La propuesta surge en un contexto donde la tasa de informalidad laboral alcanzó 54.8 por ciento en agosto de 2025, lo que representa 32.6 millones de personas.
Nacional
Acusan a Conagua de ocultar permisos irregulares y bloquear vigilancia ciudadana
Los colectivos urgieron la necesidad de sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales por una nueva Ley General de Aguas que garantice justicia hídrica y participación comunitaria.
Colectivos de distintos estados acusaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de impedir la transparencia en el manejo de concesiones de agua al negarse a colaborar con las contralorías ciudadanas. A pesar de haber recibido una lista con observaciones sobre registros irregulares, usos indebidos y disponibilidad alterada del recurso, la dependencia no ha abierto canales de diálogo ni ha permitido la revisión ciudadana, lo que limita la fiscalización pública y favorece la opacidad en la gestión del agua.
Fue en noviembre de 2024 cuando las organizaciones entregaron el listado a la Conagua; sin embargo, la dependencia ha rechazado reunirse con actores civiles, académicos y técnicos que han documentado irregularidades y han pedido acceso a la información oficial; la falta de apertura, favorece la opacidad, obstaculiza la rendición de cuentas y mantiene vigentes permisos posiblemente ilegales o abusivos, aseguraron.
A través de un pronunciamiento dirigido a Efraín Morales López, titular de la dependencia, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, junto con 25 organizaciones defensoras del líquido, exigieron respuestas públicas al por qué aún no se ha transparentado la lista de concesiones irregulares y por qué se ha postergado el registro del título de derechos al agua del pueblo Yaqui, acordado desde 2022 con otras instancias federales.
Las organizaciones también cuestionan la exclusión de comunidades, especialistas e investigadores en los planes de saneamiento de ríos como el Atoyac y el Tula, a pesar del conocimiento acumulado por años en esos territorios.
Finalmente, los colectivos urgieron la necesidad de sustituir la actual Ley de Aguas Nacionales por una nueva Ley General de Aguas que garantice justicia hídrica y participación comunitaria.
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