El pasado nueve de septiembre se desató la “guerra” entre dos grupos de la delincuencia organizada en Sinaloa, que al cumplir el primer mes había causado la muerte de 202 personas y la desaparición de otras 234; desde entonces, los habitantes de Culiacán viven en un toque de queda autoimpuesto.

Hoy, los culiches viven escondidos en sus casas y no envían a sus hijos a las escuelas; los supermercados y otros negocios cierran temprano sus puertas; y los conductores de vehículos privados o públicos manejan con extremo cuidado para evitar los “ponchallantas” o verse envueltos en una lluvia de balas.

A las ocho de la noche, la capital de Sinaloa está casi vacía; las personas que aún transitan por las calles –en su mayoría trabajadores con horario vespertino– se exponen a quedar atrapados en los enfrentamientos entre delincuentes, ser perseguidos y baleados y, en el último de los casos, a ser víctimas de desaparición forzada y despojados de sus pertenencias.

A pesar de que el 10 de octubre llegaron a Culiacán 10 unidades blindadas Ocelot VERE (Vehículos de Reconocimiento) destinadas a labores de seguridad y patrullaje de vigilancia, la madrugada del 11 de octubre se reportaron “narcobloqueos” y enfrentamientos armados que provocaron varios muertos.

“Salgo a las calles con mucho miedo; muy insegura en todo momento, me siento cansada y fastidiada por no poder salir como antes y no poder tener un momento agradable... todos los días me levanto con miedo a encontrarme con un muerto o a que me asalten o simplemente me confundan con alguien y me levanten o me tiren un balazo... nos quieran robar el carro o no sé… estoy enfadada con esta situación; ya quiero que termine”, lamentó Azucena, madre de familia de Culiacán.

Los sitios con mayor número de cadáveres lucían escalofriantes; algunos cuerpos estaban calcinados, otros mutilados y con signos de tortura. Además, estos hallazgos se han mostrado también en los municipios Eldorado, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario.

“Todos los días se encuentran muertos, hay secuestros, extorsiones y robos; pero estos hechos no salen en las noticias que da la prensa”, denunció Ana, también habitante de Culiacán.

Pese a esta situación de extrema violencia cotidiana, registrada especialmente en el centro de Sinaloa, las secretarías de Educación Pública (SEP) federal y estatal no han suspendido las clases, incluso han obligado a los maestros a asistir a los centros educativos en lugar de impartir clases de manera virtual. 

Esta orden, que implica aparentar que no existe la violencia, fue dictada porque, una vez iniciado el conflicto entre los cárteles, las instituciones públicas de todos los niveles optaron por impartir clases virtualmente o a distancia, como durante la pandemia de Covid-19.

El 17 de septiembre, Catalina Esparza, quien se desempeñaba como titular de la SEP local, acudió a una secundaria para exponer que maestros y supervisores habían desatendido su orden de regresar a clases.

“La escuela luce desierta. Es una escuela secundaria de la maestra Vasilisa. No atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores, solamente para que no digan que no se vino, que sí están trabajando. Les informo que estoy yo aquí… luego dicen que es peligroso moverse. No veo por ningún lado el peligro”, publicó la funcionaria en un video mientras recorría las instalaciones de la institución.

Pero las desafortunadas palabras de la exsecretaria de Educación causaron molestia en los padres de familia que, hasta el momento, desestimaron las disposiciones de las autoridades estatales y decidieron no mandar a sus hijos a clases para no exponerlos al grave peligro que perciben; incluso han interpuesto quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. 

Estudiantes de todos los niveles han vivido momentos de pánico debido a la violencia. Por ejemplo, el 24 de septiembre ocurrió una persecución a balazos cerca de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, en la colonia cuatro de marzo de Culiacán. Los niños tuvieron que tirarse al piso y meterse bajo las mesas para cubrirse de las balas.

Ese mismo día, por la mañana, se reportó el hallazgo de un hombre asesinado a 1.2 kilómetros de la Escuela Secundaria Técnica 85. La mañana del 12 de septiembre, el cuerpo de un hombre fue localizado a unos metros de una escuela secundaria en la colonia Ampliación El Barrio, en Culiacán.

