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Tras 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo dos Congresos locales, el de Sonora y el de Coahuila, han creado comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con el Covid-19. En el caso de Coahuila el acuerdo publicado no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos.
Transparencia Mexicana y Tojil elaboraron un mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria puesta en marcha por algunos gobiernos locales denominado Susana Vigilancia. Sumaron la Unidad para la Transformación de los Congresos locales (U-TRAC).
Analizaron las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia.
Con la emergencia sanitaria, han comparecido funcionarios federales y estatales ante el congreso federal y locales. En el plano federal, ni el Senado ni la Cámara de Diputados han creado comisiones especiales de seguimiento al gasto o responsabilidades durante la pandemia.
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos, pero hasta el día lunes 22 de junio, no había sido aprobado por el pleno. Aunque los y las legisladoras se han pronunciado en sendos comunicados y redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos, no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna para hacerlo.
La U-TRAC recordó que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes. En nuestro país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como los Congresos estatales, tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país.
Para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes. Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados.
La Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines, señalaron en un comunicado.
Las Comisiones Especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público. El resultado de la investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo. Por su naturaleza plural constituyen un espacio para integrar diferentes perspectivas de los partidos políticos que integran el Congreso.
Para la integración de las Comisiones Especiales en el Congreso de la Unión, la Junta de Coordinación Política deberá tomar en cuenta la conformación del Pleno y mantener su representación proporcional.
Los afectados son nuevamente las clases más pobres, quienes ahora deberán gastar más dinero, más tiempo para llegar a sus trabajos en un ambiente de caos por el transporte y más riesgos de contagio por Covid-19.
“Estamos recibiendo una persecución política por criticar al gobierno (de Miguel Barbosa), por decir la verdad, por manifestar nuestro punto de vista".
Los datos oficiales del INEGI confirman que casi 70 millones de mexicanos no ganan un sueldo suficiente para adquirir la canasta básica.
¿Estamos a tiempo de aprender de la lección china? ¿está el gobierno federal dimensionando los efectos colaterales de una reacción en cadena?
Tras la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente nombró a Arturo Herrera como nuevo funcionario de la actual administración.
Hoy, los candidatos a puestos de representación popular son verdaderos rufianes que confían en que los ciudadanos son ignorantes y de memoria corta.
Los hogares en condición de pobreza en zonas urbanas serían los más afectados.
Y en medio de tan dura y dolorosa situación, al presidente López Obrador se le ocurre salir con la frasecita hueca de “prohibido prohibir” para justificar su negativa a ordenar el confinamiento forzoso.
Las dependencias locales no han informado si disponen de las condiciones para el regreso seguro a clases presenciales.
Son unos 75 mil estudiantes de todo el país los que solicitan les sea entregada la beca, el cual incluye a estudiantes de secundaria, preparatoria, y nivel superior.
Normalistas sostienen que el Jefe del Ejecutivo continúa mintiendo sobre lo sucedido en Iguala hace casi 10 años.
Siendo un erudito, no cae en lo escolástico; como líder social enriquece sus ideas pulsando constantemente el sentir popular.
Pero es falso que la austeridad se deba al combate a la corrupción: eso lo desmienten tantos casos de escándalo en las altas esferas gubernamentales.
“Esta es una reforma penal que criminalizará” a los contribuyentes, personas morales y físicas, sin distinción alguna: senadora
De aprobarse la reforma, la Guardia Nacional pasará a la Sedena.
Protestan locutores y artistas del doblaje contra la IA
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Tormenta con granizo azota a la CDMX
Protestan contra invasores de predios vinculados a legisladora de Morena, como Dolores Padierna
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Escrito por Redacción