El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) echó a andar el pasado 30 de junio, uno de sus mayores y costosos caprichos: la Guardia Nacional (GN), nueva corporación policial militarizada que integró con 70 mil efectivos procedentes de la ex Policía Federal, personal de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina y del desmantelado Estado Mayor Presidencial.

En el logro de este objetivo contó con el respaldo de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el de sus aliados en el Congreso de la Unión, quienes los ayudaron a reformar la Constitución y en el pasado reciente ha guardado silencio –con algunas excepciones–  ante la primera violación de la GN a su propio reglamento: el envío de seis mil efectivos para detener en la frontera sur a migrantes centroamericanos,  acción muy distante de sus tareas fundamentales: combatir la creciente inseguridad pública y la violencia generada por el crimen organizado.

En su conferencia “mañanera” del pasado 24 de mayo López Obrador anunció que con la aprobación el día anterior en el Congreso de cuatro legislaciones secundarias relativa a la GN, esta entraría en operaciones a partir del 30 de junio. Pero en realidad ésta había sido desplegada desde el 11 de junio en 13 puntos estratégicos de la frontera sur para contener el tránsito masivo de centroamericanos que él mismo había alentado en el inicio de su gobierno, mismos a quienes ahora violenta sus derechos humanos, criminaliza y deporta.   

El envío de la GN al sureste se agilizó luego de que el 6 de junio el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),  Marcelo Ebrard Casaubón,  estuvo varios días en la capital de Estados Unidos (EE. UU.), Washington, D.C., en espera de ser recibido por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump -quien se hallaba fuera de su país- con el fin de evitar que éste cumpliera su amenaza de aplicar a partir del 10 de junio aranceles del cinco por ciento a mercancías mexicanas, cuota que se elevaría paulatinamente hasta llegar al 25 por ciento si el gobierno de México no frenaba la migración centroamericana.

En una “negociación” política dispar y anómala el gobierno de López Obrador cedió al chantaje comercial de su homólogo estadounidense, a fin de evitar que la imposición arancelaria destrozara las exportaciones mexicanas que un 85 por ciento vierten en el mercado de EE. UU., entre ellas las vinculadas a la industria automovilística.

En reiteradas ocasiones Trump había denunciado que México “no hacía lo suficiente” para contener la migración centroamericana hacia el territorio de su país y que esta se había incrementado sustancialmente en los últimos meses mediante la formación de grandes caravanas de migrantes.

Ebrard dijo el 6 de junio que México contendría la migración centroamericana en abierta contravención a las airadas convocatorias que en el comienzo de su gobierno López Obrador hizo a los migrantes para que usaran el territorio nacional como camino de paso hacia EE. UU. y prometiéndoles aquí hallarían protección, trabajo y bienestar.

Con este peligroso juego, el Presidente comprometió al país en una lucha de poder con el gobierno de EE.UU., en un periodo en el que Trump se halla de cara a las presidenciales del 2020. De esta confrontación AMLO salió convertido en jefe de la Border patrol  (patrulla fronteriza) y sometido a la amenaza de que si en un plazo de 45 días no cumple con el mandato de Trump, éste aplicara los aranceles que previamente había “prometido”.

“Aquí hay dos situaciones: una, en 45 días no puede darse una solución a un problema estructural como es el caso de la migración. La segunda situación es que la amenaza de Trump ya está por las vías de hecho. México nunca debió haber aceptado este doble vínculo entre migración, que son personas, y comercio, que son cosas. Esto no se debió haber equiparado jamás”, dijo a buzos Guillermo Garduño, especialista en asuntos de seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por su parte José Luis Espinosa Piña, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), opinó que el papel de la GN es garantizar la seguridad de los mexicanos, no “resguardar fronteras”, como está ocurriendo ahora en la línea divisoria con Guatemala y Belice. Espinosa recordó que la afluencia mayor de migrantes centroamericanas fue alentada irresponsablemente por el propio López Obrador cuando siendo aún candidato prometió que les brindaría fuentes de empleo y mejores condiciones de vida. “Aquí están las consecuencias. Error tras error”.

Contención social

Ramiro Bautista Rosas, especialista en derecho constitucional por la UAM y analista político, dijo a buzos que la capacitación en contención social y contrainsurgencia es propia del régimen militar de los países del continente. “Esa capacitación ha sido impulsada por los Estados Unidos desde hace muchos años; yo tengo en mente que aproximadamente desde 1960, cuando ya había cursos en lo que fue el antecedente de la Escuela de las Américas para capacitar a los oficiales, a la policía militar, a los jefes militares en aspectos, que no eran precisamente para la guerra, sino para el control interno. Daban cursos de control de motines y cosas de ese tipo. La GN viene en ese sentido, la utilización directa de las fuerzas armadas”.