“Se ha sentido mucha inseguridad, mucha incertidumbre, que ni siquiera se puede salir a pasear con la familia. Los niños no pueden ir a la escuela tampoco; por lo mismo, por el miedo de que puedan ver nuevos enfrentamientos y que por querer llevarlos a la escuela también sufran las consecuencias de todo lo que está pasando ahorita; pues más que nada es miedo”, sentenció Alberto, un padre de familia. 

Trabajadores, los más expuestos

Carlos, un alumno de bachillerato, explicó a buzos: “Yo, como alumno de preparatoria, me la he pasado un poco triste porque mis padres se arriesgan, salen a las calles a trabajar y llegan un poco noche. Cuando llego a venir de la escuela, vengo desconfiado de cualquier carro porque no es la misma confianza de antes”.

Luis, otro estudiante de preparatoria, afirmó que vive con pánico desde que comenzó el problema. “Si salgo, tengo que estar mirando todos los lados para vigilar qué carro pasa, pues lo que está pasando está muy feo. La verdad no puedo ir a la escuela, no puedo salir a ningún lado. Me da miedo por mi familia: mi papá, mi mamá, que salen a trabajar; la verdad esas cosas están muy feas porque no sé si por ahí los agarraron o algo”.

Quienes han tenido la oportunidad de abandonar la ciudad, lo han hecho; algunos fuera de Sinaloa, otros fuera de Culiacán; y algunos han decidido irse a las rancherías y sindicaturas de la capital sinaloense. Éste es el caso de Analicia, madre de familia que tiene dos niños de uno y tres años.

“Vivo en Alturas del Sur: Los primeros días no pude salir, estuve encerrada. No hubo luz, sólo se miraban hombres empistolados pasando por las calles; en las noches había balazos. Cuando pude me fui de ahí, me vine a un pueblo acá en Costa Rica. Ha estado tranquilo; pero en las noches ya nadie sale, todos encerrados; ni he podido llevar al niño al kínder”, relató a buzos.

Alturas del Sur es un fraccionamiento ubicado en esa área de Culiacán, considerada una de las zonas más violentas de la ciudad, donde hay más reportes de robo a casa habitación y de vehículos, además de violencia familiar, de acuerdo con la coordinación general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Durante esta “guerra”, las colonias y poblados con el mayor número de registros de asesinatos son El Ranchito, Alturas del Sur, Costa Rica y El Barrio, de Culiacán. Otros focos de violencia incluyen Alta Rosa, en Elota y El Palmito, en Concordia.

Además de los choques armados, los asesinatos y las desapariciones, han surgido otros delitos que no se producían en la entidad, como el secuestro exprés, la extorsión directa, la extorsión telefónica y el robo a comercio.

Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro, denunció que familiares de varios locatarios de esta zona son víctimas de secuestro exprés. En cada uno de los casos, los delincuentes exigieron un rescate de 100 mil pesos para liberar a las personas.

“Han pedido 100 mil pesos, se han pagado. Hay constancia de ello, no hay denuncias, algunos ya se fueron de la ciudad o a Estados Unidos (EE. UU.)”, reportó Sánchez, quien comentó que esta nueva ola de delitos atemoriza aún más a los ciudadanos.

“Para mí ha sido muy estresante vivir con la incertidumbre de que mi familiares estén en un lugar equivocado y les llegue a pasar algo; que mis hijos no puedan asistir a la escuela por no tener la seguridad de que regresen a casa por temor de un secuestro exprés, levantones, enfrentamientos, balas perdidas. Es muy desgastante como madre estar viviendo esa situación, ya que no contamos con la seguridad de ninguna institución gubernamental, llámese policía, tránsito, quienes son el área competente para salvaguardar el orden; y al no contar con ellos se hace aún más el caos y la psicosis que se vive actualmente en nuestra sociedad; tener que revisar las noticias diariamente para poder salir a trabajar, que no puedas realizar tus actividades por tanto temor de no regresar a casa”, añadió Heidi, maestra, madre de familia y habitante de Culiacán.

