Las multas van desde los mil 810 pesos hasta los 2 mil 262 pesos, dependerá de las faltas que registre el conductor.
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Colectivos de distintos estados acusaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de impedir la transparencia en el manejo de concesiones de agua al negarse a colaborar con las contralorías ciudadanas. A pesar de haber recibido una lista con observaciones sobre registros irregulares, usos indebidos y disponibilidad alterada del recurso, la dependencia no ha abierto canales de diálogo ni ha permitido la revisión ciudadana, lo que limita la fiscalización pública y favorece la opacidad en la gestión del agua.
Fue en noviembre de 2024 cuando las organizaciones entregaron el listado a la Conagua; sin embargo, la dependencia ha rechazado reunirse con actores civiles, académicos y técnicos que han documentado irregularidades y han pedido acceso a la información oficial; la falta de apertura, favorece la opacidad, obstaculiza la rendición de cuentas y mantiene vigentes permisos posiblemente ilegales o abusivos, aseguraron.
A través de un pronunciamiento dirigido a Efraín Morales López, titular de la dependencia, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, junto con 25 organizaciones defensoras del líquido, exigieron respuestas públicas al por qué aún no se ha transparentado la lista de concesiones irregulares y por qué se ha postergado el registro del título de derechos al agua del pueblo Yaqui, acordado desde 2022 con otras instancias federales.
Las organizaciones también cuestionan la exclusión de comunidades, especialistas e investigadores en los planes de saneamiento de ríos como el Atoyac y el Tula, a pesar del conocimiento acumulado por años en esos territorios.
Finalmente, los colectivos urgieron la necesidad de sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales por una nueva Ley General de Aguas que garantice justicia hídrica y participación comunitaria.
Las multas van desde los mil 810 pesos hasta los 2 mil 262 pesos, dependerá de las faltas que registre el conductor.
Con cara de “What?” se quedó el actor invitado Richard Gere ante la rechifla.
Pese al incremento presupuestal de sólo 1.8 por ciento previsto para 2026, varias instituciones no cuentan con los recursos necesarios para cumplir estas obligaciones antes del 20 de diciembre.
Fue detectada a inicios del año 2000; desde entonces ha evolucionado y ahora utiliza inteligencia artificial para clonar la voz del supuesto empleador.
Documentos de la FGR describen reuniones aéreas, sociedades fantasma y sobornos.
Elementos de la Secretaría de Marina mexicana acudieron al sitio y se mantuvieron en observación, sin intervenir directamente.
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Ambos casos se suman a la lista de funcionarios mexicanos a los que Washington ha revocado permisos para ingresar al país.
Disminuye el número de sesiones; pero, aumenta el número de jóvenes con la obligación de cumplir.
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Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
El aumento en pensiones acelera la saturación del gasto obligatorio y reduce en rubros prioritarios.
Entre las principales irregularidades destacan la asignación unilateral de plazas y ascensos sin respetar la antigüedad ni la participación del sindicato.
El alza salarial mejora el poder de compra, aunque introduce riesgos para inflación y actividad económica.
Se busca que en 2027 la jornada se reduzca a 46 horas semanales, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 y finalmente, en 2030, alcanzará las 40 horas.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.