Acceder a fuentes de energía de forma continua y a precio asequible para ejercer influencia económico-política internacional es el núcleo del duelo cotidiano que hay entre las empresas trasnacionales petroleras y gaseras con los Estados nacionales que controlan estos recursos y buscan protegerlos. Los actores específicos de esta batalla geopolítica son las superpotencias, sus corporaciones y los países productores. La sanción de Estados Unidos (EE. UU) contra la poderosa rusa Rosneft por ayudar a Venezuela es la primera fase de un duelo geopolítico-energético del que México no es ajeno. En breve, el mundo resentirá las consecuencias de la autoritaria decisión del magnate que hoy despacha en la Casa Blanca.

Presionado por las corporaciones energéticas, de cuya mano llegó a la presidencia de la superpotencia, Donald John Trump decidó “aguijonear” al oso ruso en el corazón de su interés económico-energético. Detrás del nuevo episodio de tensión entre ambas superpotencias, por la sanción a la empresa Rosneft Trading S.A., está el petróleo de Venezuela, a cuyo gobierno bolivariano pretende asfixiar su homólogo de Washington. 

El 18 de febrero, Trump extendió el brazo económico-financiero de su poderoso país para sancionar a esta firma rusa. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, admitió que la razón está en la ayuda de esa compañía a Venezuela: “Rosneft Trading S.A. y su presidente –Didier Casimiro– comerciaron la venta y transporte de petróleo venezolano y EE. UU. está determinado a prevenir el ‘saqueo’ de los activos petroleros del país por el corrupto régimen de Maduro”.

Esta crisis, que aspira a consumar la extraterritorialidad de las medidas estadounidenses en nuestra región, no debe ser indiferente para nuestro país. México es significativo actor en el mercado internacional petrolero y, además, preside pro tempore la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), región a la que también pertenece Venezuela.

El alcance de la sanción va de la congelación de activos de Rosneft Trading S.A. a la prohibición de toda operación financiera con el presidente de esa filial, Didier Casimiro. Al castigar a esta empresa por asistir al país sudamericano en el comercio internacional del petróleo, el magnate pretende un rompimiento de relaciones en el rubro político.

El mensaje imperial, transmitido por funcionarios de la Casa Blanca a agencias europeas que pidieron su anonimato, es: “cualquier entidad en el mundo que lleve a cabo operaciones con el régimen de Maduro está sujeta a las sanciones. Es muy simple, no deben implicarse en transacciones con ellos”.

Para justificar su acción, el Departamento del Tesoro indicó que, en enero pasado, Rosneft Trading gestionó, a nombre de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el envío de dos millones de barriles de crudo de ese país a África Occidental.

Sanciones y hegemonía

Según The Moscow Times la decisión de sancionar a la mayor energética rusa fue abordada por Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la Conferencia de Seguridad de Munich, celebrada días antes.

El Kremlin respondió al desafío de Trump mediante su cancillería: “Rusia rechaza categóricamente las sanciones unilaterales con las que EE. UU. aspira a lograr la hegemonía global e intenta someter a todo el mundo bajo su voluntad”.

El comunicado añade que esas sanciones “no repercuten y no pueden repercutir en la política rusa en los asuntos internacionales, incluida la cooperación con las autoridades legítimas de Venezuela, Siria, Irán o cualquier otro país”.

El gobierno de Putin consideró, asimismo, que Washington utiliza las sanciones con fines geopolíticos, también “con el deseo trivial” de crear mejores condiciones para sus compañías, incapaces de resistir una competencia justa con los productores rusos en el ámbito internacional”. Rosneft Trading S. A. calificó esas medidas como violatorias al derecho internacional, al libre comercio y como “ilegales, injustificadas y actos de arbitrariedad”. La filial rusa subrayó que sus proyectos en Venezuela son “con estricto apego a las leyes nacionales e internacionales”. Y precisó que no persigue fines políticos, pues esas actividades son “exclusivamente comerciales” y en beneficio de sus accionistas.

Para Donald Trump, sancionar a empresas de sus adversarios políticos conforma su política exterior. Al amparo de esas medidas contrarias al libre mercado, las corporaciones estadounidenses presionan los mercados internacionales de petróleo y gas para manipular los precios. Esto no es nuevo; hace años, el analista Diego Herranz escribió: “El uso del arma más influyente del cártel petrolífero supone rebajar la oferta para dejar atrás la baja cotización y alcanzar cómodas cifras”. La actual Rusia no representa ninguna amenaza económica para EE. UU., no es un adversario en ese sentido, pues sus economías son muy distintas; la rusa es apenas una décima parte de la estadounidense. Pero Donald Trump ve en el país eslavo a un adversario geopolítico de gran talla, ya que en los gobiernos de Vladimir Putin se ha reposicionado mundialmente. Rusia desapareció prácticamente de la escena internacional desde 1991 y hoy aspira a “recuperar la voz que tuvo en su mejor momento la Unión Soviética en la toma de las decisiones globales”, declaró el militar español y exjefe de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército Europeo en Estrasburgo, Pedro Baños. “Desde el año 2000, ese político de San Petersburgo ha resucitado a Rusia”. Además, Rusia es uno de los más sólidos aliados político-comerciales del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta relación, que desafía la hegemonía estadounidense en América Latina en general y sobre los hidrocarburos venezolanos en particular, ya involucró al Kremlin en la política de sanciones económico-financieras de Donald Trump, destinadas a sofocar al gobierno bolivariano.

