El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se metió una vez más en el ojo del huracán de las presunciones de opacidad y novatez política cuando decidió comprar fuera del estado 160 patrullas policiales a un millón 300 mil pesos cada una, precio mucho mayor al que pudo pagar en la entidad y que, además de provocarle el reclamo de la iniciativa privada local, no concilió en la contabilidad porque unas unidades fueron compradas y otras rentadas.  

Finalmente, García Jiménez superó este capítulo de confusión con el reinicio de la campaña de seguridad pública en la entidad, a fin de reducir los altos índices de violencia criminal que azotan a la entidad. Sin embargo, para buena parte de sus críticos y opositores cada uno de los eventos que configuraron dicho episodio confirmó lo que ellos aluden como ostensible incapacidad política para gobernar.

Todo comenzó el dos de mayo, cuando García Jiménez entregó 160 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), instrumental básico para que esta institución pueda llevar a cabo de manera eficiente su estrategia de combate al crimen. Durante ese evento, celebrado en la Academia Estatal de Policías, en la localidad de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, el mandatario dio a conocer que la inversión había sido superior a los 208 millones de pesos.

Explicó que cada unidad cuenta con implementos de defensa, radiocomunicación y localización GPS además de que, “gracias al buen manejo de los recursos por parte de la actual administración, se logró un ahorro de más de 27 mil pesos por unidad”. Lo anterior se suma al objetivo del Plan Integral de Seguridad que contempla el incremento salarial del 10 por ciento a los policías, ya aplicado, así como un incentivo más que será posible gracias al excelente desempeño de los elementos.  

García Jiménez agregó que “con el fortalecimiento a las tareas de combate a los índices delictivos, se tendrán resultados de manera inmediata; pero los definitivos podrán palparse en un plazo de dos años, para que los veracruzanos puedan dar fe de la tranquilidad social, que ya se está generando”.

Posteriormente, el cinco demayo, entregó las llaves de 25 vehículos a la 26 Zona Militar, con sede también en el municipio de Emiliano Zapata. Las unidades fueron recibidas por el General de Brigada Diplomado Estado Mayor (DEM), Federico Solórzano Barragán.

Tras las declaraciones del mandatario, opositores, analistas políticos y opinión pública indagaron las cuentas y concluyeron que cada unidad adquirida por el gobierno estatal había tenido un costo promedio de un millón 300 mil pesos.

El seis de mayo, el Ejecutivo estatal precisó, en conferencia de prensa, que solo había comprado 50 patrullas con un costo global de 40 millones de pesos y el resto habían sido arrendadas.

“Las cuestiones de la Secretaría de Seguridad Pública tienen ciertas restricciones, o sea, para dar a conocer la información no es sencillo y también la contratación en licitaciones no es tan simple, no es como en otras dependencias, aquí hay cuestiones de seguridad que hay que cuidar. Sobre la empresa de las patrullas, y eso lo vamos a poner en el Portal de Transparencia para que ustedes lo puedan verificar, cuáles son de momento no cuento con ese dato”, se limitó a decir.

Números de la oposición

El senador panista Julen Rementería del Puerto criticó el sobrecosto de 85 millones de pesos que tuvieron las patrullas en Veracruz y a modo de ejemplo citó que el ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, adquirió, el año pasado, el mismo modelo de patrulla (2018) a casi la mitad de precio y exhibió las facturas.

Además, puso en evidencia las contradicciones en que incurrió el Ejecutivo estatal en el comunicado oficial del dos de mayo en el que indicó había comprado 160 patrullas; pero en conferencia de prensa notificó que solo había adquirido 50 unidades.

“De manera que del jueves (dos de mayo), al día que ofreció la rueda de prensa el lunes (seis de mayo), tuvo el viernes, sábado y domingo para llegar el lunes a las 10 de la mañana, sin llevar un solo documento que acreditara su dicho”, lamentó el legislador.

El panista subrayó además que el gobierno estatal de Veracruz está obligado, por ley, a hacer público el procedimiento de compra de las 160 patrullas en un plazo máximo de 10 días y denunció que en la página de la Secretaría de Seguridad Pública no estaba disponible el procedimiento de contratación.

“El gobierno de Veracruz no quiere hacer público el nombre de las empresas a las que les adjudicó 208 millones de pesos para la adquisición de patrullas y tampoco quiere aclarar por qué se está pagando casi el doble por ellas.  La honestidad no es solo un discurso, es un valor. Y cuando se tiene hay demostrarlo”, subrayó el panista.

De acuerdo con las cifras de Rementería del Puerto, el costo real de cada patrulla es de 767 mil 160 pesos, contra el millón 300 mil que costaron en Veracruz. Al multiplicar por las 160 unidades son, en números redondos, 122 millones de pesos, contra los 208 millones pagados por el gobierno. El senador recordó, además, en compras de gran volumen hay descuentos significativos.