Desde hace meses, cuando se anunció la creación de la GN, las organizaciones civiles de derechos humanos insistieron en que esta institución ha sido concebida como una fuerza policial militarizada para enfrentar a la delincuencia, pero también como una fuerza de contención social. La legislación secundaria de la GN establece, por ejemplo, que podrá confrontar manifestaciones y expresiones masivas, así como realizar escuchas electrónicas, hacer cateos, poner retenes, detener personas.

Espinosa apuntó que el perfil de la GN debe ser ciudadano para el uso de unidades militares para enfrentar a la delincuencia sea estrictamente temporal y no constituya una política permanente, como se plantea en la reforma. Por ello sugirió que en el futuro inmediato haya de manera paulatina pero consistente una sustitución del personal militar por civiles para que en 2024 la GN esté integrado 100 por ciento por policías preparados.  

Luis Tapia Olivares, coordinador de difusión del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), dijo que esta organización ha pugnado desde hace varios sexenios porque los asuntos de seguridad sean resueltos por vías ciudadanas y no con militarización, porque la experiencia ha mostrado que se trata de una solución que genera violaciones a los derechos humanos, las cuales han sido plenamente documentadas.

“En una reforma constitucional lo que se buscaba era hacer un cambio a la militarización de la seguridad y lo que nosotros vemos en el texto constitucional es que se mantiene una policía eminentemente civil, eso dice al menos el artículo 21 constitucional. La propia GN se dice que será un cuerpo civil, pero no hay que olvidar que queda el quinto transitorio en la reforma constitucional que establece que por cinco años seguirán operando en auxilio de las policías civiles. No hay que olvidar que el quinto transitorio de la reforma constitucional, relativa a la GN, aplica para que las fuerzas armadas hagan labores de seguridad pública durante cinco años”, indicó Tapia Olivares.

El 27 de marzo entraron en vigor reformas a los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución federal, con base en lo cual se construiría una GN con elementos de las policías militar, naval y la federal civil. En un periodo extraordinario de sesiones iniciado el 6 de mayo, el Congreso aprobó cuatro leyes reglamentarias; el Senado el 21 de mayo y la Cámara de Diputados el 23 de mayo. Se expidieron la orgánica de la GN; de Registro de Detenciones y otra de Uso de la Fuerza, así como reformas a la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales fueron publicadas el 27 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En resguardo de los intereses de estadounidenses

Inmerso en su carrera por la reelección en 2020, Trump no sólo consiguió erigir su muro fronterizo entre su país y México –aunque no de láminas y concreto, pero sí con militares mexicanos ataviados con uniforme de la GN– sino que también logró lo que anteriormente habían buscado sin éxito varios de sus antecesores en la Casa Blanca: que en su vecino del sur tuviera una fuerza policiaco-militar que abiertamente resguarde su seguridad nacional externa, la seguridad física de sus inversionistas y que, asimismo, realice labores de contención social.

El mismo 11 de junio en que AMLO ordenó el despliegue de la GN en el sur del país, Trump agitó una hoja doblada ante los reporteros acreditados en la Casa Blanca en la que según se hallaba suscrito un amplio acuerdo con México que ningún otro mandatario de su país había logrado. Hacía alusión no sólo de su obsesión por frenar la migración, sino también del plan de seguridad nacional extraterritorial estadounidense. El acuerdo es mucho más amplio, dijo Trump, pero anunció que esperaría a que el gobierno mexicano lo diera a conocer. “Lo aplicaré cuando yo quiera”, aseveró.

En la región sur de México, mientras tanto, se revitaliza el supuestamente desechado proyecto económico-militar denominado Plan Puebla-Panamá (PPP), el cual contempla la creación de una franja de contención migrante; la documentación y organización de la mano de obra y la generación de un proyecto de desarrollo industrial de esa zona y   Centroamérica con inversiones estadounidenses. Es en este contexto donde la GN de López Obrador se ofrece como la pieza que faltaba para armar el PPP: además de que resguardará el viejo y redivivo proyecto transoceánico del Istmo de Tehuantepec y de reforzar el del controvertido Tren Peninsular, se abocará a controlar y reprimir a los grupos indígenas que se oponen públicamente a ambas obras del gobierno de la “cuarta transformación” (4T).

