En México hay 650 municipios que no cuentan con policías preventivos por falta de presupuesto y, en la mayoría de las corporaciones de los otros mil 807 ayuntamientos, sus efectivos no son suficientes para atender los problemas de seguridad pública que enfrentan. A estos problemas hay que agregar un fenómeno de incidencia reciente: algunos policías auxiliares están renunciando por temor a perder la vida, ya que más de 300 de sus excolegas figuraron entre las 35 mil ejecuciones efectuadas por el crimen organizado en 2019.

Mientras en Palacio Nacional se preparaba la “magna rifa de la cantidad equivalente en dinero al valor del avión presidencial”, la cifra de asesinatos definía al año anterior como “el más violento o negro de la historia reciente” del país y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informaba que, en enero de 2020, se habían registrado dos mil 376 homicidios, cifra superior en 2.1 por ciento a la registrada en enero de 2019, cuando hubo dos mil 326 asesinatos.

Es decir, al inicio de 2019, el número de asesinatos afectaba ya a un promedio diario de 76.6 personas y echaba por tierra la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien había planteado que, con las medidas anticorrupción, los programas sociales con que distribuye dinero del Estado y la creación de la Guardia Nacional (GN), podría frenar las actividades delictivas y restablecer la seguridad pública.

Pero a casi un año y medio de su implementación, ninguna de estas políticas ha funcionado, la incidencia criminal de alto impacto y los delitos del orden común aumentan y la GN, concebida como el principal instrumento policial para reducirlos, desde junio de 2019, sigue comprometida, medularmente, en la persecución y el sometimiento de los migrantes centroamericanos en la frontera sur. 

De acuerdo con cifras del SESNSP, actualizadas a octubre de 2019, de los dos mil 457 municipios del país, 650 carecen de un cuerpo de policía local y, en muchos de los ayuntamientos que sí disponen de policías auxiliares, su número no es suficiente. Tal es el caso, por ejemplo, de los municipios de Cosalá, Choix, San Ignacio y Rosario, de Sinaloa, donde solo hay un policía; y el de los ayuntamientos Madera, Guadalupe y Calvo, Carichí, Allende y Urique, de Chihuahua que operan con 15 elementos policiales cada uno.

Entre los municipios donde ha habido mayor deserción de policías auxiliares, destacan los también chihuahuenses Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Praxedis G., Guerrero, debido, básicamente, a las extremas condiciones de indefensión en que estos elementos laboraban.

La mayor concentración de policías locales está en el Estado de México (Edomex) con 39 mil 898; le sigue la Ciudad de México (CDMX) con 38 mil 631; Jalisco con 17 mil 572; Nuevo León con 12 mil 248 y Chiapas con 12 mil 78.

La “austeridad republicana” del gobierno de AMLO se ha aplicado, incluso, en el rubro de seguridad pública, sin duda el de mayor compromiso social de cualquier Estado nacional solo después del de la alimentación, la salud y la educación. El presupuesto federal de 2018 fue de cinco mil millones de pesos (mdp), pero en 2019, estando ya en la Presidencia de la República, el “amigo de los pobres”, esa cifra bajó a cuatro mil mdp y este año, pese al incremento de la incidencia criminal, perdió otros mil mdp; actualmente dicho presupuesto corresponde a tres mil mdp.

Se hunden las policías auxiliares

Los homicidios dolosos también inciden en los policías. El Informe sobre Policías Asesinados, editado por la organización Causa en Común (CC), revela que, diariamente en promedio, es asesinado un elemento de alguna corporación policiaca local. En los primeros meses de 2020, los estados con mayor número de policías auxiliares asesinados son Guanajuato con 47, Michoacán (39), Chihuahua (30), Jalisco (26), Guerrero (25) y Edomex (22). En estas entidades se concentra el 50 por ciento de los policías asesinados. 

“No existe un registro oficial de policías asesinados que permita realizar diagnósticos puntuales del problema, ni reformas en cuanto a formación y capacitación. Tampoco ha habido posicionamientos de gobiernos locales ni del Gobierno Federal respecto al asesinato de policías en el país”, declara el informe de CC, donde se reportan al menos 382 policías asesinados, entre estatales y municipales.

La analista de CC, Belem Barrera González, advirtió a este semanario: “Entonces, al final, esto está conduciendo a que muchos de ellos, en una crisis de violencia, decidan abandonar el empleo e irse. Ha habido renuncias masivas. Un ejemplo es Bocoyna, Chihuahua, a finales del año pasado, cuando renunciaron 50 de los 90 elementos que había. Bocoyna es un municipio con altos niveles de violencia y asesinatos. Sin embargo, Bocoyna nunca ha recibido recursos presupuestales para seguridad.

