La industria farmacéutica, señalan, verá aumentados los costos para producir los medicamentos y, por lo tanto, elevará sus precios.
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Prohíben fabricación, venta y distribución de cigarros electrónicos en México
El porcentaje de adolescentes usuarios de cigarrillos electrónicos pasó de 1.8% en 2021 a 4.3% en 2023.
Foto: Internet
La reciente reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la fabricación, venta y distribución de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México ha generado controversia, especialmente ante el aumento del consumo entre los jóvenes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), el porcentaje de adolescentes que usan estos dispositivos creció de 1.8 por ciento en el año 2021 a 4.3 por ciento en 2023.
La misma encuesta señala que 1.7 millones de adolescentes han probado vapeadores al menos una vez y un millón los consume de manera habitual. Además, el uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes de 15 a 19 años se quintuplicó entre 2018 y 2023, al pasar de 1.3 por ciento a 6.6 por ciento.
Entre los riesgos para la salud asociados al vapeo destacan la adicción a la nicotina, problemas respiratorios y cardiovasculares, así como daños en el cerebro en desarrollo.
La prohibición busca proteger a la población joven; sin embargo, especialistas advierten que podría fomentar la expansión de un mercado ilegal sin controles sanitarios, donde los productos suelen contener sustancias tóxicas. También señalan que esta medida podría facilitar el acceso de menores a vapeadores clandestinos.
La reforma contempla penas de hasta ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 11 mil y 250 mil pesos, para quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen estos productos sin autorización.
Sectores de la oposición aseguran que la medida no disminuirá el consumo, sino que lo desplazará hacia espacios sin regulación y acusan que se está criminalizando a los usuarios en lugar de atender a los verdaderos responsables.
Por su parte, organizaciones civiles proponen regular el mercado en lugar de prohibirlo, mientras que especialistas en salud pública insisten en que la estrategia debe ser integral para reducir el consumo entre adolescentes y controlar los riesgos asociados al vapeo.
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