La entidad atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de salud pública. A pesar de la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar, que prometía garantizar servicios médicos integrales y gratuitos, la realidad dista mucho de ese objetivo: al corte de abril de 2025, el abasto de medicamentos en el estado se mantiene en un alarmante 44 por ciento.

Cifras oficiales proporcionadas por Gerónimo Lara Gálvez, coordinador estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar, indican que de los 4.6 millones de piezas solicitadas por las unidades médicas de Puebla, apenas 2.8 millones han sido entregadas. Esto significa que, para miles de pacientes con padecimientos crónicos o graves, el tratamiento completo no está garantizado.

La reciente cancelación de la compra consolidada de medicamentos por la Secretaría de Salud (SS) y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) ha generado una profunda preocupación entre representantes de la industria farmacéutica nacional e internacional.

A decir de diversos expertos citados por La Jornada el 25 de abril de 2025, la falta de planeación y la premura en la ejecución del proceso fueron factores determinantes para esta decisión. A pesar de que se asignaron contratos para aproximadamente dos mil claves, un número similar quedó pendiente, y muchos convenios no fueron firmados, lo que impidió que las instituciones entregaran las solicitudes de insumos a los proveedores. Esta situación arriesga el abasto de insumos para 2025 y 2026, lo que afecta tanto a fabricantes como a pacientes que no recibirán sus tratamientos.

Guillermo Funes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), expresó su preocupación durante la séptima Cumbre de Salud organizada por laboratorios como Bayer, Amgen y Boehringer, en colaboración con la Fundación Mexicana para la Salud, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Funes destacó que las empresas “se arriesgan, invierten, firman contratos y luego les cancelan”, y subrayó la necesidad de establecer reglas claras para evitar situaciones futuras como la cancelación de licitaciones después de unos meses.

Asimismo, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), recordó que en la junta de aclaraciones de la licitación cancelada se presentaron más de cinco mil preguntas, la mayoría sin respuesta, y se cometieron errores en las evaluaciones técnicas que, además, descalificaron a fabricantes que cumplían con todos los requisitos. Esta cadena de errores y omisiones ha generado incertidumbre en el sector y podría derivar en una ola de inconformidades de los proveedores afectados.

Pacientes pediátricos, los más afectados

El impacto es especialmente grave para sectores vulnerables, como los pacientes pediátricos con cáncer. En Puebla, los niños diagnosticados con este mal enfrentan una doble adversidad: la detección tardía de la enfermedad y el desabasto de medicamentos esenciales para su tratamiento.

El Hospital para el Niño Poblano, operado por IMSS-Bienestar y principal centro oncológico pediátrico en la entidad, recibe diariamente decenas de pacientes pediátricos poblanos y de entidades federativas vecinas; Uriel Félix González Ortiz, responsable del programa de Cáncer Infantil de la SS estatal, informó que se detectaron 175 nuevos casos con sintomatología de este padecimiento durante 2024; lo que representó un incremento de 36.5 por ciento respecto a lo reportado en 2020 por el Registro de Cáncer en Niñas, Niños y Adolescentes (RCNA). 

La doctora María del Rocío Baños Lara, directora del Centro de Investigación Oncológica “Una Nueva Esperanza” de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) advirtió en una mesa de análisis periodístico local que las posibilidades de curación podrían superar el 70 por ciento si existieran diagnósticos tempranos y tratamientos continuos, lo que no es posible dado el desabasto actual de medicamentos en Puebla. La falta de infraestructura adecuada para estudios especializados, como tomografías y resonancias, obliga a muchas familias a buscar atención en la Ciudad de México (CDMX), pero esto encarece el tratamiento y demora el diagnóstico.

La situación también afecta a otros grupos: pacientes con VIH, enfermedades mentales, diabetes o trasplantes, así como a quienes requieren tratamientos de hemodiálisis o antibióticos de alta gama; los pacientes afectados reportaron que deben costear por cuenta propia gran parte de los medicamentos recetados. Esto sucede cuando más del 40 por ciento de la población poblana se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Además del riesgo clínico, las consecuencias ya se reflejan en las cifras de mortalidad. En lo que va del año, Puebla encabeza los fallecimientos por tosferina en bebés a nivel nacional, con 45 defunciones registradas. Especialistas señalan que estas muertes están directamente relacionadas con el desabasto de vacunas e insumos básicos para la atención infantil.

