La obstinación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por restablecer el dominio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado energético nacional abrió el riesgo de penalizar a México con millonarias sanciones económicas de los países socios firmantes de América del Norte.

Sin considerar los lineamientos constitucionales en materia de energía, vigentes desde 2013-2014, ni los acuerdos de libre comercio adoptados en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), expedido en 2020, AMLO ha provocado que los gobiernos estadounidense y canadiense demanden la activación del mecanismo de solución de controversias previsto en este convenio.

Ante la obstinación por mantener su política en materia de energía y sus frágiles argumentos para justificar el incumplimiento, especialistas como Idelfonso Guajardo, exjefe negociador mexicano del T-MEC, han advertido que si se pierde “el pleito”, el posible costo para México oscilaría entre 10 mil y 30 mil millones de dólares (mdd).

Estos pagos devendrían de la aplicación de impuestos a las exportaciones mexicanas a modo de sanción por incumplimiento; además de que la consultora Bloomberg-NEF destacó que más de 22 mil mdd en inversiones internacionales asentadas en territorio nacional estarían “en peligro de fuga” del país.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, declaró, el pasado 24 de julio de 2022, que el costo podría ascender a 30 mil mdd; pero la única respuesta del Presidente consistió en minimizar el riesgo durante una de sus conferencias mañaneras con una pieza de música del compositor tabasqueño Chico-Ché.

“Este problema no existiría si se cumpliera con lo que funcionarios de este mismo gobierno acordaron en la renegociación del tratado comercial entre los tres países. Esto sienta un muy mal precedente para nuestro país y pone en duda la reputación de México”, agregó el coordinador de los diputados federales panistas.

Entre las exportaciones mexicanas más afectadas estarían precisamente las de mayor calado, como son las fábricas internacionales de automóviles, autopartes y otros artículos, que producen al menos 80 por ciento de lo que México vende en el exterior.

Además, el país mantiene una dependencia hacia EE. UU. de casi la mitad en la importación de productos alimenticios, entre los que destacan el maíz, trigo, leche en polvo y derivados, soya, así como carnes de cerdo, bovinos y aves.

A las posibles reacciones legales habrá que agregar la inconformidad de otros gobiernos, entre ellos los que integran la Unión Europea (UE), entre ellos Inglaterra, Francia y España, con los que están vigentes acuerdos de libre comercio desde el año 2000 y que se han visto afectados por la política económica de AMLO.

“Si se concluye que México está violando el T-MEC, luego vienen las demandas en todos los demás tratados; hay con Europa, con los asiáticos; creo que es muy probable que estén esperando el resultado del mecanismo de solución de controversias”, dijo a buzos el analista y consultor en industria de la energía, David Shields.

El especialista reveló que el principal riesgo de la controversia deriva de la posición del Presidente: “creo que el temor es que no ceda en nada y que persista en su argumentación de rechazar cambios en su política de energía e insista en que está defendiendo el petróleo de los mexicanos, aunque en realidad las inconformidades de los socios están enfocadas en las garantías para la libertad en el comercio y la competencia entre empresas de los tres países”.

Idelfonso Guajardo, exjefe de negociaciones del T-MEC durante el sexenio pasado, ha indicado que la propiedad del petróleo y la libertad para aprobar leyes no son cuestionadas por EE. UU. y Canadá, sino las violaciones al acuerdo en materia de libre comercio y competencia económica.

Argumento sin sustento legal

El argumento central del Presidente se apoya en el Capítulo 8 del T-MEC, introducido durante la negociación de éste por su representante Jesús Seade, para que, en el acuerdo, se destacara que la nación mexicana es dueña de los recursos naturales de su subsuelo, como el petróleo, que el Estado mexicano es libre para hacer las modificaciones legales necesarias, tal como se asienta en la Carta Magna.

