Los resultados en las elecciones intermedias del seis de junio no fueron la debacle para el Presidente de la República y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena); pero tampoco representaron el triunfo aplastante y fácil que esperaban… semanas antes, en ambos ya se percibía preocupación e inseguridad por el futuro inmediato; los llamados a defender sus “conquistas” y su “transformación” de los enemigos conservadores que intentaban “restablecer la corrupción”… los ataques y la campaña de descalificación contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del Ejecutivo Federal y toda la propaganda electoral morenista reflejaban desesperación ante los avances del bando contrario.

Finalmente conservaron la supremacía legislativa y su dominio en varios gobiernos estatales y municipales; pero con dificultades y sin el nivel de aceptación y preferencia que habían alcanzado en 2018.

Una parte no despreciable de los electores que los llevaron al poder hace dos años y medio mostró decepción y rechazo, retirando su voto, o dando un “voto de castigo”, como puede llamarse a este acto de condena al gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) que, aunque ahora puede respirar más tranquilamente por haber mantenido su hegemonía en el Congreso de la Unión, muy pronto comenzó a perder la simpatía que le dio, hace dos años y medio, un amplio margen de ventaja.

La euforia por el triunfo electoral en 2018, la obtención del Poder Ejecutivo, tan largamente ambicionado, el contar con la superioridad numérica en el Poder Legislativo parecen ser los factores que condujeron al gobierno de la 4T a la centralización de los poderes, al autoritarismo, la intolerancia, la actitud soberbia ante cualquier crítica o punto de vista diferente al suyo; al abuso de su libertad sin límites para cambiar leyes, eliminar proyectos, desaparecer instituciones y programas creados en sexenios anteriores.

A este uso excesivo del poder están ligados todos los errores cometidos por el gobierno de la 4T; y sus consecuencias no han pasado desapercibidas para la población. Algunos de estos errores se entrelazan, reflejando su demagogia, falta de visión y desprecio por el interés de las mayorías: la obstinación en realizar megaproyectos en lugar de suspenderlos para invertir en salud pública ante el inminente arribo del Covid-19 y la tardía reacción ante las advertencias y recomendaciones internacionales para enfrentar la pandemia.

Consecuencia de estos errores son la escandalosa cifra de decesos, que a decir de especialistas de altísimo nivel pudo ser menor; la desaparición del seguro popular, que con todo y sus deficiencias respondía a las necesidades de atención médica de millones de mexicanos y que tuvo un efecto inmediato, porque la pandemia encontró al pueblo en un mayor desamparo; la desaparición de los fideicomisos y fondos de protección social no han dejado de provocar inconformidad, indignación y condena al gobierno de López Obrador. También despertaron malestar social las reformas constitucionales realizadas a todo vapor y ajustándose a la política y metas del partido en el poder, con miras a conservar su predominio electoral.

Los anteriores son apenas algunos aspectos de la errónea política morenista que se reflejó en su pérdida de aceptación y apoyo en la votación del seis de junio. De lo ocurrido en la jornada electoral de este domingo se desprende una eficaz receta para perder popularidad en dos años: negarse a escuchar los planteamientos y reclamos de organismos autónomos, intelectuales, maestros, estudiantes, feministas, etc.; cancelar programas sociales en detrimento de mujeres violentadas, niños con cáncer y enfermos de VIH; descalificar y burlarse de opositores, desatando una feroz persecución mediática y judicial contra quienes se atrevieron a disentir del Ejecutivo; extralimitarse y olvidar la división de Poderes y atropellar las leyes; observar una conducta injerencista en los comicios pese a todos los llamados de la autoridad electoral. El PRI tardó mas de 70 años y el PAN dos sexenios en sufrir el mismo desgaste que Morena enfrenta antes de cumplir tres años de su arribo a Palacio Nacional.