Los programas sociales no sacan de la pobreza a sus beneficiarios y en el mediano y largo plazo serán un riesgo de mayor déficit para las finanzas públicas del Gobierno Federal, dice el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta conclusión, de acuerdo con organizaciones civiles y ciudadanos entrevistados, cuestiona la eficacia de la entrega de dinero en efectivo o en tarjetas de los programas asistencialistas a los que dio prioridad el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y dará continuidad la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. 

El combate a la pobreza fue una de las principales banderas del mandatario saliente y, para erradicarla, recurrió a la entrega de apoyos económicos vía transferencias monetarias a través del Banco del Bienestar.

Según un informe de Carlos Torres Rosas, coordinador general de los Programas del Bienestar del Gobierno Federal, el año pasado 25 millones de mexicanos, que integraban el 71 por ciento de los 37 millones de hogares del país, recibían algún tipo de apoyo social a través de 16 programas “prioritarios”.

El documento detalla que éstos atienden a “diversas poblaciones objetivo que comprenden adultos mayores, personas con discapacidad, productores agrícolas, estudiantes, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, entre otros grupos vulnerables”.

Señala también que el gobierno morenista centró su atención “en una amplia gama de temas, entre los que destacan la mejora educativa y de salud, hasta la mejora productiva en el sector rural y el bienestar económico”.

Sin embargo, el reporte del Coneval desmiente enérgicamente los resultados finales del gobierno morenista, lo que explica el que éste sea uno de los organismos autónomos condenados por AMLO, porque quedará supeditado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El último informe del Coneval recuerda que antes del arribo del mandatario morenista a la Presidencia de la República en diciembre de 2018, en el país había 150 programas sociales, que se redujeron a 146 al eliminarse 18 y crearse 14 enfocados a los problemas de salud y educación.

Es por ello que en 2020 el Coneval contabilizó 153 programas y acciones sociales de carácter federal, 11 mil 508 estatales y municipales; en 2021, un número similar en los tres niveles de gobierno; y en 2023, su inventario reportó 121 programas federales, mil 38 estatales y 10 mil 349 municipales.

Ejemplos relevantes de programas sociales de nivel municipal se dieron en Amozoc, Puebla, con la “entrega de libros de texto”, y en la capital poblana, cuyo ayuntamiento promovió “actividades culturales y recreativas emergentes” y, entre otros, uno para estimular a “empacadores voluntarios”.

En Oaxaca, una de las entidades con los mayores índices de pobreza según el Coneval, se organizaron “caravanas móviles” y se crearon programas para “empoderar a mujeres”, “reforestar” llanos y cerros; “fomentar la lectura” y disminuir la pobreza.

En la lista de los programas sociales de entidades y municipios se hallan unos que lo mismo se enfocan a proveer “desayunos calientes y fríos”, a “entregar recursos para transporte”, a crear “escuelas de iniciación deportiva virtual” y “becas educativas”, que a construir “pisos firmes”, “entregar tinacos y laminas”, kits de herramientas” y “paquetes de pollos o lechones”.

A decir del Coneval, el inventario nacional de programas “tiene la finalidad de dar a conocer cuáles son las intervenciones del gobierno en ese ámbito y con ello, proveer información para la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la política pública”.

Una bomba de tiempo

Entre las conclusiones de su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 (IEPDS) el Coneval dice que “los programas sociales deben ser vistos como mecanismos que propician las condiciones que contribuyen a asegurar el ejercicio de los derechos sociales”.

Pero precisa que es necesario que los gobiernos destinen recursos “como inversiones sociales que repercuten en mejores niveles de educación, salud, cuidados, condiciones de vida, innovación y participación laboral que, a futuro, ayudan a incrementar la fuerza productiva y económica del país”.

Además, destaca que durante el sexenio que está por finalizar, “las carencias de acceso a la seguridad social y a la salud son las de mayor incidencia a nivel nacional”; es decir, hay muchos mexicanos sin atención sanitaria, especialmente, las comunidades indígenas y rurales, grupos “históricamente discriminados”.

Y en el ejercicio de los derechos sociales de la población indígena, existen brechas “entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores”, así como entre las mujeres y personas con discapacidad.

Además de evidenciar los lastres que el gobierno de AMLO heredará al nuevo Gobierno, el Coneval advierte que el gasto público destinado a los programas sociales es demasiado alto y pondrá en un predicamento financiero a la nueva administración federal.

El informe final detalla: “si bien se reconocen los esfuerzos por aumentar la cobertura y alcance de los programas sociales, su sostenimiento financiero en el mediano y largo plazo requiere del fortalecimiento del sistema tributario a través de medidas progresivas, así como la diversificación de fuentes de ingresos del sistema”.

AMLO repitió, a lo largo de su sexenio, que los programas sociales se financiaron gracias a su política de austeridad, al recorte salarial de los burócratas federales con mayores ingresos y a la venta de petróleo.

Apenas el pasado 11 de julio, en su conferencia de prensa matutina, el Presidente afirmó que su administración ahorró 36 mil millones de pesos (mdp) con la eliminación de la “caja de ahorro” con la que se pagaban las prestaciones otorgadas a los funcionarios de alto nivel de los gobiernos anteriores. En su VI y último informe de gobierno, el pasado primero de septiembre, aseguró que entre 2018 y 2022, cinco millones de mexicanos abandonaron la pobreza y que en promedio cada mes 100 mil personas salieron de ésta.