Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su gobierno en diciembre del año pasado, ordenó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendiera la recepción de inversiones privadas a fin de advertir que el Estado recuperaría un control total de esta empresa. Pero en el primer trimestre de este año registró pérdidas por más de 13 mil millones de pesos (mdp), su capacidad productiva y operativa trastabilló, hubo varios apagones regionales y el gobierno de la “cuarta transformación” (4T) dio marcha atrás a su proyecto estatista y anunció que la CFE volvería a recibir ofertas de compañías energéticas privadas.

Para el interés de las clases populares, y aun para los empresarios pequeños y medianos, el ingreso de las inversiones corporativas privadas a la industria eléctrica nacional tiene varias implicaciones negativas: una reducción sustantiva del control que el Estado ejerce actualmente sobre el manejo de la energía eléctrica a través de la CFE; el incremento de la capacidad de presión de los inversores privados para exigir la aplicación de tarifas “reales” en el servicio de energía eléctrica y, una vez consolidada la privatización de la producción y comercialización de ésta, la eliminación de los subsidios que hasta ahora la paraestatal otorga a usuarios domésticos y a ciertos sectores empresariales.

El proyecto original del gobierno de AMLO de recuperar a la CFE como empresa nacional autónoma, a fin de mantener tarifas bajas para la mayoría de sus usuarios, en particular para las familias de escasos ingresos económicos, resultó insostenible a causa de que su combate a la corrupción no ha logrado reunir el dinero que pensaba recuperar para financiar la modernización de la industria eléctrica nacional.

El plan presidencial también se vio obstaculizado por el hecho de que se emprendió sin revertir la reforma energética neoliberal de 2013-2014, que transformó a la CFE en una empresa del Estado accesible a inversiones privadas, con lo que se vio obligada a actuar  dentro de la regulación mercantil y financiera aplicables a cualquier empresa corporativa. Es decir, debe hacer reportes financieros trimestrales a los inversionistas y atender evaluaciones de las calificadoras internacionales de grado de inversión y crédito, las cuales guían las decisiones de los inversionistas privados.

Este hecho explica por qué el mandatario a menudo se ha mostrado furioso e injurioso contra las calificadoras que en el pasado reciente dieron malas notas a la CFE y a la otra gran paraestatal del país: Petróleos Mexicanos (Pemex), que también fue parcialmente privatizada.

“Yo he tratado a Andrés Manuel en los últimos 40 años. Verdaderamente me levanto viendo noticias y estoy asustado. Yo no quiero que le vaya mal a Andrés Manuel; soy tabasqueño y llegamos a ser buenos amigos y no quisiera que un tabasqueño le fallara a México; pero hay decisiones que yo no puedo entender ¿Cómo es posible que haya detenido las rondas? (para adjudicar contratos a privados). Hay una frase de don Antonio Caso que decía: no se destruye lo que no se reemplaza. (AMLO) destruye un mecanismo en donde viene inversión y no lo reemplaza con inversión, porque el Estado no tiene dinero… ¡Es de locos!”, dijo a buzos el abogado tabasqueño Juan José Rodríguez Prats, quien laboró en la CFE y fue legislador federal en diversas ocasiones, primero con las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con las del Partido Acción Nacional (PAN).

Registrados los apagones masivos en Baja California a inicios de año y en la Península de Yucatán el ocho de marzo, el cinco y el 22 de abril, el Presidente anunció en esta última fecha, mientras realizaba una gira de trabajo por el Sureste, que se construirá una nueva planta de gas en esta región para evitar que haya más apagones. Rodríguez Prats asegura que una instalación industrial de esas características tendría un costo “de por lo menos 25 mil millones de dólares y tardaría 10 años en construirse”.

“Yo, como profesional, he tenido diferencias muy serias con él. Debe estar profundamente preocupado porque la situación que tiene entre manos es sumamente compleja y debe estar consciente del problema que se va a venir encima. Ahí está el conflicto con Canadá por el ducto para introducir gas natural (impugnado legalmente por la 4T con protestas canadienses). Estamos importando el 85 por ciento del gas natural y ese gas va a las plantas de ciclo combinado (las privadas y las de CFE funcionan sobre todo con gas) ¿Y si no hay ese insumo? Todo esto resulta tremendamente grave. Yo digo que éste es el tema más importante de esta administración”, dijo Rodríguez Prats.

Chocar con la realidad

Antes de la reforma energética de 2013-2014, la CFE era la única paraestatal encargada de producir y suministrar energía eléctrica a la población y al sector productivo. Ese estatus le permitía dar subsidios, es decir, cobrar menos a quienes consideraba conveniente y cubría sus hoyos financieros con recursos fiscales. Pero eso cambió con la reforma energética 2013-2014. Desde hace cinco años, la CFE es una empresa productiva del Estado y ha estado recibiendo inversiones privadas.

