Los vehículos que circulen por vías de acceso controlado sin autorización enfrentan multas de 200, 400 o 600 veces la UMA.
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Al anunciar que ya interpusieron amparos ante el Tribunal Federal de Justicia, representantes de 2 mil 800 permisionarios de taxi del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron este lunes una oleada de actos de corrupción, violencia de género, y prácticas monopólicas de parte de las áreas jurídica y operativa de ese aeropuerto.
En conferencia de prensa, las agrupaciones de taxistas como Comfort, Nueva Imagen, Sitio 300 y T&M movilidad acusaron la imposición de una empresa boletera de nombre Sociedad de Permisionarios en Aeropuertos y Servicio Auxiliares (SPASA), la cual no tiene experiencia ni las herramientas tecnológicas, ni el respaldo del gremio para operar, y a la que han concedido adjudicaciones directas, violando la Ley Federal de Competencia Económica.
Los taxistas, en su mayoría mujeres, afirman ser víctimas de atropellos y violaciones a sus derechos de parte de funcionarios como Mario Sánchez Becerra y José Luis Martínez Colina, subdirector de Terminal y Transporte Terrestre y el director de Asuntos Jurídicos del AICM, respectivamente. Además ellas los acusan por violencia de género.
También exigieron que Sánchez Becerra y Martínez Colina sean destituidos por amenazarlos y de estar involucrados en presuntos fraudes contra los concesionarios (les achacan deudas de forma irregular a pesar de que tienen facturas del AICM) y empresas de taxis.
“Actualmente hay seis empresas que han fraguado para desfalcar a los permisionarios. Sin embargo, el director jurídico dice encajonamos a esas empresas que están bajo el marco de la ley, porque yo ya me decidí por una empresa que nadie conoce y que va en contra de las sugerencias de la Cofece. Esa es la razón por la que pedimos que se quite a este funcionario”, exigieron.
Los vehículos que circulen por vías de acceso controlado sin autorización enfrentan multas de 200, 400 o 600 veces la UMA.
Debido al siniestro, el servicio del Mexicable fue interrumpido en la estación San Andrés de la Cañada, Línea 1.
Rigoberto N fue presentado ante la autoridad ministerial para determinar su situación legal.
En estos días, el cempasúchil tiene un precio de entre 20 y 60 pesos por pieza, una maceta mediana cuesta de 35 a 60 pesos.
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El edil recibió al menos cinco disparos frente a su domicilio.
Afectará a las costas de Yucatán.
Se le acusa de desvíos de recursos por más de 13 millones de pesos durante su administración.
La ayuda está canalizada a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
Las acusaciones abarcan un posible desvío de casi 800 millones de pesos, el cual fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cuentas del ejercicio 2019.
Este plan, aprobado el 30 de septiembre de 2025, busca modernizar la infraestructura vial del país bajo el eje de movilidad inteligente.
El nuevo marco jurídico elimina el carácter productivo de las empresas y las somete a la dirección de la Secretaría de Energía.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera