El pasado martes 14 de los corrientes, el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), por conducto de nuestro secretario general, el ingeniero Aquiles Córdova Morán y sus representantes estatales, pidió al Gobierno Federal la creación de un programa alimentario integral para enfrentar la difícil situación en que se hallan aproximadamente 42 millones de mexicanos quienes, al estar confinados en sus hogares por la pandemia del Covid-19, no cuentan con ningún ingreso económico y están al borde de la hambruna.

Esta propuesta, que incluyó el llamado a una gran alianza de todos los sectores maltratados por el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T), solo generó algunas notas periodísticas relacionadas con las manifestaciones en ciertos estados de la República, que acompañaron la petición; no recibió ningún comentario de los actores políticos y económicos que hoy están demandando medidas más efectivas para enfrentar la crisis, y menos aún se escuchó la reacción de funcionario federal alguno.

Este silencio ominoso se dio en el marco de un ambiente político ríspido en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfrenta críticas de gobernadores, grupos empresariales, prestigiados medios de información, por la falta de apoyo real a los estados y a la población en general para solventar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia; también le reprochan que oculte información sobre los temas trascendentes para la población y que en su agenda de gobierno intente desviar su discusión con asuntos irrelevantes, como la rifa del avión presidencial o la aprobación de un cambio de fecha en la revocación de mandato de 2022.

¿Por qué si hay en el país una inconformidad generalizada, y son muchos los sectores que reprueban las medidas del Gobierno Federal, éstos no buscan su integración en un frente único que tenga la fuerza suficiente para que sus demandas sean atendidas?

La respuesta no es tan sencilla, ni puede ser la misma en todos los sectores. Esto es así porque, en primer lugar, cada uno de estos actores busca resolver los problemas de su actividad económica con base en su organización gremial y en el análisis de éstos, soslayando la posibilidad de solventar los problemas socioeconómicos mediante la unidad de las fuerzas productivas en un esfuerzo común, independientemente de la diversidad de las demandas. En segundo lugar, todos los sectores ven el problema en términos economicistas, buscando resolver sus necesidades inmediatas y partiendo de la supuesta falta de solución a éstas, se debe a la maldad del poderoso en turno, olvidando que el problema de fondo es el modelo económico neoliberal al servicio de los intereses de las clases altas y que, por tanto, las demandas de los sectores maltratados no podrán resolverse en tanto el modelo económico no sea sustituido por uno más justo. Una tercera explicación se halla en el hecho de que el aparato ideológico al servicio del Estado y la poca politización de los sectores intelectuales impiden el desarrollo de la conciencia social en gran parte de la sociedad.

Si ojeamos la historia de los cambios sociales progresistas, veremos que se han caracterizado por la movilización de las masas populares; por la conciencia social que las condiciones materiales de vida insoportables generan en aquéllas y porque la inconformidad las radicalizó y las llevó a luchar por el cambio. La inconformidad social en nuestro país se mantiene inmutable debido a la mediatización de los programas asistencialistas de los gobiernos neoliberales y a las multimillonarias remesas que envían los trabajadores mexicanos en Estados Unidos (EE. UU.), quienes ayudan a la mayoría de los sectores populares a sobrellevar su precaria vida. Pero en los últimos seis o siete años, la inconformidad aumentó ante la creciente pobreza y la insuficiencia de ingresos.

El MAN está consciente de que la pobreza se agudizará con la crisis socioeconómica actual y que si la inconformidad social no se encauza por vías legales su desbordamiento, verterá en el caos y las revueltas. Por ello, propone, por un lado, a los distintos niveles de gobierno que implementen un programa alimentario para los más de 42 millones de personas sin ingresos y, por el otro, ha convocado a las clases medias y altas a formar una fuerza social capaz de obligar al gobierno de la 4T a que atienda las demandas de todos los sectores sociales de México.

Esta gran alianza solo podrá tener la fuerza necesaria para transformar el modelo económico que se ha impuesto a nuestro país, si a ella se suman las grandes masas populares del país, cuyos únicos intereses legítimos en la coyuntura actual están limitados a la defensa misma de sus vidas, pues la falta de alimentos las pone en peligro.