Los programas sociales no sacan de la pobreza a sus beneficiarios y en el mediano y largo plazo serán un riesgo de mayor déficit para las finanzas públicas del Gobierno Federal, dice el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta conclusión, de acuerdo con organizaciones civiles y ciudadanos entrevistados, cuestiona la eficacia de la entrega de dinero en efectivo o en tarjetas de los programas asistencialistas a los que dio prioridad el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y dará continuidad la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. 

El combate a la pobreza fue una de las principales banderas del mandatario saliente y, para erradicarla, recurrió a la entrega de apoyos económicos vía transferencias monetarias a través del Banco del Bienestar.

Según un informe de Carlos Torres Rosas, coordinador general de los Programas del Bienestar del Gobierno Federal, el año pasado 25 millones de mexicanos, que integraban el 71 por ciento de los 37 millones de hogares del país, recibían algún tipo de apoyo social a través de 16 programas “prioritarios”.

El documento detalla que éstos atienden a “diversas poblaciones objetivo que comprenden adultos mayores, personas con discapacidad, productores agrícolas, estudiantes, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, entre otros grupos vulnerables”.

Señala también que el gobierno morenista centró su atención “en una amplia gama de temas, entre los que destacan la mejora educativa y de salud, hasta la mejora productiva en el sector rural y el bienestar económico”.

Sin embargo, el reporte del Coneval desmiente enérgicamente los resultados finales del gobierno morenista, lo que explica el que éste sea uno de los organismos autónomos condenados por AMLO, porque quedará supeditado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El último informe del Coneval recuerda que antes del arribo del mandatario morenista a la Presidencia de la República en diciembre de 2018, en el país había 150 programas sociales, que se redujeron a 146 al eliminarse 18 y crearse 14 enfocados a los problemas de salud y educación.

Es por ello que en 2020 el Coneval contabilizó 153 programas y acciones sociales de carácter federal, 11 mil 508 estatales y municipales; en 2021, un número similar en los tres niveles de gobierno; y en 2023, su inventario reportó 121 programas federales, mil 38 estatales y 10 mil 349 municipales.

Ejemplos relevantes de programas sociales de nivel municipal se dieron en Amozoc, Puebla, con la “entrega de libros de texto”, y en la capital poblana, cuyo ayuntamiento promovió “actividades culturales y recreativas emergentes” y, entre otros, uno para estimular a “empacadores voluntarios”.

En Oaxaca, una de las entidades con los mayores índices de pobreza según el Coneval, se organizaron “caravanas móviles” y se crearon programas para “empoderar a mujeres”, “reforestar” llanos y cerros; “fomentar la lectura” y disminuir la pobreza.

En la lista de los programas sociales de entidades y municipios se hallan unos que lo mismo se enfocan a proveer “desayunos calientes y fríos”, a “entregar recursos para transporte”, a crear “escuelas de iniciación deportiva virtual” y “becas educativas”, que a construir “pisos firmes”, “entregar tinacos y laminas”, kits de herramientas” y “paquetes de pollos o lechones”.

A decir del Coneval, el inventario nacional de programas “tiene la finalidad de dar a conocer cuáles son las intervenciones del gobierno en ese ámbito y con ello, proveer información para la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la política pública”.