México es uno de los países que menos invierte en medidas preventivas en el continente americano, de acuerdo con el Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (RAR24) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo destina un 1 por ciento del presupuesto para la reducción de riesgo de desastres a la prevención; el resto, el 99 por ciento es para la atención de emergencias.

El presupuesto asignado a la prevención resulta insuficiente cuando los desastres naturales golpean a México, como sucedió en 2023, cuando el huracán Otis impactó el estado de Guerrero, pues en menos de 24 horas, el fenómeno se intensificó al pasar de la categoría 1 a 5, dejando pérdidas materiales en el 80 por ciento de los hoteles y el 98.2 por ciento en las viviendas en Acapulco, indicó el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Michael Brennan.

El informe RAR24 destacó que, a pesar de ser una región vulnerable, América Latina invierte menos del 2 por ciento de su presupuesto en materia preventiva, lo que limita los esfuerzos para reducir riesgos.

Identificó que entre 2000 y 2022, un total de mil 534 desastres afectaron a más de 190 millones de personas. En casos extremos como el huracán María en 2017, el costo de recuperación en Dominica fue del 200 por ciento de su PIB “el país perdió todo lo que el dinero podría comprar”, señaló el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit.

Además, el informe revela que la cobertura de seguros en la región es insuficiente, ya que sólo el 5 por ciento de las pérdidas económicas derivadas de desastres en países en desarrollo están cubiertas por seguros, en contraste con el 40 por ciento en países desarrollados.

En cuanto a México, la eliminación de fideicomisos en 2021 cambió las reglas del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), creado en 1996, reduciendo su capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, el informe recomendó implementar un sistema de alerta temprana multiamenaza, a fin de reducir el impacto económico en un 30 por ciento y disminuir la mortalidad en un 80 por ciento; así como fortalecer la resiliencia de las finanzas públicas con el uso de seguros, cuestiones claves para reducir la vulnerabilidad de la región ante desastres.