Consultada por buzos, Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), señaló: “no hay argumentos sólidos para una defensa de México; el gobierno ha mencionado principalmente el tema del Capítulo 8, de la soberanía de los hidrocarburos, particularmente del subsuelo; y eso definitivamente no es justificación para las violaciones que EE. UU. señala en su petición de consultas”.

Sobre las repercusiones negativas para el país, la especialista informó que “es algo que se puede evitar si alcanzamos un acuerdo en el proceso de consultas o en el panel; y aun si el panel llegara a un resultado que diga que México sí está violando disposiciones del Tratado, México tiene ahí una oportunidad de ajustar su política económica y acatar lo que viene en el Tratado. Ahí todavía hay una oportunidad para que evitemos repercusiones.

“En el caso de que México no ajuste su política energética a lo que se necesita para poder acceder a los beneficios del Tratado, ahí es en donde ya entraríamos en un tema de repercusiones y tal vez incrementos en aranceles (aumento de impuestos a las exportaciones mexicanas) o quitar beneficios del Tratado”, explicó la experta del IMCO.

Si se aplican sanciones, el primer afectado –indicó Gutiérrez– sería el sector de energía, pero también otros como el manufacturero de exportación, tal como el armado de autos, lo que implicaría una reducción en su crecimiento y la pérdida de empleos. Otras áreas afectadas serían la agrícola, el comercio de alimentos y el transporte internacional de mercancías.

El mecanismo para solucionar controversias está descrito en el Capítulo 31 del T-MEC con sus etapas y duración. La primera se inicia con la petición formal de consultas para dialogar sobre las inconformidades y buscar una solución. Ésta debe empezar después de 30 días de la presentación de la solicitud respectiva, que, en este caso, se efectuó el 20 de julio de 2022, por lo cual el plazo vence el 20 de agosto.

Este diálogo tendrá una duración máxima de 75 días para conseguir un arreglo; que si no se da vertería en la instalación de una comisión de conciliación, en la que participarían mediadores o árbitros elegidos por los representantes de los tres países integrantes del T-MEC para integrar un Panel de Solución de Controversias.

Este panel tendría un plazo de hasta 150 días para realizar sus trabajos; luego, después de 30 días más, elaborar un reporte final con conclusiones y recomendaciones que servirían como base de las acciones a ejecutar.

Las inconformidades

Inconformes con la administración de las industrias energéticas de AMLO, los gobiernos de EE. UU. y Canadá consideraron que ésta es violatorio de los términos del T-MEC. Lo hizo el presidente estadounidense Joseph Biden a través de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., que el 20 de julio pasado presentó una solicitud al gobierno mexicano para “iniciar consultas”.

El gobierno de Canadá envió, ese mismo día, su propia solicitud de inicio de consultas a su contraparte mexicana, igualmente inconforme con los cambios introducidos por el presidente mexicano.

Esas acciones no coinciden con las obligaciones de México pactadas en el T-MEC en ningún sentido, declaró Mary Ng, ministra canadiense de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional por medio de su portavoz, Alice Hansen.

En un documento informativo oficial emitido por la representación comercial de EE. UU., a cargo de Katherine Tai, se expone: “Las consultas se relacionan con ciertas medidas de México, que socavan a las empresas estadounidenses y la energía producida en los EE. UU. a favor de la empresa eléctrica estatal de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

Entre las medidas gubernamentales impugnadas está la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, de marzo de 2021, que otorga la preferencia a la electricidad producida por la CFE frente a los competidores privados; y el incumplimiento del compromiso mexicano ante el Acuerdo de París para eliminar de manera paulatina el uso de combustibles altamente contaminantes, como carbón y combustóleo, con los que funcionan generadoras de electricidad de la CFE.

También denuncian retrasos, denegación, modificación e inacción en el trámite de solicitudes de nuevos permisos para la operación de plantas de energía renovable, eólica y solar, así como para la importación, almacenamiento, transvase de combustibles, construcción y apertura de estaciones de servicio, tal como gasolineras.

