El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó cinco denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito contra empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los últimos siete años. Además, sancionó a mil 550 servidores públicos por no presentar su declaración patrimonial a tiempo.

Indicó que el 57.27 por ciento de los sancionados son secretarios de juzgados, tribunales, secretarios particulares de jueces y magistrados, así como actuarios; además, destacó que, entre los sancionados, un magistrado y un juez fueron destituidos en 2017 y 2019. Otro juez fue inhabilitado en 2019, y un juez y dos magistrados recibieron suspensiones en 2020 y 2021.

El CJF también detectó irregularidades en las declaraciones patrimoniales de funcionarios judiciales; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no inició procedimientos de responsabilidad administrativa en siete años.

Cabe destacar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 reveló que el 64.6 por ciento de los ciudadanos considera corruptos a los jueces, ubicándolos en el segundo lugar de percepción de corrupción, solo detrás de los policías de tránsito.

De las cinco denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), sólo una ha sido judicializada; cuatro más permanecen en fase de investigación. Entre 2019 y 2020, el CJF presentó cinco denuncias por enriquecimiento ilícito. Además, de 2017 a 2024, el CJF aplicó mil 550 sanciones administrativas por irregularidades en declaraciones patrimoniales. Los secretarios particulares son los más sancionados. Entre los sancionados, cinco jueces de distrito recibieron destituciones, inhabilitaciones, amonestaciones y suspensiones.

El 22.25 por ciento de las sanciones corresponde a secretarios de juzgados y tribunales, el 18.32 por ciento a secretarios particulares de jueces y magistrados, y el 16.7 por ciento a actuarios. En siete años, la Contraloría del CJF destituyó a cuatro funcionarios, inhabilitó a uno, suspendió a diez y aplicó sanciones económicas a uno más.

Finalmente, la contraloría sancionó a 120 secretarios particulares de jueces y 164 de magistrados. Se registraron destituciones, suspensiones y amonestaciones a actuarios, así como a 162 oficiales administrativos y 67 choferes de funcionarios.