El retiro de policías comunitarios en varias carreteras del estado de Guerrero ha recrudecido la violencia y ha generado incertidumbre en la población de varias regiones. En Tierra Caliente, región asolada por grupos delictivos que provocan el desplazamiento de familias enteras, el último hecho de violencia se registró el 18 de marzo, cuando personal del 35º batallón de infantería del Ejército y la policía estatal fueron emboscados por un grupo criminal en las cercanías de la comunidad El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán, con un saldo de cinco delincuentes abatidos, dos militares muertos y dos heridos.

Durante una visita que las autoridades del estado realizaron a esta región, las poblaciones afectadas solicitaron a los gobiernos Federal y estatal que cambiaran su estrategia de seguridad porque no está funcionando, inclusive es más sangrienta en Tierra Caliente.

A principios de este mes, transportistas, comerciantes y grupos de la sociedad civil encabezados por la Policía Comunitaria Tecampanera marcharon en el municipio de Teloloapan con la demanda “Queremos paz”, y para exigir la reposición de los retenes de seguridad que, desde hacía ocho años, brindaban protección a la gente en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.

Cientos de pobladores se concentraron en el monumento Tecampa y Na, ubicado en la vía federal, casi en la salida a Ciudad Altamirano; y ahí, con playeras blancas y cartulinas con el mensaje arriba citado, acompañados de policías comunitarios desarmados, iniciaron una marcha que concluyó en un mitin en el centro de Teloloapan, donde las personas de la sociedad civil y empresarios agradecieron la presencia de integrantes de la Policía Tecampanera.

Éstos subieron al templete con armas de diferentes calibres; y uno de ellos declaró que desde su llegada a Tecoanapa y sus más de 100 comunidades viven en paz; aunque en los límites de Apaxtla hay zonas donde existe tensión. “En Teloloapan queremos que prevalezca la paz. En todo el estado la situación está muy delicada. Guerrero está convulsionándose precisamente porque no hay seguridad”, afirmó otro de los oradores.

Los Bayados, pueblo desplazado

En Los Bayados, comunidad serrana que forma parte del ejido San Antonio de las Tejas, municipio de Ajuchitlán del Progreso, también de la región Tierra Caliente, sus habitantes solicitaron ayuda del Gobierno Federal y estatal mediante redes sociales, porque un grupo delictivo los obligó a huir después de darles un plazo de 24 horas para abandonarlo.

“Cuando escuchamos detonaciones de un enfrentamiento en el punto conocido como Las Golondrinas, una de las entradas principales a la comunidad, nos dio miedo y abandonamos la comunidad con lo que pudimos agarrar, pensando solo en ponernos a salvo”, lamentó uno de los 246 habitantes desplazados, de los cuales 70 son menores de edad, seis adultos mayores y dos personas con discapacidad que no tienen adónde vivir.

Algunos se refugiaron con familiares o conocidos en Tecpan y otros municipios de la Costa Grande. “No tenemos nada. Somos gente que solo quiere vivir en paz; y ahora no tenemos ni qué darles a nuestros hijos. Perdimos todo, nuestras tierras, nuestras casas y medios de vida. Ya no encontramos nada, ni siquiera pudimos despedirnos de nuestros muertos, hasta ese derecho perdimos”, denunciaron y solicitaron apoyo a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.

El respaldo que piden los inconformes consiste en que el gobierno genere las condiciones de seguridad adecuadas para que puedan sacar las cosas que dejaron en Las Golondrinas, les proporcione despensas con las que puedan sobrevivir y les otorgue becas de estudio a sus hijos, para que éstos puedan tener un futuro mejor. Informaron que en su municipio hay más comunidades desplazadas, pero que desconocen cuántas son y adónde huyeron sus habitantes.

También señalaron que, desde hace muchos años, Los Bayados ha sido olvidado por las autoridades estatales; que no tiene médicos; había un solo maestro para atender niños de primaria y secundaria; que los habitantes mayores, pese a las carencias, vivían en paz cultivando aguacate, durazno y maguey, ya que heredaron el conocimiento del mezcal artesanal.