Grandes daños a la economía 

Sergio Álvarez Torres, presidente de la Cámara Nacional de Servicios e Industria de la Transformación (Canacintra), advirtió que la crisis de violencia delictiva está afectando al comercio, porque algunas empresas ya decidieron cerrar o sólo vender en línea.

“Hemos tenido cuantiosas pérdidas económicas. Algunas empresas están tomando decisiones drásticas como cerrar instalaciones y dirigirse a la venta en línea. Algunas empresas han perdido unidades… los comercios pequeños tienen una vulnerabilidad enorme. En Barrancos se habla de muchos; bueno: hay una tienda de productos deportivos que está en Galerías. Hay una lona donde se retira de la venta, es un empresario grande y que está en condiciones complicadas”, explicó.

El presidente de Canacintra reveló también que al menos 10 por ciento de las empresas le han reportado la suspensión de actividades, principalmente ajustando sus operaciones y dejando de atender al público.

Culiacán no tiene policías municipales desde el 25 de septiembre, luego de que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocuparon las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio para realizar una inspección sorpresiva a las armas de los elementos de esta institución policial. Desde ese día, los militares, la policía estatal y la Guardia Nacional se comprometieron a patrullar la capital sinaloense.

Sin embargo, la población denuncia la ausencia de las fuerzas del orden en las calles: “me siento desprotegida, ya que no hay nada de seguridad en las calles. Prácticamente nos está gobernando la inseguridad, porque no hay ni policías ni militares ni mucho menos Guardia Nacional en las calles... ya no quiero tener encerrados a mis hijos por esto”, comentó Fernanda.

El 21 de septiembre, Juan Carlos fue asesinado en su propio hogar; dos hombres armados entraron a su casa en los Departamentos Clamont, sector Tres Ríos para protegerse de sus rivales. Los asaltantes lo obligaron a permanecer ahí; pero los disparos continuaban y el lugar se llenó de gas lacrimógeno.

Desesperado, Juan Carlos intentó salir para pedir ayuda, pero fue alcanzado por una bala disparada por los sicarios. Acerca de esta víctima colateral de la “guerra” entre narcotraficantes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que Juan Carlos era uno de los agresores; pero posteriormente, en las redes sociales, inició una campaña para dignificar su imagen; ahora el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se reavivó la violencia

El domingo ocho de septiembre fue un día soleado; la mayoría de las familias descansaron o salieron de sus hogares para ir a comer, pasear, visitar a familiares o festejar cumpleaños sin saber que, al día siguiente, la tranquilidad y la paz en las calles y sus domicilios se verían alterados por dos bandos de las delincuencia organizada.

“Se registra enfrentamiento entre grupos armados en La Campiña”, fue el mensaje con el que muchos habitantes despertaron el nueve de septiembre. En las redes sociales circularon fotografías y videos del hecho, así como testimonios de personas que estaban cerca de las ráfagas de bala. Los medios de comunicación locales sólo difundían eso; y entre sus primeras noticias destacó el hecho de que dos militares habían sido lesionados y que uno de ellos había fallecido. 

El gobernador Rocha Moya informó, en su cuenta de X, que “elementos del Ejército mexicano, en labores de apoyo a la seguridad pública, detectaron la presencia de personas civiles armadas en el sector de la colonia La Campiña, en esta ciudad, los cuales los agredieron con armas de fuego, lesionando a dos elementos de las fuerzas militares”.

Ese día, las clases de educación básica en el sector de La Campiña fueron suspendidas y la Universidad Autónoma de Sinaloa decidió hacer lo mismo en sus centros escolares de la zona centro. El transporte público suspendió su servicio para resguardar la vida e integridad de choferes y pasajeros, así como evitar el robo de unidades; ya que en situaciones similares éstas son incautadas y quemadas por los criminales para bloquear calles y carreteras.