En su solicitud para iniciar una solución de controversias sobre el T-MEC, Katherine Tai, detalla así las violaciones al USMCA, como se le conoce al tratado en EE. UU. y Canadá: “Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el USMCA.

“Estos cambios de política afectan los intereses económicos de EE. UU. en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable. Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México”.

Otros tratados vigentes

Además del Tratado de Libre Comercio con América del Norte TLCAN, expedido en 1994, convertido en T-MEC a partir de 2020, el país tiene vigentes otros 14 tratados de libre comercio con 28 países europeos a través del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM-2000), entre los que se hallan socios comerciales relevantes.

Al amparo del T-MEC y de la reforma constitucional en materia de energía 2013-2014, corporaciones estadounidenses trabajan en México, como las gasolineras ExxonMobil, Chevron, Gulf Oil y Petro 7 (Seven-Eleven). Entre las europeas destacan British Petroleum (BP), de Reino Unido, y la inglesa-holandesa Shell; la Total de Francia y las españolas Repsol, en el ámbito petrolero, e Ibedrola en el sector eléctrico.

Luego de obtener la mayoría de votos en la elección presidencial del 1° de julio de 2018, el entonces presidente electo AMLO designó al economista Jesús Seade Kuri como representante del gobierno entrante (2018-2024) para las renegociaciones del T-MEC, encabezadas por un equipo mexicano designado por el gobierno saliente. Desde el ocho de septiembre de 2021, Seade Kuri es embajador de México en China.

Tras concluir la renegociación, cuyas conclusiones fueron revisadas y avaladas por Seade, en el último día de su mandato, el 30 de noviembre de 2018, Peña Nieto, el entonces presidente estadounidense Donald Trump y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, presentaron el T-MEC en la reunión de presidentes del G-20 realizada en Buenos Aires, Argentina, durante el foro internacional integrado por gobernantes y presidentes de bancos centrales o nacionales de una veintena de países.

El 30 de mayo de 2019, el Presidente entregó el documento del T-MEC al Senado, con presencia mayoritaria de Morena, el cual fue aprobado el 19 de junio de ese mismo año y entró en vigencia el 1° de julio de 2020. El ocho de julio, AMLO y Trump celebraron la activación de la versión nueva del tratado comercial.

En ese periodo, sin embargo, nadie se imaginaba que AMLO tenía bajo la manga una interpretación propia del Capítulo 8 del T-MEC; y que “esta liebre” saltaría a la palestra para generar una controversia que podría resultar demasiado costosa para la economía mexicana.

Idelfonso Guajardo solo recuerda, al respecto, que en una ocasión Seade Kuri pidió una reunión para discutir este tema con los demás miembros del equipo mexicano para “negociar algo distinto”; y ninguno objetó su propuesta en el T-MEC porque contribuía correctamente a lo establecido en la Constitución, incluida la reforma energética de 2013-2014.

Durante esas negociaciones, en las que los estadounidenses pidieron que estuviera todo el equipo mexicano, se acordó eliminar las menciones sobre la industria de la energía, incluidas las que figuraban en apartados del TLCAN-1994, y se creó un Capítulo 8 sobre el tema en el T-MEC.

A petición de Seade, se plasmaron dos párrafos que solo ratifican lo que ya advierte la Constitución sobre la propiedad de los hidrocarburos existentes en el subsuelo mexicano y en cuanto a su facultad de introducir cambios en sus leyes nacionales.

Guajardo explicó que la propiedad de los bienes naturales en el subsuelo mexicano y la facultad mexicana de cambiar sus leyes jamás han estado a discusión, ni se planteó en el TLCAN-1994, porque las dos versiones del mismo acuerdo de libre comercio están enfocadas en garantizar la libertad en el tránsito de productos, inversiones privadas y servicios entre los tres países; además de garantizar que haya una abierta competencia entre sus empresas en los mercados de la energía eléctrica, gas, petróleo y sus derivados (gasolinas).