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La economía mexicana es considerada la décimocuarta más grande del mundo; pero su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fue de 10 mil 590 euros en 2022, monto que lo situó en el lugar 67 de 196 países; además, su nivel medio de ingresos salariales es uno de los más bajos.
Desde finales de 2018, el país es gobernado por Morena, partido que se proclama izquierdista y que conquistó el voto ciudadano gracias a los compromisos de velar por el bienestar de los pobres, instrumentar un sistema de salud como el de Dinamarca, combatir con eficiencia la inseguridad pública y erradicar la corrupción.
Con el pretexto de cobatir este flagelo, el partido oficial organizó el mes pasado una campaña para elegir a su coordinador nacional de los “comités de defensa de la cuarta transformación”; con este nombre, Morena disfrazó la precampaña electoral que, desde hace medio año, emprendieron Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López y Ricardo Monreal Ávila para alcanzar la candidatura de su partido, aunque dichos actos de proselitismo anticipado violen las leyes electorales y, mediante la supuesta “lucha contra la corrupción” que lidera AMLO, no sean más que una estrategia propagandística para promover la imagen de personajes afines al Presidente con miras a la contienda de 2024.
Pero en los hechos, la lucha contra la corrupción ha fallado, según señala la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que denuncia las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados en el escrutinio de la Cuenta Pública del Gobierno Federal de 2022.
La Secretaría del Bienestar entregó pensiones para adultos mayores a 624 personas fallecidas y a 125 personas con edades menores a los 65 años, es decir, no cumplen los requisitos para recibir tales apoyos conforme a lo dictado por las reglas de operación de dicho programa.
Estas mismas infracciones, especialmente el pago post mortem a adultos mayores, fueron detectadas por la ASF en la Cuenta Pública de 2021, con una afectación a las finanzas públicas por 18 millones 32 mil pesos; y hasta febrero de este año, el monto global sexenal por tal concepto ascendió a 60 millones 659 mil pesos, según MCCI.
Aún no llega el sistema de salud danés
Sobre el compromiso presidencial de mejorar el Sector Salud hasta un nivel nunca antes visto en México, Isabella González y David Marcial, expertos en asuntos sanitarios, reportaron el incumplimiento de esta meta al diario El País en el artículo De la promesa de un sistema de salud como Dinamarca a la desaparición del Insabi: el ocaso de una de las grandes opciones de AMLO.
El 1° de diciembre de 2018, cuando asumió la Presidencia de la República, AMLO anunció, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), que durante su gobierno se haría “realidad el derecho a la salud”, que se garantizaría a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos; y que las regiones más pobres del país tendrían prioridad en esta oferta de salud pública.
Para cumplir este compromiso, en noviembre de 2019, se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y suprimió el Seguro Popular (SP), creado en 2003 por el expresidente Vicente Fox Quesada. La nueva institución sanitaria acopió los recursos del SP y los del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que financiaba la atención de enfermedades graves.
Después de dos años de funcionamiento, durante los que acumuló numerosos cuestionamientos, el Insabi desapareció también y se profundizó la crisis en todas las instituciones dependientes de la Secretaría de Salud (SS), pues aumentaron las denuncias de desabasto de medicamentos, negligencia médica, colapso de infraestructura; y actos de corrupción, que se extendieron a los centros de salud y hospitales públicos de las 32 entidades federativas.
Uno de los casos más difundidos fue el accidente ocurrido el 10 de julio, en el que Aitana, una niña de seis años, murió al fallar el elevador del hospital 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo; Aitana había sido ingresada por dengue a ese nosocomio.
El accidente se produjo cuando el elevador subió con las puertas abiertas mientras la camilla en la que iba la niña no había entrado completamente. La dirección del hospital lamentó lo ocurrido, expresó sus condolencias y empatía con la familia de la menor y se deslindó de la falla en el ascensor.
Atribuyó el accidente a la falta de mantenimiento de los elevadores, que estaba a cargo de la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México Sitravem, S. A. de C. V, empresa privada subcontratada por el IMSS y también concedida para el Metro de la Ciudad de México (CDMX) y al Instituto de Salud del Estado de México (Edomex), contratos que suman cerca de 34 millones de pesos (mdp), informó el diario El Universal.
En la plataforma Compranet puede consultarse que, en 2019, el IMSS entregó a esta empresa el contrato IA-050GYR028-E2-2019 para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores en la delegación regional Edomex oriente por un monto de tres millones 241 mil 464 pesos.