Metas de basificación bajas en contraste con la demanda 

Mientras tanto, el proceso de basificación del personal del IMSS-Bienestar en Puebla, aunque es un paso importante hacia la estabilización laboral de los trabajadores de salud, se mantienen inamovibles frente a las verdaderas necesidades del sistema sanitario del estado. 

Aunque se ha avanzado al 50 por ciento en el proceso de basificación –esto incluye a aproximadamente 10 mil trabajadores–, aún restan 18 mil en contratos precarios, sin acceso a beneficios de una plaza fija. Este déficit laboral resulta más alarmante si se compara con la magnitud de la demanda de atención médica en Puebla.

Más de cuatro millones de poblanos, muchos de ellos sin seguridad social, dependen de un sistema que aún no garantiza suficientemente la cobertura y calidad de atención, especialmente en las zonas rurales y marginadas. En un estado con población creciente y con la cobertura médica insuficiente, la basificación del personal no resuelve por sí sola los problemas estructurales en el sistema de salud. La falta de médicos, enfermeras y especialistas es una realidad cotidiana en muchos municipios poblanos. 

Aunque en la segunda fase de contratación se han incorporado 133 nuevos especialistas, estos esfuerzos se encuentran limitados, sobre todo si se consideran las 14 mil 669 plazas necesarias para cubrir las deficiencias en áreas críticas. Este contraste entre la alta demanda de atención y los recursos limitados del estado evidencia que, a pesar de los esfuerzos realizados, el sistema de salud en Puebla luce deficiente y no tiene capacidad para responder efectivamente a las crecientes necesidades de la población.

Sin respuesta a la crisis

A pocos meses de haber asumido el cargo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se halla ante una de las pruebas más complejas de su administración: la crisis del sistema de salud pública bajo el modelo IMSS-Bienestar. Aunque en sus primeras declaraciones ha reiterado su compromiso con la atención médica universal y señalado que se están realizando compras emergentes de medicamentos, la realidad demuestra que las acciones emprendidas hasta ahora han resultado insuficientes para contener el desabasto que afecta a más de 50 por ciento de los pacientes en varias unidades municipales.

El panorama de salud pública en Puebla aún genera alarmas entre especialistas. El doctor Jorge Meneses Díaz, director de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla (UPAEP), calificó como preocupante la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la transición al modelo IMSS-Bienestar, pues considera que el nuevo esquema deja desprotegida a una parte considerable de la población. “Desaparecer el sistema de financiamiento Insabi deja a la gente totalmente descubierta a una cuestión que no quisiéramos, pero todos vamos a sufrir”, advirtió.

A esto se suma la saturación del IMSS que, según el especialista, ya está operando al límite de su capacidad: “Meterle más población sin crecimiento de infraestructura no tiene buen pronóstico”.

Meneses también subrayó que las principales fallas del sistema actual radican en la falta de medicamentos, la escasez de médicos especialistas –como geriatras y expertos en salud ambiental–, y la ausencia de una política clara para actualizar el cuadro básico de medicamentos. “Hay gente que empieza su tratamiento; pero por el desabasto, tiene que comprarlos por fuera sus medicamentos, y a veces no puede pagarlos”, lamentó.

El académico concluyó que la atención médica en México “está centralizada y mal distribuida”, lo que repercute en la inequidad del sistema y en la calidad del servicio que reciben los más pobres. Estas declaraciones evidencian una crisis estructural que, más allá de esfuerzos aislados, exige una respuesta integral y coordinada entre los gobiernos estatal y Federal.

Opacidad en el uso de presupuesto

A esto se suma la opacidad en el uso del presupuesto estatal destinado a salud. Para 2025, el Congreso aprobó más de 12 mil millones de pesos (mdp) para el sector; pero no se han transparentado las partidas específicas utilizadas para enfrentar el desabasto. 

En el ejercicio fiscal 2023, el Congreso del Estado de Puebla aprobó un presupuesto de 12 mil 943 millones 512 mil 960 pesos para los servicios de salud del Estado, según datos publicados por Periódico Central. Esta asignación presupuestaria reflejaba la intención de fortalecer la infraestructura y los servicios médicos estatales ante la creciente demanda sanitaria.

