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El presidente Andrés Manuel López Obrador miente 80 ocasiones en promedio durante sus conferencias matutinas, además de medias verdades y datos no verificables, según el estudio de la ONG Signos Vitales “El valor de la verdad a un tercio del sexenio”.
El estudio señala que la información de las fuentes oficiales del Gobierno está cada vez más limitada y las dudas sobre su veracidad son cada vez mayores. Se requieren datos, estadísticas, análisis e información confiable, veraz y verificable para tomar decisiones y diseñar políticas públicas. No se puede seguir gobernando desde el discurso.
En un comunicado, Signos Vitales –integrado por activistas e intelectuales- reitera que su función principal es la de aportar al análisis de la situación del país utilizando información veraz y datos fidedignos, a través de hechos comprobables.
El estudio muestra a un presidente que ha recurrido a decretos y cambios jurídicos controvertidos para impulsar su programa de gobierno y concentrar el poder. Se encuentran 17 controversias constitucionales y cinco acciones de inconstitucionalidad sin resolver en la Suprema Corte de Justicia sobre temas profundamente controversiales. El 2019 es el tercer año con más modificaciones constitucionales desde 1917.
Crece la preocupación a nivel nacional e internacional por la militarización del país. Las responsabilidades y los recursos otorgados por el presidente a las fuerzas armadas las ha convertido en sus principales aliados. El presupuesto de la SEDENA y la SEMAR ha ido en aumento. Para 2021 llegó a 148 mil 33 millones de pesos, la cifra más alta que se ha aprobado para el orden militar. La organización Causa en Común identificó que entre 2018 y 2020 se han nombrado 55 elementos militares en cargos civiles de importancia en todos los órdenes de gobierno.
Continúa el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos y, más recientemente, el ataque a jueces y al INE que resuelven en contra de los deseos del presidente. Por ejemplo, el CONEVAL, el IFT, el INAI y la CNDH han sufrido recortes presupuestales entre 2018 y 2021 del 31.8, 31.7, 25.5 y 25.3 por ciento respectivamente.
Lejos de defender la libertad de expresión, Artículo 19 ha reportado que durante la actual administración se han asesinado 17 periodistas, seis de éstos en 2020. Las indagatorias registradas por la FEADLE en 2020 (120) experimentaron un incremento del 39.5 por ciento con respecto a las registradas en 2018. Los delitos con mayor frecuencia son: amenazas con 149, lesiones con 20 y abuso de autoridad con 12.
En contra de la ley y de sus dichos, el presidente no ha sido neutral en el panorama electoral del 2021. El presidente ha invertido tiempo en descalificar a quienes considera sus oponentes, entre los cuales incluye al INE, y ha desplegado una estrategia electoral que usa los programas sociales y las campañas de vacunación como propaganda personal y de gobierno.
La composición de las brigadas de vacunación es inusual, ya que de los 13 miembros de cada Brigada Correcaminos, sólo dos están capacitados para vacunar. La tragedia sanitaria continúa también sin control. A nivel internacional, México fue de los primeros 15 países con más casos totales de COVID-19 y en América Latina fue el tercer país con más muertes totales por cada millón de habitantes. Hasta el pasado 22 de enero un mexicano estaba muriendo cada 48 segundos a causa de COVID-19. México es de los países con menor disposición de vacunas, menor número de personas parcialmente vacunadas y menor número de personas completamente vacunadas.
La inseguridad sigue igual que hace años a pesar de la militarización de la seguridad interior. Los homicidios apenas disminuyeron en el 2020 (35 mil 484) 0.34 por ciento, a pesar del confinamiento que se vivió prácticamente todo el año. El número de feminicidios también fue prácticamente igual en 2019 y 2020 (968 y 969 respectivamente). El actual gobierno desapareció el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), la bolsa de recursos más amplia para el reforzamiento de las policías subnacionales, misma que equivalía a 4 mil millones de pesos.
El equilibrio macroeconómico se ha logrado con altos costos. Se ha logrado un precario balance presupuestal gracias al cobro de impuestos de grandes contribuyentes que estaban en litigio, al uso casi completo de diversos fondos de contingencia, y al no incremento del gasto público. Esto representó el casi nulo apoyo al combate de los efectos de la pandemia, situando a México entre los más bajos del mundo. La única posibilidad de cierta recuperación es la economía de los Estados Unidos que demandará más productos mexicanos y por la población mexicana en aquel país que enviará más remesas a México.
El tema social es igual o aún más alarmante. Sólo 40.7 por ciento de las personas pueden acceder a la canasta alimentaria a partir de los ingresos obtenidos del trabajo al final de 2020: 49.6 por ciento de personas en el medio rural y 37.8 por ciento en el entorno urbano, el máximo histórico del que se tiene registro. A la fecha, más de 12 millones de personas cayeron en situación de pobreza, donde incluso las clases media y alta han sufrido disminuciones en sus niveles y calidad de vida.
Ya se entregó el "bastón de mando" para continuar con el proyecto de las clases dominantes, es decir, para llevar adelante el neoliberalismo depredador que apenas se oculta bajo la denominación de “Cuarta Transformación”.
Dicha decisión es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Los malos resultados del combate a la corrupción ubican a México en el último lugar de los 38 países integrantes de la OCDE y en el penúltimo del G-20.
El programa ha mostrado ineficiencia y retraso en su cumplimiento, provocando incluso marchas, protestas y malestar en las comunidades guerrerenses.
El proceso inflacionario, el aumento de los precios está íntimamente ligado al afán insaciable de ganancia de la clase empresarial, a la ley del valor y las leyes del mercado.
Tras haber sido negada por los integrantes de la oposición la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la FGJCDMX, con 41 votos a favor y 25 en contra, López Obrador la invitó a su gabinete.
El CCE informó que genera incertidumbre jurídica y económica, al mismo tiempo que se pone en riesgo el bienestar de la población.
"Lo digo con todas sus letras: a AMLO le interesan sus universidades que no sirven para nada. No les interesan las universidades públicas del País"
En nuestros días, detrás del actual gobierno asoma el gran capital, nacional y extranjero; figuras prominentes del gabinete.
El 1 de diciembre de 2018, López Obrador nombró a Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la Presidencia.
En los días recientes, el Gobierno mexicano inició la deportación masiva de los migrantes que entraron en las caravanas procedentes de Honduras.
Hizo un llamado a todos los actores políticos, a los partidos, a los simpatizantes a que respeten las reglas del juego democrático y no enrarezcan el proceso electoral.
López Obrador también ha destruido la mismísima figura presidencial, comportándose como un gobernante que no sabe ni tienen la menor idea de qué rumbo debe seguir la nación para buscar bienestar social para todos los mexicanos.
En el primer semestre del actual gobierno de Veracruz, la prensa ha sufrido 18 ataques directos contra el derecho a la información y la libertad de prensa, la mayoría provenientes de funcionarios públicos.
“Se viene fuerte y difícil; las expectativas son de crecimiento, pero no al nivel deseado, lo fuerte o pesado es con relación a un año que tendrá un proceso político, y eso hará ruido en las políticas públicas que aplicará el gobierno a presente y futuro”, reveló el doctor Samuel Bernal Lara.
Escrito por Redacción