En 2020, la delegación de Aguascalientes también suscribió con Sitravem el contrato LA-050GYR032-E279-2019 por un monto de 297 mil pesos. En ese mismo mes, la delegación del IMSS en Guerrero firmó un convenio por 216 mil 46 pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores de la marca Schindler.
En abril de 2021, el IMSS en Jalisco pagó a Sitravem dos millones 716 mil 470 pesos por el servicio de mantenimiento de elevadores; y en el contrato AA-050GYR028-E280-2021 se indica que dicha empresa recibió 234 mil 500 pesos por mantenimiento de elevadores en la región oriente del IMSS en el Edomex.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX, a través del contrato STC-CNCS.023/2021, se comprometió, el 28 de diciembre de 2020, a pagar a esta firma 15.5 mdp a cambio del mantenimiento preventivo correctivo de elevadores marca Kone, Orona Vittoria y Thyssen instalados en los edificios y líneas 1, 2, 3, 9, A y B.
Y dos días después, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) concertó con la misma compañía el contrato 44064003-063-20 para el mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores a esta institución por un monto de ocho millones 466 mil 960 pesos.
El monto del dinero que Sitravem ha recibido del IMSS es muy alto, por lo que resulta inconcebible que no tenga capacidad tecnológica para brindar buenos servicios. Debido a esto, las autoridades del IMSS fueron severamente criticadas por no verificar que las empresas que contrata cumplan al pie de la letra sus compromisos, sobre todo porque de algunos de ellos depende la vida de muchas personas.
Además, hoy, el sistema de salud mexicano es objeto de las demandas y protestas de su personal médico, porque los salarios resultan muy bajos, se retrasan los pagos, se les obliga a trabajar más horas de las debidas y frecuentemente deben comprar insumos médicos e incluso medicamentos.
En las últimas semanas, la CDMX se ha visto paralizada por manifestaciones y bloqueo de calles que los trabajadores de la salud han organizado para protestar contra las pésimas condiciones en que cumplen sus delicadas tareas sanitarias. Los trabajadores de la salud también denuncian que aún no llega a México el prometido “sistema de salud de Dinamarca”.
Seguridad pública, la otra gran deuda
La grave inseguridad pública existente en el país destaca entre los problemas por los que se cuestiona a la administración federal de AMLO. “Gobierno de AMLO es ya el más violento: Impone récord histórico con 156 mil 136 asesinatos”, publicó El Universal el 25 de mayo de 2023. Esos homicidios dolosos fueron cometidos entre diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2023.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Reporte Diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), revelan que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) superó las 156 mil 66 víctimas de homicidio doloso contabilizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que hasta 2018 era considerado el periodo más sangriento de la historia reciente de México.
Otro de los indicadores del pésimo desempeño del gobierno morenista y su política “abrazos, no balazos” en materia de seguridad pública es el incremento sustancial de las desapariciones de personas. En febrero de 2023, el diario El Economista publicó un texto titulado Se agudizan desapariciones en 12 estados de México.
El año 2022 cerró con más de 110 mil personas desaparecidas. Especialistas en materia de defensa de los derechos humanos han criticado ampliamente al gobierno morenista porque consideran que no cuenta con una política adecuada para reducir las desapariciones y las violaciones de los derechos humanos por corporaciones militarizadas como la Guardia Nacional.
Megaobras y mega-campañas
En cuanto al incumplimiento de los compromisos morenistas de mayor prioridad (salud, seguridad pública y combate a la corrupción), resulta imposible soslayar el problema suscitado por la construcción de las llamadas “megaobras”: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.
Estas obras han triplicado su presupuesto original, siguen en etapa de “prueba” y tanto la elevación de sus costos como sus retrasos sugieren actos de ineptitud, negligencia y corrupción.
En agosto de 2022, el Secretario de Hacienda del gobierno morenista declaró: “Las finanzas de México están sintiendo la presión de los aumentos en los costos de financiamiento de las megaobras de infraestructura promovidas por el Presidente a medida que los plazos para concluirlas se acumulan hacia el final de su mandato”.
El costo del Tren Maya –cuya vía férrea se construyó sobre casi mil 600 kilómetros de la Península de Yucatán– superó con mucho su presupuesto inicial y se calcula que llegará a los 20 mil millones de dólares (mdd), cifra superior en 70 por ciento a la planeada. A este problema se suman las múltiples denuncias de ecocidio, porque están deforestando miles de hectáreas, afectando cenotes y mantos acuíferos y desplazando a numerosas comunidades mayas.
