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Tras 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo dos Congresos locales, el de Sonora y el de Coahuila, han creado comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con el Covid-19. En el caso de Coahuila el acuerdo publicado no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos.
Transparencia Mexicana y Tojil elaboraron un mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria puesta en marcha por algunos gobiernos locales denominado Susana Vigilancia. Sumaron la Unidad para la Transformación de los Congresos locales (U-TRAC).
Analizaron las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia.
Con la emergencia sanitaria, han comparecido funcionarios federales y estatales ante el congreso federal y locales. En el plano federal, ni el Senado ni la Cámara de Diputados han creado comisiones especiales de seguimiento al gasto o responsabilidades durante la pandemia.
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos, pero hasta el día lunes 22 de junio, no había sido aprobado por el pleno. Aunque los y las legisladoras se han pronunciado en sendos comunicados y redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos, no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna para hacerlo.
La U-TRAC recordó que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes. En nuestro país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como los Congresos estatales, tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país.
Para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes. Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados.
La Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines, señalaron en un comunicado.
Las Comisiones Especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público. El resultado de la investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo. Por su naturaleza plural constituyen un espacio para integrar diferentes perspectivas de los partidos políticos que integran el Congreso.
Para la integración de las Comisiones Especiales en el Congreso de la Unión, la Junta de Coordinación Política deberá tomar en cuenta la conformación del Pleno y mantener su representación proporcional.
En el primer semestre de 2020, La Paz fue considerado foco rojo en la Zona Metropolitana de la CDMX, porque concentró el mayor índice delictivo de robos con violencia.
Manuel López Obrador “tiene que acatar en sus términos” la orden de un Tribunal federal de prohibir la ejecución de obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
Basta echarle una ojeada rápida al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se envió a la Cámara de Diputados, para darse cuenta que el contenido no es más que las promesas de campaña de AMLO.
Frente a esta cuádruple crisis, el gobierno de Morena evade su responsabilidad. En un insulto a la inteligencia, reitera que vamos muy bien y culpa al pasado, a “los de antes”.
El Presupuesto de Egresos de la Federación del año que entra (PEF2021) no prevé ningún incremento real en el gasto destinado a las instituciones de educación superior y se limita a ajustar el de 2020 con el alza de la inflación prevista (3.4 por ciento).
La sesión tuvo una duración de aproximadamente nueve horas.
Todo indica que la política fiscal de AMLO será la misma: enfocada a comprar conciencias y votos para que Morena gane las elecciones en 2024; y, como los gobiernos anteriores, ignore los problemas del país.
Los diputados de Morena se apoderaron de este cabo suelto y de la distracción pública generada por la emergencia sanitaria.
De acuerdo con analistas de Banco Base, los mexicanos terminarán más pobres que en 2018.
La alcaldesa pertenece al mismo partido que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
Todos aquellos que tienen ambiciones políticas legítimas, prestigio popular y capacidad de convocatoria, pero no pertenecen a Morena, corren el peligro de ser calumniados, enjuiciados y encarcelados.
“Es una soberana tontería descalificar la prueba Pisa con el argumento de que es neoliberal. El nivel educativo de un país es resultado de políticas públicas que ofrezcan igualdad de oportunidades, algo en lo que ha fracasado escandalosamente este gobierno”, señaló Jesús Zambrano.
Desdeñar el crecimiento económico puede ser un error que no solo afecte a los mexicanos, sino que sea el motivo para que el gobierno de la 4T se encamine a la ruina política; por eso mismo éste debería pensar seriamente en reorientar la inversión.
“La magnitud de las remesas hace patente el fragilidad y fallas del modelo económico aplicado durante los últimos 50 años"
Sandra Cuevas destacó que es urgente realizar acciones de mantenimiento y rehabilitación de Unidades Habitacionales.
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Escrito por Redacción