“¿Qué le hubiera costado al gobernador, si desde el jueves estaba convocado, haber llevado los documentos, haber llevado los contratos, establecido cuáles fueron los precios, con qué empresa se hizo, cuál fue el proceso de licitación; llevar la constancia de las páginas donde se publicó en Internet, que es a lo que está obligado de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera y así poder aclarar el tema, pues solo era decir cuánto costaron las patrullas, cuál fue la modalidad de compra, en fin zanjar esta diferencia de muchísimos millones de pesos que, por supuesto, no reflejan una austeridad republicana”, concluyó.

Más quejas contra Cuitláhuac

Pero al reclamo del senador panista se sumó el de los integrantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Veracruz-Tabasco (AMDAVT), quienes hicieron un llamado al gobernador para que apoye al que consideraron uno de los sectores productivos que más contribuye con el estado en la generación de empleos y el pago de contribuciones.

Dijeron que el proceso de adquisición de las patrullas fue “poco transparente” y lamentaron que las unidades fueran compradas a empresas de otro estado, “neutralizando con ello el supuesto ahorro que dicen haber tenido, debido a que se anula la recaudación fiscal al no comprar en agencias establecidas en el estado de Veracruz”.

“La AMDAVT expresa su preocupación sobre este tema porque las administraciones anteriores no lo entendieron y se dedicaron a comprar en su mayoría en otros estados, no solo vehículos, cualquier tipo de producto o servicio, haciendo a un lado a los empresarios que invierten en el estado, que generan fuentes de empleo en beneficio de las familias veracruzanas”.

Externaron, asimismo, que los distribuidores de automotores no solicitan un trato preferencial pero sí quieren participar en igualdad de condiciones, ya que las empresas establecidas en el estado de Veracruz de cualquier giro o actividad son tan competitivas o incluso mejores que en otros estados.

La AMDAVT veracruzana cuenta con 122 distribuidoras establecidas en toda la entidad; vende 38 marcas diferentes de autos y camiones; genera siete mil empleos directos y ocupa el séptimo lugar en ventas y el tercero en número de agencias distribuidoras a nivel nacional.

“Somos la tercera entidad federativa más poblada de acuerdo al último censo y el tercer estado con mayor número de distribuidores en el país, solamente superados por la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que de acuerdo a la población que hay y el número de agencias, deberíamos de estar mejor posicionados en el ranking nacional”, explicaron.

“En Veracruz han decrecido las ventas de vehículos en forma muy importante, superior al que se reporta a nivel nacional, sobre todo si tomamos en cuenta que en el 2016 (el mejor año de nuestra industria) vendimos 68 mil 865 unidades y el año pasado 2018 apenas vendimos 55 mil 829 unidades, cifras duras al observar que en tan solo dos años se dejaron de vender 13 mil 36 unidades, lo que representa un 18.93 por ciento de variación.

“Las situaciones no ha mejorado este año, tan es así que en el primer trimestre de 2019 se han vendido en el estado de Veracruz 12 mil 538 unidades, que si las comparamos con el mismo periodo del 2016 en donde se vendieron 15 mil 927 unidades, tenemos una diferencia en tan solo los tres primeros meses de tres mil 389 unidades, para un 21.27 por ciento de variación porcentual, todavía más preocupante si tomamos en cuenta como cerramos el año anterior”, analizaron los concesionarios.

Pero tras las confusas cifras presentadas por la autoridad estatal, comenzó a circular en las redes sociales el supuesto cobro que la Secretaría de Seguridad Pública estaba haciendo por renovar la tenencia vehicular del Parque Vehicular y Patrullas SSP. Uno de tantos ejemplos, es la circulación de una hoja de cobro a una motocicleta de la marca Yamaha, modelo 2017, con el número de referencia 2408, que pertenece a la descripción de Derechos de Control Vehicular.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) tuvo que salir a aclarar que se trata de una noticia falsa, pues el pago referenciado original fue corroborado de manera electrónica a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), cuyo ingreso se hace con los 24 dígitos que aparecen en la línea de captura. Una vez corroborados los datos, la plataforma arrojó que el pago obedecía al concepto denominado para el Fomento de la Educación, con número 1001.

Actualmente la Sefiplan cuenta más de tres mil 500 conceptos de pago y aclara que en ninguno se encuentra adscrito el de Renovación del Parque Vehicular y Patrullas SSP (2019).

Al cierre de esta edición, la información sobre la compra de patrullas no se había hecho pública. Así la compra de unidades quedó empañada por no haberse aclarado la transacción final, la primera de varias más de esta administración morenista.