El miedo a un nuevo “culiacanazo” o un “jueves negro” se sintió la mañana de ese lunes; y las autoridades realizaron operativos en varios puntos de la ciudad. En algunas calles del área centro se encontraron camionetas blindadas, algunas de ellas baleadas, mientras en las redes sociales se difundían videos de grupos armados detonando armas de fuego.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado se limitó a declarar: “todos los reportes hasta ahorita han sido falsos”; en tanto que el gobernador Rocha Moya pedía a la población mantener la calma y hacer caso omiso a la información difundida desde las redes sociales.

Ese nueve de septiembre terminó con dos enfrentamientos, uno en Eldorado y otro en la sindicatura de Costa Rica; cuatro “narcobloqueos”, el despojo de vehículos, una casa incendiada en Elota y seis personas desaparecidas: Jorge Eduardo Bazúa Acevedo, José María Reyes Cervantes, Jesús Alberto López Olguín, Dania Maritza Chávez Rodríguez, Ricardo Antonio Niebla Morales y Edgar “N”.

Desde que el 25 de julio de este año, Ismael Zambada, alías El Mayo, fue presuntamente secuestrado y detenido en EE. UU., junto con Joaquín Guzmán, hijo de Guzmán Loera, en Sinaloa se sentía un ambiente tenso, especialmente en Culiacán, pues sus habitantes presentían que algo pasaría, quizá algo mayor a lo vivido durante el intento de captura de Ovidio Guzmán.

Los días transcurrieron normales hasta el 10 de agosto. Ese día, mientras el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitaban Sinaloa, se difundió la carta de El Mayo Zambada, en la que narra su traslado a EE. UU. como resultado de un secuestro, no de una entrega voluntaria, como se había reportado en medios.

Según su relato, fue convocado a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el político Héctor Melesio Cuén Ojeda, en un rancho cercano a la capital del estado. Al llegar fue emboscado, sometido y llevado a un avión privado que lo trasladó a Texas, donde fue arrestado.

Zambada narró también que Héctor Cuén fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar donde él fue secuestrado, con lo que contradijo la versión oficial sostenida sobre que Cuén habría muerto en una gasolinera durante un intento de robo.

Desde que esa carta apareció, la desconfianza hacia el gobierno estatal creció, sentimiento que se reforzó cuando la FGR atrajo el caso de Cuén Ojeda para confirmar que existían inconsistencias en la investigación efectuada por la fiscalía estatal. Para muchos ciudadanos, esto no hizo más que profundizar la percepción de inseguridad en los ciudadanos.

Durante varias semanas, el gobierno de Sinaloa minimizó los hechos violentos que se viven en el estado; inclusive, el gobernador llamó a los ciudadanos a realizar actividades normales asegurando que “no pasaba nada”, discurso que se vio respaldado por las declaraciones de AMLO, quien en su mañanera del 18 de septiembre declaró que todo era sólo “una campaña para desprestigiar a su gobierno”.

“Todo esto promovido por nuestros adversarios. Ustedes ven los periódicos, vendidos o alquilados al conservadurismo, y las redes sociales y tienen el tema de Sinaloa… nuestros adversarios utilizan esto para atemorizar”, anunció AMLO el 18 de septiembre.

La violencia ha alterado los hábitos de los sinaloenses. Antes de salir de casa, muchos revisan los grupos y canales de WhatsApp, convertidos en fuente de información vital, en la que los ciudadanos comparten alertas sobre bloqueos, enfrentamientos y otras situaciones de riesgo para definir sus rutas diarias.

A la fecha, los niños no pueden jugar en la calle y las familias evitan reunirse en lugares públicos por temor a la violencia. “Al despertar, lo primero que hago es tomar mi celular y ver qué pasó durante la noche para saber si es seguro salir de casa; y antes de subir al coche, reviso para saber por dónde tengo que irme”, lamentó Melissa.

El miedo sigue presente en cada esquina; la vida de las personas se desliza entre las sombras para proteger no sólo su integridad física, sino también el sentido de comunidad y pertenencia a una tierra que es su hogar, a pesar de que frecuentemente está asolada por las batallas internas de la delincuencia organizada, que parecen no tener fin.