Ciudad de México.- En entrevista con Francis Martínez, titular de AC Noticias (1530 AM), el Dr. Manuel Fuentes Muñiz comparte sus impresiones respecto la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, y advierte que las adecuaciones presentadas son de las más importantes en este sector, ya que modifica el funcionamiento de las autoridades involucradas.

El académico advierte que para hacer efectiva la implementación de esta reforma, se requerirá de un presupuesto importante de la Federación, ya que se pretenden desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, para que el poder judicial sea el único responsable en materia laboral. Igualmente, se plantea que los asuntos de carácter federal recaigan en última instancia en manos del Poder Judicial de la Federación, mientras que las cuestiones de índole local, serán resueltas por los Tribunales Superiores de Justicia Local de las 32 entidades del país.

Actualmente las cifras de conflictos laborales rondan los 80 mil juicios anuales, por lo que, con la nueva disposición que obliga a los jueces encargados de estar presentes en al menos una audiencia de instrucción y una de juicio, se requerirán al menos 350 jueces que atiendan un mínimo de dos audiencias diarias para sacar adelante los temas laborales. 

Para el especialista en derecho laboral es indispensable, destacar también, la pretensión de crear un centro de conciliación y registro de sindicatos, ya que este tendrá las funciones de notificar personalmente a los patrones involucrados en un conflicto laboral para que asistan a la instancia conciliadora, de carácter obligatorio; igualmente, en esta nueva instancia se concentrará el registro de sindicatos a lo largo de la República Mexicana; además, el órgano descentralizado, tendrá la facultad de decidir si otorga o niega el registro a un nuevo sindicato.

Esta instancia, cuyo titular será designado a través de una terna que el presidente enviará al Senado, había sido diseñada en la administración pasada como un medio para controlar los sindicatos. Finalmente, este organismo concentrará, además, la totalidad de los contratos colectivos de trabajo que se celebren en territorio mexicano.

El ex consejero de la Comisión de Derechos, reiteró que, debido a la creación de los centros de conciliación, el centro de registro de sindicatos, el registro de contratos de trabajo, los tribunales laborales locales y federal, así como el establecimiento de la consulta, personal y secreta, a los trabajadores para la modificación de contratos colectivos; esta reforma representa un reto para los centros de trabajo en México, que rondan el millón.

De acuerdo con Manuel Fuentes Muñiz, actualmente, las autoridades no cuentan con la capacidad necesaria de vigilancia para cerciorarse de que las consultas a los trabajadores se realizan en pleno cumplimiento de la ley. Una de las mayores condiciones que se establecieron en este tema, se dio durante la negociación del Tratado México Estados Unidos y Canadá, y advierte que la autoridad sólo podrá intervenir en caso de algún reclamo o inconformidad; esta medida pretende evitar que los líderes sindicales negocien de manera individual modificaciones a contratos colectivos.

 Penosamente esta transformación en el modelo laboral mexicano se da como consecuencia de la presión de los gobiernos de Canadá y EE. UU., en palabras del miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos: “podemos decir que el Congreso de la Unión no actuó con autonomía, sino por la decisión que, sobre todo, se impuso en Estados Unidos. El Congreso acató está recomendación, que finalmente fue como una orden”.

Para el doctor en derecho, resulta lamentable que la reforma laboral se decida por instancias externas, independientemente del beneficio que conlleven las propuestas. Igualmente, destaco que México no tiene los recursos suficientes para implementar correctamente esta reforma, por lo cual, se espera que EE.UU. brinde apoyo económico para ello.

Finalmente, el académico ansía que esta reforma no se pierda entre la teoría y los convenios e impacte en una realidad en que la justicia laboral huele a podrido.