La refinería Dos Bocas, por su parte, lleva gastados cerca de 18 mil mdd, monto que duplica el presupuesto original y, a decir de algunos economistas, su costo podría ser mucho mayor. En esta misma situación se encuentra el AIFA, lo que implica que la llamada “austeridad franciscana” solo fue un ardid de la típica demagogia partidista de los candidatos en campaña.
A los resultados fallidos se suman el nulo combate a la corrupción, las fallas de la llamada “austeridad republicana” y las precampañas de las “corcholatasˮ de AMLO.
En un recorrido que el diario Reforma realizó sobre las principales avenidas de la CDMX, Monterrey y Guadalajara, detectó al menos 170 espectaculares de Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Manuel Velasco; y reveló que el costo promedio de un desplegado callejero de este tipo oscila entre 20 mil pesos y 40 mil pesos, como es el caso de la CDMX.
“Con un promedio de 30 mil pesos y contrato mínimo por tres meses de exposición, cada espectacular costaría 90 mil pesos”, revela el diario citado; además informa que el exSecretario de Gobernación fue quien más dinero invirtió en el pago de esta publicidad, ya que apareció en 108 espectaculares, cuyo costo aproximado fue de nueve millones 700 mil pesos.
Claudia Sheinbaum pagó alrededor de tres mdp por 34 espectaculares; Ebrard Casaubón dos millones cien mil pesos por 24; y Velasco desembolsó 360 mil pesos. Es decir, las “corcholatas” gastaron 15 millones 160 mil pesos en total para promover su imagen, según la nota de Reforma publicada el 14 de julio de 2023.
Este análisis no incluye los gastos que los precandidatos de Morena efectuaron a través de promocionales y entrevistas en algunos medios de información, incontables pintas en bardas, microperforados, volantes de papel, lonas y pagos de autobuses para el transporte de “acarreados”, cuyos costos resultan muy elevados, como es el caso de Adán Augusto, que los trajo de Tabasco.
Y todo esto sucede mientras el país no sale todavía de la crisis que trajo la pandemia de Covid-19, que se agudizó con la pésima política económica de AMLO, para quien lo único importante es mantener viva la popularidad de la “Cuarta Transformación”.
Las dos convocatorias obtuvieron el respaldo de todos los legisladores presentes en el Pleno.
El aumento equivale a 4.68 pesos.
Debido a que sus ingresos se han visto mermados, docentes miembros de la CNTE exigieron, entre otras demandas, un aumento salarial urgente y pensiones dignas.
La organización Save The Children reveló que tres millones de estudiantes de nivel básico y medio superior han abandonado la escuela durante la cuarentena; y que dos millones más no estudian porque en sus casas no hay siquiera un monitor de televisión.
Frente a esta cuádruple crisis, el gobierno de Morena evade su responsabilidad. En un insulto a la inteligencia, reitera que vamos muy bien y culpa al pasado, a “los de antes”.
La lista para diputados de Morena incluye a hijos o familiares de morenistas, priistas y panistas como candidatos que buscarán una diputación por mayoría relativa para la Cámara de Diputados.
Urzúa señala que “si el gobierno federal no quiere enfrentar de manera realista el asunto hacendario, no vale la pena abundar más sobre ello”.
Brugada Molina confirmó que mantendrá a Pablo Vázquez Camacho como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Marko Cortés señaló que la estrategia de seguridad “abrazos no balazos” de AMLO ha provocado que las Fuerzas Armadas se vean impedidas para ingresar a varias zonas de México.
Las declaraciones de López-Gatell no tienen certeza, pues en días pasados, los contagios por Covid-19 ha superado en algunos, más de 20 mil casos.
“La justicia no se consulta. Posiciones como la mía no son populares. Los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad”.
Solicitaban un aumento de recursos y que sea revisado el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año.
La estrategia es clara: ganar el Congreso en el 2021. La táctica también es clara: usar el dinero público, las mañaneras y las redes sociales para hacer campaña.
Sólo los trabajadores formales con un ingreso de 30 mil pesos o más pueden pagar una vivienda; por lo que los ingresos de los trabajadores siguen siendo insuficientes para costear todo lo que implica tener una vivienda.
El regreso a clases es otra huella de errores que se le suman a AMLO y su gobierno; y es otra mala decisión que costará más vidas.
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Escrito por Silvanna Mortera
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