“Hay diversos municipios en el país que no reciben recursos para seguridad pública por parte de la federación. Lo que estamos viendo es que la GN no tiene todavía el número de elementos que necesita. En lo operativo están esperando órdenes en lugar de actuar directamente. Pero no todo es trabajo de la GN. Nosotros siempre hemos dicho que quienes son el primer contacto y las que deben fortalecerse son las policías locales, que son las capacitadas para atender este tipo de problemas (delitos del fuero común como homicidios, robos y asaltos)”. 

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, señaló que las policías locales constituyen la primera línea de contacto con la población y su papel es, por sí mismo, muy relevante porque la mayoría de los delitos cometidos en el país son del fuero común: homicidios, agresiones físicas y delitos patrimoniales como robos y asaltos.

El pasado 20 de enero se emitió el reporte anual del SESNSP sobre el primer año de gobierno de AMLO y las cifras reveladas ubicaron a 2019 como el más sangriento desde 1997, cuando empezó a formarse la memoria estadística delincuencial. Al cierre del año anterior se registraron 34 mil 582 homicidios dolosos, cifra superior a las 33 mil 743 víctimas reportadas al finalizar 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto. 

En el corte informativo del inicio de febrero de 2020, se reveló que, tan solo en enero pasado, se habían registrado dos mil 376 homicidios dolosos, lo que representó un incremento de 2.1 por ciento en comparación con el mismo mes de 2019, cuando hubo dos mil 326 víctimas. Esto equivale a una cantidad promedio de 76.6 personas fallecidas a diario en condiciones violentas.

Francisco Rivas explicó, a este semanario, que las carencias en las que laboran corporaciones policiacas municipales y estatales se deben al incumplimiento de las responsabilidades que el Gobierno Federal tiene respecto a la seguridad pública nacional y, específicamente, a su manifiesta desatención de los problemas en torno a capacitación técnica en dichas instituciones policiales.

El director del Observatorio Ciudadano afirmó que el presupuesto destinado a la seguridad pública se ha reducido desde el sexenio pasado. “En México se destina el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en materia de seguridad, mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) gastan el tres por ciento”.

Belem Barrera, de CC, destacó, por su parte, que mientras el presupuesto para la seguridad pública disminuyó, el número de delitos se incrementó: “Aumentó el número de homicidios registrados, el número de feminicidios y notamos que no hay un apoyo de la federación a la seguridad. El apoyo que da es mínimo. De acuerdo con nuestros cálculos se destina el 0.9 por ciento del PIB, cuando en los países de la OCDE se destina alrededor del tres por ciento, tanto para labores de seguridad nacional como de seguridad ciudadana. Entonces, no estamos destinando ni una tercera parte de lo que debería destinarse”. 

“(…) El Índice de Desarrollo Policial (Indepol 2018), elaborado por Causa en Común, muestra que la gran mayoría de los policías no cuenta con las prestaciones mínimas de ley. No existe una verdadera carrera policial en el país. El control de confianza se aplica discrecionalmente. No hay condiciones para una verdadera capacitación. La mayoría de los policías trabaja jornadas laborales de 24 horas o más y percibe salarios mensuales inferiores a los 15 mil pesos.

“A lo anterior se añade el desprecio social hacia ellos: seis de cada 10 mexicanos consideran que la policía estatal es corrupta y siete de cada 10 lo consideran de la policía municipal (ENVIPE, 2019). Es por ello que el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones policiales adquiere mayor relevancia. De hecho, durante la campaña y antes de acceder al gobierno, los actuales funcionarios manifestaron, no solo su disposición para desmilitarizar paulatinamente al país, sino para fortalecer a las policías, especialmente las locales”, refirió la especialista.

El dos de junio de 2017, Álvaro Vizcaíno Zamora, entonces secretario del SESNSP, aseguró que el déficit de policías locales era entonces del 50 por ciento; ese año hacían falta 350 mil elementos, aunque algunos expertos en seguridad calculaban que el déficit era de 360 mil efectivos. De acuerdo con estadísticas de junio de 2017, México disponía de 335 mil 357 uniformados, entre estatales y municipales; pero un informe del SESNSP contabilizó 339 mil 60 en octubre de 2019.

En estos informes se precisa que, a menor cantidad de población corresponden menos policías, porque el número y la distribución de éstos se estima con base en la cantidad de habitantes, sin tomar en cuenta las características específicas de los problemas de seguridad pública en las comunidades sociales.