En este marco legal, el Estado es un socio mayoritario encargado de la dirección, responsable de dar cuentas a los inversionistas y, sobre todo, de garantizar que la empresa sea rentable y obtenga ganancias. A cinco años de su nuevo modelo, de acuerdo con el actual director de la CFE, Manuel Bartlett y del propio AMLO, el Estado solo produce el 50 por ciento de toda la energía y la otra parte la cubren los generadores privados, entre ellos el gigante corporativo trasnacional Ibedrola.

Debido a que, legalmente, la CFE tiene exclusividad en la distribución final de la electricidad y compra ésta a los consorcios privados a precios que incluyen sus ganancias. En febrero pasado se conoció que en 2019 estas empresas cobrarán 51 mil 225.8 mdp. En este contexto es que crece cada vez más la demanda de electricidad por cuenta de centros urbanos superpoblados –con gran cantidad de industrias, comercios, etc– donde al mismo tiempo aumentan la necesidad de mayores inversiones en el sector energético y la presión de los empresarios privados, que seguían entrando al negocio sectorial eléctrico a principios de la administración actual hasta que AMLO, asestando un golpe de autoridad, anunció que recuperaría a la CFE como empresa nacional, lo que implicaba, además de una nueva reforma constitucional, regresar su dinero a los inversionistas. Pero este proyecto resultó inviable; de hecho era equiparable a una nueva nacionalización de la industria eléctrica y el empresariado local, extranjero y la prensa se le echaron encima.

Fue entonces cuando el gobierno de AMLO optó por garantizar los contratos vigentes y ante la urgencia de dinero para desarrollar a la CFE, se vio obligado a informar que su gobierno abrirá las puertas de esta empresa a los inversionistas privados; este anuncio no lo hizo personalmente, sino que envió a su jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien se encargó de ello en el marco de una reunión del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) celebrada el pasado 11 de abril.

El 6 de junio, la calificadora internacional de inversión y crédito Fitch Ratings degradó la nota de CFE, pasándola de “estable” a “negativa” debido, entre otros factores, a sus pérdidas reportadas en el primer trimestre de 2019, las que debió revelar a finales de abril y divulgó hasta el 31 de mayo. En su análisis, Fitch dijo: "Las calificaciones de CFE también reflejan el establecimiento continuo de subsidios; altas pérdidas técnicas y no técnicas; exposición a la volatilidad del tipo de cambio; y uso de petróleo pesado en electricidad, lo que limita la rentabilidad de la empresa".

Cinco días después de esa descalificación, el empresario Alfonso Romo reconoció que el gobierno de la 4T necesitará entre 25 mil y 30 mil millones de dólares (mdd) anuales de inversión privada para recuperar la capacidad productiva de energía, lo que AMLO había rechazado cuando dijo que recuperaría la condición de empresa nacional de la CFE, mediante los ahorros que haría mediante la aplicación de recortes presupuestales a otras dependencias de su gobierno y con el dinero que se rescataría gracias al combate a la corrupción. Ahora ha quedado bien claro que ese dinero no alcanzaría ni lejanamente para renacionalizar ni la CFE ni Pemex.

Un problema muy complejo

“Es un problema complejo. La CFE actual viene de la reforma energética del sexenio anterior, que la convirtió en una empresa productiva del Estado y, evidentemente, ahora tiene que dar cuentas, tiene que ser rentable, etc. Yo creo que, por un lado, se debería garantizar el acceso a la energía a la parte de la población más marginada a un precio accesible, porque tampoco puede regalarse. La energía no es gratis, y no solo eso, sino que en la última década hemos entrado a la era de la energía cara, sea producida con combustibles fósiles (gas, carbón, etc.) o energía renovable (usando el viento como generador de energía eólica, etc)”, dijo a buzos Luca Ferrari, doctor en ciencias de la tierra por la Universidad de Milán, jefe del Departamento de Geología Regional del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en el temas.

“Tiene lógica que se hagan cuentas, que se deje de subsidiar al menos a la parte de la población que no necesita subsidio (mayores ingresos y recursos económicos). Es un poco absurdo que en México se esté subsidiando el consumo de personas que pueden pagar el precio completo; los que pueden pagar, deben pagar el precio real. No es blanco y negro, que la CFE sea privatizada y todos paguen el costo o que la energía sea gratis para todos, pero hay que concientizar a la población de que es un recurso con un costo y que el Estado no puede regalarla. No sé si este gobierno quiera cambiar de nuevo la Constitución para volver a la CFE de antes, pero el problema en el corto plazo es que los estados financieros indican que tiene muchas pérdidas (13 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2019) y tampoco se trata de meterle dinero de otros lados a la CFE. El dinero es limitado y hemos visto que se recortan cosas que luego resultan negativas. Es necesario un justo medio; hay que subsidiar, pero solamente a aquellas personas que están en condiciones de extrema marginalidad”.

