La movilización será el próximo domingo 13 de septiembre en Culiacán, a dos años de que comenzó la crisis en materia de seguridad en Sinaloa.

Junio cerró con dos mil 987 casos, 5% más en el mismo periodo; pero de 2025.

Ante la presión migratoria, la autoridad española solicitó más personal, infraestructura y respaldo europeo.

La demarcación registra 235 carpetas de investigación en 2026 y forma parte del grupo de alcaldías con mayor incidencia de este delito, junto con Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Ciudad de México, Edomex y Nuevo León son las entidades que concentran más casos.

La propuesta, respaldada por Greenpeace México, busca detener la construcción del proyecto y, hasta el día de hoy, 31 de julio, ha reunido más de tres mil 787 firmas.

El dirigente regional Ignacio Acosta respaldó a los antorchistas de Sinaloa y advirtió que, si la administración de Yeraldine Bonilla mantiene su negativa, el movimiento podría extender las protestas a otros estados de la región.

Durante el primer semestre de 2026, se han registrado en el país un total de 315 asesinatos de mujeres por cuestión de género.

Seis estados concentran casi la mitad de las desapariciones en México.

Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.

El Cuartel General de Khatam al-Anbiya advirtió que la República Islámica no aceptará ninguna intervención de EE. UU. en la gestión de la ruta marítima.

A pesar de los diversos reportes de robo de datos personales y bases de datos institucionales expuestos en páginas web y en la red, el Gobierno mexicano no ha garantizado la seguridad de los datos y la identidad de los ciudadanos.

Encuesta revela que 1 de cada 5 personas usuarias de internet fue víctima de acoso digital.

Los homicidios dolosos pasaron de mil 818 a mil 209 víctimas en comparación con junio de 2025, de acuerdo con cifras oficiales. La reducción coincide con el despliegue del operativo de seguridad implementado durante el Mundial 2026.

El colectivo ¡Aquí No! acusó que, tras 12 años de litigios contra el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), las autoridades federales han privilegiado a la empresa sobre los derechos de las comunidades indígenas y la protección ambiental.