El estándar internacional sobre la cantidad de elementos policiacos por cada mil habitantes es de 1.8 efectivos. El promedio en México es de 1.1 policías por cada mil habitantes. En 34 ayuntamientos, con más de 500 mil habitantes, el promedio de elementos policiacos era de 1.51; en otros 146 municipios con 100 mil y/o 500 mil personas el promedio es de 1.21.

Belem Barrera de CC afirmó que su organización no esta de acuerdo con estándares internacionales como el de 1.8 policías por cada mil habitantes, porque no se considera el diferencial de necesidades por cada región, estado y municipio. Plantea que el cálculo debería hacerse de acuerdo con otros factores, como el tipo de delitos y su incidencia.

“No estamos de acuerdo a veces con que se diga de antemano qué número de policías debe haber, pero sí reconocemos situaciones obvias en que debería haber más policías o cuando ni siquiera hay policías. La naturaleza delictiva en cada municipio, en cada localidad, es diferente; entonces, no se necesita el mismo número de policías en un lugar en donde no hay tantos delitos, o no son delitos de alto impacto, en comparación con los lugares en los que hay un mayor número de crímenes de mayor gravedad”, explicó.

Debilitan policías

En su informe ¿Cómo vamos en seguridad pública?, publicado en diciembre del año pasado, la organización CC explicó con respecto al primer año del gobierno de AMLO “(…) Destacan las medidas que acentúan la militarización del país, desde el marco legal, pero también en lo presupuestal y en lo operativo.

“Además de la creación de la GN, se observa un debilitamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública, reflejado en la extinción de la Policía Federal y en la falta de apoyo a las policías locales. La militarización y el debilitamiento de las policías han ido acompañados de un discurso público que enfatiza acciones que se presentan como sociales y supletorias de la aplicación de la ley”.

En este análisis se destaca el desmantelamiento de la Policía Federal, una institución integrada por 36 mil elementos civiles, cuyo destino inmediato –traslación a la GN o despido– se registraron violaciones a sus derechos laborales y humanos. La revisión crítica de CC incluye la posición marginal y el debilitamiento de las policías locales.   

Los incumplimientos del gobierno

La actual administración federal busca poner la atención en la GN y ofrecerla como el instrumento idóneo para resolver los múltiples problemas de seguridad púbica que hoy padece la población nacional, actitud con la que ha minimizado o eludido su obligación de mejorar las condiciones salariales, sociales, de capacitación y armamento de los aproximadamente 350 mil policías municipales y estatales que hay ahora en del país. 

Aún no se cumplen al 100 por ciento los estándares fundamentales señalados en el Modelo Óptimo de la Función Policial, aprobado el 30 de agosto de 2017 durante la XLII sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). En el Diagnóstico Nacional, con información vigente al 30 de septiembre de 2019, se cita el número de elementos policiales en activo arriba mencionado y se afirma que, con respecto al estándar internacional de al menos 1.8 policías por cada mil habitantes, el estatus nacional era, en esta fecha, de 1.02 policías por cada mil habitantes.

El informe señala, asimismo, que México cuenta con poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debe tener, ya que representa el 54.24 por ciento del total óptimo. En materia de confiabilidad revela que fueron sometidos a control de confianza 127 mil 182 elementos –98.48 por ciento del total– y que siete mil 367 de éstos fueron dados de baja (es decir, el 5.79).

Con el Certificado Único Policial (CUP), requisito previsto en el Artículo 41 de la Ley General del SNSP, se procura garantizar “que el personal que integra las instituciones de seguridad pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones”. 

Hasta 2018, el estándar de certificación se aplicó al 50 por ciento del total de la fuerza policial y en su último informe, correspondiente a 2019, el SNSP afirmó que el estándar operaba ya al 100 por ciento. Todo indica que el 35.90 por ciento de los elementos policiales –45 mil 902 efectivos– estaban ya en la posibilidad de obtener una CUP. Los números indican que del total del personal policial el “91.9 por ciento cuenta con control de confianza aprobado y vigente; 69.04 por ciento aprobado en competencias básicas; 80.76 por ciento aprobado en evaluación del desempeño; 91.01 por ciento con formación inicial o equivalente”.

En cuanto a la actualización policial en el conocimiento del sistema de justicia penal adversarial, basado en juicios orales, se advierte que, al 30 de septiembre de 2019, el 100 por ciento del “estado de fuerza” ha cursado al menos uno de los tres talleres, ya que el 65.59 por ciento se capacitó en el taller uno; el 60.37 por ciento en el dos y el 27.13 por ciento en el tres.