La comunidad nunca se ha inmiscuido en los conflictos que por años han prevalecido en la región; pero ante la amenaza de que su localidad pudiera verse afectada debido a que geográficamente se hallan en medio de una disputa entre grupos criminales, optaron por abandonar su pueblo con sus animales, dejando atrás tierras, casas y enseres domésticos.

La “telesecundaria” de Ayahualtempa

En la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), pobladores encabezados por integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), marcharon, en un hecho inédito, sobre la calle principal para denunciar las pésimas condiciones en que estudian 60 adolescentes indígenas de la telesecundaria Independencia de México, creada en septiembre de 2022:

Las estudiantes utilizan rocas como asientos, algunos usan cajas de madera a modo de escritorio y reciben clases bajo la sombra de varios árboles… esta telesecundaria se ubica a 95 kilómetros de Chilpancingo, en un área regional donde la población es predominantemente indígena y los hechos de violencia criminal son frecuentes.

Durante su marcha de protesta, que se realizó después de que los menores recibieron sus habituales clases cotidianas –obviamente sin pizarrón, butacas, útiles escolares, sanitarios ni servicios básicos– recordaron al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que durante su campaña anunció el compromiso de mejorar la infraestructura de las escuelas públicas del país.

“Pedimos al Presidente de México la construcción de nuestra escuela secundaria. Estamos muy involucrados con la nueva escuela mexicana para una educación digna; sin embargo, hay lugares que no tienen ni una butaca, ni un pizarrón; las condiciones no son óptimas para dar clases. Algunos alumnos buscan piedras grandes para sentarse, no tienen útiles escolares, nuestra petición va dirigida a AMLO porque él ha dicho que la educación es fundamental para el país”, denunció Nayeli Coctecón, docente del plantel.

En la telesecundaria estudian 32 niños de primer grado, 12 de segundo y 16 de tercero. Hay también tres maestras y un director académico que no disponen de escritorios, sillas ni de ningún material didáctico. Los pobladores insistieron en que su movilización se realizó para exigir que se construya una escuela digna donde al menos haya una sola aula, según el compromiso que las autoridades estatales contrajeron el año pasado; ya que se han registrado casos de insolación y picaduras de alacrán, porque los alumnos estudian a la intemperie.

En algún momento, la comunidad de Ayahualtempa adquirió fama nacional porque, en junio de 2019, la CRAC difundió imágenes mediante redes sociales, en las que aparecen 19 niños armados formando un contingente de policías comunitarios, lo cual motivó que las autoridades se comprometieran a brindarle mayor atención. Sin embargo, a cuatro años de los compromisos asumidos por el gobierno estatal, la mayoría de las propuestas no se han cumplido, en especial lo que concierne a la materia educativa. “No quieren que los niños y jóvenes se armen, pero no brindan condiciones para que puedan seguir estudiando de manera digna”, reclamaron.

UPOEG y FUSDEG, ¿en decadencia?

La Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) surgieron como grupos de autodefensa al final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en plena ofensiva “teórica” gubernamental contra el crimen organizado.

La reciente captura de uno de los líderes de la UPOEG muestra su decadencia y abre interrogantes sobre el futuro de la seguridad en Guerrero. En una carretera del estado de Puebla fue detenido David Barrientos, El Deivi, uno de los autoproclamados líderes de autodefensas en Guerrero; mientras conducía un vehículo de lujo, portaba un arma calibre 380, cartuchos y, según los agentes, decenas de bolsas repletas de metanfetamina.

Esta detención cuestionó nuevamente a algunos de los grupos de autodefensa por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Barrientos fue el último de los comandantes de la UPOEG en ser capturado por la justicia; pues en junio del año pasado fue detenido Jesús Calleja, líder del grupo en la región Costa Chica, con otros siete policías comunitarios; en agosto cayó el fundador y líder del grupo, Bruno Plácido, por robo, y horas después fue liberado; en septiembre fue detenido José Manuel Lorenzo, El Chato.

El Deivi había provocado una de las escisiones de la UPOEG en años pasados y fundó, con Salvador Alanís, el FUSDEG, que a mediados de la década anterior tuvo una fuerte presencia en El Ocotito y Tierra Colorada. Hoy, este grupo está prácticamente desaparecido.