Al comercializar más de la mitad del crudo venezolano, la firma rusa ayuda a evadir las anteriores sanciones de Trump al país latinoamericano, explican analistas energéticos. La sanción contra Rosneft Trading S.A. se suma a las que Donald Trump adoptó la semana anterior contra varias empresas militares rusas. Para el Kremlin, esa política sancionadora resulta destructiva y mina el libre comercio internacional. “Ya es hora de que los políticos en Washington entiendan que con la presión económica y militar sobre Rusia no lograrán nada, solo profundizar la crisis en las relaciones bilaterales”, subrayaron funcionarios rusos. Con un ambiguo cálculo geopolítico, el magnate estadounidense extendió su estrategia anti-Maduro hacia Rusia al sancionar a Rosneft Trading S.A. Esta filial, con sede en Suiza y una de las mayores inversionistas en el país sudamericano, rige todas sus actividades en contratos previos a las sanciones de EE. UU. Algunos de sus proyectos son: Petromonagas (con 40 por ciento), Petromiranda (32 por ciento), Petroperijá (40 por ciento), Boquerón (26.67 por ciento) y Petrovictoria (40 por ciento). También posee el 100 por ciento del proyecto gasístico de exploración de los yacimientos Mejillones, Patao, de la agencia de servicios petroleros Precision Drilling y el 51 por ciento de la compañía Perforosven, según Euronews. Esta importante presencia explica la represalia de Trump, pues su política de sanciones unilaterales de EE. UU. se dirige a empresas que compiten en el mercado global. Lo de Rosneft es un intento de influir en el sistema de precios, controlar o eliminar a los principales actores del sector, señaló Pdvsa.

Además de difundir ese mensaje vía Twitter, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, consideró que EE. UU. busca “ejercer un control hegemónico del mercado petrolero mundial” y actúa bajo una suerte de “sicariato económico” contra las petroleras que no se subordinan a sus intereses imperiales y de dominación.

Para Maduro, “la discriminación económica y el odio, como instrumentos políticos promovidos por el gobierno de EE. UU. contra la principal empresa petrolera del país, Pdvsa, tiene como objetivo la destrucción de la economía nacional”.

Y es que la sanción a Rosneft busca indudablemente afectar el presupuesto del gobierno bolivariano y, con ello, limitar su capacidad para adquirir alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad en mercados foráneos. De ahí el rechazo a la medida arbitraria de EE. UU. y la solidaridad del gobernante con su socia Rosneft.

Al presentar los estados financieros 2019 de la compañía, su vicepresidente de Comercio y Logística, Otabek Karímov, afirmó que todas las actividades son absolutamente transparentes y su objetivo es maximizar el efecto para los accionistas.

México y Rusia 

En su pasada gira por América Latina el canciller ruso, Serguéi Viktorovich Lavrov, visitó Cuba, país que, desde hace casi 60 años, se halla bajo un feroz bloqueo económico de EE. UU. En su segunda escala llegó a México y conversó con el canciller Marcelo Ebrard, con quien habló de cooperación bilateral e integración regional, pues a Rusia le interesa el rol de México en la Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), organismo que preside este año, explicó la vocera rusa María Zajarova.

Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia desde 2004, es un político y diplomático de cepa. De 1981 a 1988 fue parte de la delegación soviética en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en 2004 fue designado canciller por Putin. En nuestro país puntualizó que ambos países “rechazan todo tipo de confrontación de fuerzas o intervenciones militares en Venezuela” y destacó que, en la región, México es el segundo socio más importante de Rusia y que el comercio bilateral supera los dos mil 400 millones de dólares (mdd).

 Como colofón a esta gira y antes de viajar a Venezuela, donde se reunió con Nicolás Maduro, el canciller ruso precisó:“Consideramos que la región debe tener un orden multipolar. Estados Unidos debe entender que Occidente ya es multipolar. Venezuela debe resolver sus problemas a través de un diálogo inclusivo con todas las fuerzas importantes”.

Tras afirmar que su país mantendrá los lazos económicos con el gobierno bolivariano, sentenció que Rusia considera que la idea de EE. UU. para Venezuela “socava los lazos económicos y contradice la carta de la ONU y la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.