Por separado el doctor en economía José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C (IDIC), dijo a buzos que AMLO buscó inicialmente un espacio fiscal a través de ahorros y ajustes muy fuertes al presupuesto para sus programas sociales. “Yo creo que hay dos opciones para estos ajustes que está haciendo. Uno, que se destinen a inversión y el otro que se destine a gasto social o una combinación de ellos. El punto aquí es que la decisión del Ejecutivo está enfocada ahorita a la parte social; es parte de su estrategia.

“Desde mi punto de vista, lo que debe de ocurrir es que se tiene que hacer más eficiente a Pemex y a la CFE; evaluar hasta qué punto se puede dar el apoyo social, porque también es claro que lo que se da a las zonas más pobres no se puede retirar de la noche a la mañana, porque habría una afectación social muy grande; y en función de eso establecer una estrategia de inversión que acabe haciendo financieramente viable a las dos empresas. Esto tendría que ser un proceso de mediano y largo plazo”.

Elevadas pérdidas

Las pérdidas en CFE en el primer trimestre de 2019 se ocultaron durante varias semanas, pese a que esta empresa productiva tenía la obligación de publicarlas en abril, de acuerdo con las reglas mercantiles y financieras a las que está sujeta. Al parecer incurrió en tal retraso u omisión deliberada con un segundo propósito político: ocultar la abismal diferencia con los resultados que la paraestatal había registrado en el primer trimestre de 2018, cuando obtuvo ganancias por 543 mdp, y no los 13 mil 940 mdp que dio a conocer hasta el 31 de mayo.

El año anterior, la CFE reportó un incremento del 27.9 por ciento en sus ingresos, al pasar de 93 mil 114 mdp a 119 mil 458 millones de pesos en enero, febrero y marzo; monto que se recaudó de la venta de energía eléctrica y de los servicios de transporte que brindó a los generadores particulares. Sus percepciones más altas derivaron del cobro por el servicio de energía doméstica, con el que obtuvo 16 mil 604 mdp; el como por tarifa comercial (supermercados, etc.) fue de 11 mil 415 mdp; alumbrado público (ayuntamientos), tres mil 827 mdp; uso agrícola, mil 341 mdp y comercialización a industria 56 mil 285 mdp. La CFE recibió, además, 24 mil mdp del presupuesto y luego 10 mil mdp adicionales. Sin embargo, pese a haber obtenido ganancias, la CFE gastó mucho más.

En el primer trimestre de 2019 gastó 125 mil 363 millones de pesos, lo que representó 11 mil 14 millones de pesos más que lo requerido en trimestre correspondiente de 2018. El principal insumo de la CFE para producir electricidad en sus plantas propias es el gas natural que, como en el caso de la gasolina, se trae por medio de ductos y se compra a empresas texanas a precio de dólar, cuya tasa de cambio sube y baja. Además, la compañía tiene una deuda de 60 mil mdd, de los que siete mil mdd son a productores privados; otros siete mil mdd también con la iniciativa privada y debidos a obras de infraestructura y 16 mil mdd con empresas constructoras de gasoductos cuya construcción está suspendida.

El 14 de mayo, antes de dar a conocer su reporte de estados financieros deficitarios–17 días antes de que se divulgaran– AMLO había ordenado la condonación total de 11 mil mdp en adeudos a decenas de miles de usuarios de su estado natal Tabasco, quienes habían dejado de pagar la luz desde 1995. Fue en ese mismo año cuando el actual Presidente de la República inició un movimiento de “resistencia civil” para denunciar un fraude electoral en su contra, y favorable al priista Roberto Madrazo, que incluyó el cierre de pozos petroleros. Tabasco es gobernado actualmente por el morenista Adán Augusto López Hernández, político muy cercano a AMLO.

Previamente, el 12 de abril, había anunciado subsidios aplicados a tarifas eléctricas en Sonora y Baja California que estarían vigentes a partir del mes de mayo, toda vez que en la temporada de verano el consumo eléctrico es mayor debido a que en ambas entidades la temperatura se eleva mucho y todos los habitantes tienen que recurrir al uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado. En esa misma oportunidad, AMLO proclamó que ese nuevo subsidio tarifario anticipaba su propósito de disminuir el precio de la energía  eléctrica gracias al gobierno de la 4T.