Inicialmente se dijo que estas obras serían financiadas por China, pero fue el mismo AMLO quien se encargó de revelar que serán construidos con dinero estadounidense y que forman parte de los acuerdos suscritos en la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN de 1994), ahora llamado T-MEC por las autoridades mexicana, y que de acuerdo con el Senado mexicano será puesto en marcha en las próximas semanas.

Por cortesía de la 4T

En su artículo ¿Qué son seis mil guardias nacionales?, publicado el 10 de junio de 2019 el analista en seguridad Alejandro Hope explicó que no es menor el compromiso de la 4T ante Trump de destinar seis mil elementos de la GN para controlar la frontera sur. Entre otros datos, dijo que equivale a la cantidad total de los policías estatales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche y Coahuila; y su número es superior al de los elementos conjuntos de 24 de las 32 policías estatales de la República.

El costo total de la movilización, habilitación y sostenimiento vital de estos efectivos de la GN ascenderá a 3 mil 600 millones de pesos anuales, casi tres veces los recursos asignados al Instituto Nacional de Migración (INM) en 2019 y 170 veces más presupuesto destinado en este año a la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados (Comar).

La GN recibirá este año 70 mil millones de pesos, de los cuales 17 mil 500 serán destinados al reclutamiento de nuevos elementos, aunque existe la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda amplíe su presupuesto hasta en 20 mil millones, según dijo el 3 de junio el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Alfonso Durazo. La partida para la GN se creó con recursos originalmente destinados a la extinta Policía Federal y las partidas de las policías del Ejército y la Marina, cuyos elementos fueron incorporados a la GN.

En términos reales, la GN no puede cubrir 32 entidades con sus casi dos mil 500 municipios, como para sustituir a las policías de los estados. Visto comparativamente, en la actualidad hay 360 mil policías locales en activo, mientras la GN arrancó supuestamente con 70 mil miembros; serán 80 mil o 82 mil al finalizar 2019 y 150 mil en el 2024.

El esquema operativo de la GN para la región sur del país supone la activación de 23 coordinaciones en la franja fronteriza: Campeche, Tabasco, Quintana Roo, y con énfasis en Chiapas, que tiene 13 coordinaciones regionales, a las cuales fueron asignados inicialmente seis mil elementos de la GN, cuya cantidad podría aumentar en los próximos días y semanas. Para asignar coordinaciones y efectivos, el país fue subdividido en 150 regiones, las cuales serán 266 en 2024, cuando haya presuntamente 150 mil elementos.

Se supone que la GN inicia con 35 mil efectivos: ocho mil de la Policía Naval, 36 mil de la Policía Federal, mientras 21 mil 170 serían de nuevo ingreso. De acuerdo con el plan, al finalizar 2019 habrá entre 80 mil y 82 mil integrantes, pero la incorporación de nuevos elementos civiles ha sido mínima y la de elementos castrenses se está haciendo a traspiés, porque hay resistencia de parte de efectivos de la milicia activa a ser transferidos a la GN.

Los grupos de efectivos de la GN destacados en las entidades se incorporarán particularmente a la investigación de ilícitos, junto con los agentes del Ministerio Público tanto federal como del fuero común; es decir, que tendrán jurisdicción sobre delitos federales, tal como el narcotráfico y los comunes (robos, asaltos, homicidios, etc), que representan el 95 por ciento de los delitos que se cometen en el país. Mediante autorización judicial –se supone– la GN podrá ejecutar cateos, montar retenes, interceptar y espiar comunicaciones.

Las corporaciones estatales y municipales no desaparecerán, pero sus efectivos serán destinados a labores antimotines; de policía procesal (hacer detenciones) y de custodia (traslado de detenidos). La policía municipal en lo concreto se encargará de asuntos de policía de proximidad (vigilancia), agilización de la vialidad, cumplimiento de la justicia cívica.

El comandante de la GN es el general Luis Rodríguez Bucio, quien estudió en el Colegio Militar y una vez en servicio activo ingresó a las Guardias Presidenciales, donde permaneció de 1977 a 1985. Tomó cursos de Mando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra; de 1994 a 2000 fue coordinador de grupos interinstitucionales en trabajo de campo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de 2004 a 2010 fue subjefe y luego jefe del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico (GAIN) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tiene un curso de Patrullas de Combate, en la Escuela de las Américas, que tomó en el Fuerte estadounidense Gulick ubicado en Panamá.