Las autodefensas surgieron como respuesta a la violencia que sufría el estado ante el empuje de grupos criminales. En Guerrero, la UPOEG surgió en la sierra de la Costa Grande, específicamente en el municipio de Ayutla, como una escisión de una vieja policía comunitaria: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC), nacida en 1990.

Desde el inicio de la presente administración estatal, encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado, los choques entre las autoridades estatales y los grupos de autodefensas han sido constantes.

Carreteras sin retenes de PC

Durante 10 años, de 2013 a finales del año pasado, la carretera federal México Acapulco tenía retenes de civiles armados desde el Rincón de la Vía, Buenavista, El Ocotito y Tierra Colorada; pero a principios de este año iniciaron los operativos para quitar a los integrantes de la UPOEG, CRAC-PC y FUSDEG de las vías de comunicación, y colocar en su lugar a miembros de la Policía del estado, la Guardia Nacional y el Ejército.

Durante el periodo de sustitución 14 civiles fueron detenidos sin enfrentamientos; se les aseguraron armas y algunas dosis de droga, sin que se registraran conatos. Desde 2013, ese tramo carretero estuvo en poder de tres grupos de civiles armados; unos mil hombres llegaron ese año a Tierra Colorada, liderados por Bruno Plácido Valerio, principal dirigente de la UPOEG.

Entonces, el comercio del municipio estaba sometido por la delincuencia organizada y el arribo de las autodefensas fue bien recibido por los lugareños. A finales del mismo año, el movimiento se extendió hacia los pueblos del valle de Chilpancingo, como El Ocotito, Buenavista de la Salud, Dos Caminos, Cajeles, Cajelitos, Rincón de la Vía y Mohoneras.

Un año después, en 2014, tras la confrontación interna, la UPOEG se dividió y surgió el FUSDEG, cuya base social se estableció principalmente en Tierra Colorada; y desde entonces UPOEG, FUSDEG y CRAC-PC mantuvieron retenes en la carretera federal México-Acapulco, sobre todo en el tramo que comunica a Chilpancingo con el puerto.

A principios de este año, integrantes y simpatizantes de la UPOEG salieron a protestar por las detenciones de miembros de su grupo y bloquearon calles y carreteras para presionar a las autoridades con el objetivo de que liberaran a sus compañeros. En el caso de David Barrientos, pobladores de El Ocotito, comunidad ubicada a mitad del tramo Chilpancingo-Acapulco, cerraron la carretera federal que une a la capital con el puerto.

Aunque algunos pobladores dicen que los retenes de policías comunitarios les brindaban seguridad, para otras personas y para los automovilistas, la situación no era nada agradable porque la presencia frecuente de grupos fuertemente armado “sí da temor”.

El Gobierno Federal tomó el control de los sitios antes vigilados por las autodefensas en los municipios de las regiones Costa Grande, Norte y Tierra Caliente, lo cual causó zozobra entre sus habitantes, que exigen su restitución porque Guerrero está en constante convulsión por la violencia criminal y porque su propuesta de seguridad ha resultado fallida.

En la entidad sureña, los grupos delictivos dejan estelas de terror, muertos, huérfanos y desplazados; para muchos lugareños, los policías de autodefensa lograron atenuar estos azotes, a diferencia de lo que ocurre actualmente en Tula, municipio de Chilapa de Álvarez, donde las bandas del crimen organizado sostienen una guerra sin fin día y noche, con lo que provocan espanto continuo en toda la población.

Las autoridades federales y estatales, ambas de Morena, afirman que su estrategia de seguridad está dando resultados positivos; pero los asesinatos, las desapariciones forzadas y las familias desplazadas están a la orden del día y han aumentado después del retiro de retenes que los grupos de autodefensas instalaban en las carreteras.

En Guerrero hay cientos de familias que se ven obligadas a abandonar sus pueblos sin llevar sus pertenencias más indispensables; mientras autoridades de los tres niveles de gobierno no hacen nada efectivo para frenar un flagelo que arrasa con niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores. Para estas personas, las autodefensas son un grito desesperado frente a una larga historia de violencia, asedios, pobreza y abandono oficial.