los recortes presupuestales para policías y fiscalías, favorecieron el aumento de la corrupción y la impunidad”, destacó Rivas.

Con estimaciones de la consultora TResearch, el gobierno de AMLO terminará con una cifra de 199 mil 593 homicidios, superando, con mucho, los registrados en los sexenios anteriores.

Hasta el 16 agosto de este año, durante el gobierno de AMLO se habían cometido 194 mil 768 homicidios dolosos y 93 diarios en promedio, de acuerdo con un análisis del despacho TResearch International, que se encarga de estudiar estas mediciones.

En la administración del exPresidente Enrique Peña Nieto fueron 156 mil 66; en el de Felipe Calderón 120 mil 463; en el de Vicente Fox, 60 mil 280; Ernesto Zedillo, 80 mil 671; y Carlos Salinas, 76 mil 767.

No desapareció el huachicol

Cuando recién comenzó su gobierno, en 2019, el Presidente ordenó cerrar los ductos de distribución de Pemex para combatir el robo de combustibles (gasolinas, diésel y combustóleo), pero tal medida fue de inmediato retirada porque creó problemas de movilidad; y desde entonces el huachicoleo sigue vigente.

La intempestiva decisión presidencial ocasionó un enorme desabasto de combustibles en las empresas distribuidoras, “compras de pánico” y largas filas en gasolineras en varios estados, entre ellos Jalisco.

En medio de este caos y del saqueo, el 18 de enero de 2019 se registró la explosión de un tramo de oleoducto debido a una toma clandestina de combustible bajo un campo de cultivo en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 137 personas y otras 81 resultaron heridas.

La perforación o huachicol en el ducto Tuxpan-Tula, a la altura del kilómetro 226, congregó a los humildes pobladores de esa región que acudieron con recipientes caseros al sitio en que se encontraba el chorro de combustible con la intención de recuperar gasolina para consumo propio o su venta posterior.

Hoy, el huachicoleo sigue: entre enero y marzo de 2024, “a nivel nacional se identificaron tres mil 37 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y/o hidrocarburos, lo que representó un incremento de 1.13 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023”, reportó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, una organización civil que investiga todo lo concerniente a este saqueo.