 Sin embargo, para 2024 se proyectó una reducción considerable con únicamente ocho mil 239 millones 796 mil 820 pesos para este rubro, es decir, se efectuó un recorte de más de cuatro mil mdp respecto al año anterior (Periódico Central, 2023).

Durante la discusión de la Ley de Egresos 2024, el Congreso local aprobó un presupuesto global de 121 mil 468 millones 667 mil pesos para el estado. En este paquete se reasignaron más de 566 mdp a diversos sectores, incluidos los servicios de salud, pero sin compensar el recorte ya mencionado. Tal aprobación fue reportada por El Sol de Puebla, que destacó la preocupación de algunos legisladores ante la disminución de recursos para áreas críticas como la salud pública (OEM, 2023).

El gobierno estatal ha defendido tal ajuste bajo el argumento de que el modelo IMSS-Bienestar absorberá parte de las funciones y gastos de la SS local. Sin embargo, esta transición no fue acompañada por la claridad financiera o administrativa requerida, lo que está generando escepticismo entre especialistas y organizaciones sociales.

 Existe el temor de que los recursos federales no lleguen con la misma agilidad o suficiencia, lo que desprotegería a miles de personas, sobre todo en zonas marginadas y rurales donde el sistema de salud ya presenta severas carencias (Sucesos Puebla, 2023).

A decir de organizaciones como Nosotrxs y el colectivo Cero Desabasto, Puebla es uno de los estados con mayor número de reportes ciudadanos por falta de medicamentos en unidades de primer nivel, especialmente en zonas rurales y conurbadas donde el acceso a farmacias privadas resulta limitado.

Estallido social por sistema de salud en decadencia

El descontento también se ha evidenciado en las calles. ​El tres de marzo de 2025, trabajadores del Hospital General de Cholula protestaron mediante un bloqueo del Periférico Ecológico, exigiendo la destitución de la directora del nosocomio, Elizabeth Guadalupe Laug García. El grupo de manifestantes estuvo conformado por médicos, enfermeras y personal administrativo, que denunció acoso laboral, abuso de poder y negligencia administrativa de la directora, así como falta de insumos médicos y medicamentos esenciales, lo que ha generado condiciones laborales precarias y arriesgado la atención a los pacientes.

Tras casi un mes de manifestaciones, el 1° de abril de 2025, Guadalupe Elizabeth Laug García fue destituida del cargo de directora del Hospital General de Cholula; su lugar fue asumido por el pediatra Martín Carrasco, quien anteriormente se desempeñaba como director del hospital de Huejotzingo. Según Jorge Alberto Muñoz, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en el nosocomio, la remoción de la directora es un primer paso para mejorar el ambiente laboral en el hospital y el suministro de medicamentos e insumos.

A pesar de este cambio, los trabajadores han señalado que aún persisten problemas en el hospital, como el hostigamiento de la jefa de enfermeras y la necesidad de cambiar al titular de Recursos Humanos. El delegado del SNTSA indicó que, aunque se ha comenzado a percibir un mejor ambiente laboral y un diálogo real con la nueva dirección, todavía falta atender estos problemas laborales para mejorar las condiciones hospitalarias y la atención a los pacientes.

Este conflicto en el Hospital General de Cholula es sólo un ejemplo de la problemática recurrente en el sector salud de Puebla, donde la falta de insumos y medicamentos, así como las deficiencias en la gestión administrativa afectan directamente la calidad del servicio y la estabilidad laboral del personal. La situación exige una pronta respuesta de las autoridades y la apertura al diálogo, ya que una resolución adecuada podría no solamente resolver los conflictos actuales, sino también prevenir futuras tensiones y mejorar el funcionamiento del hospital.

El pasado miércoles 11 de junio, cientos de trabajadores de la salud afiliados a la Sección 25 del SNTSA en el estado de Puebla, realizaron una protesta pacífica que inició alrededor de las 7:00 horas en el edificio de los Servicios de Salud estatales, ubicado en la calle 15 Sur 302, y culminó con la llegada de los manifestantes a Casa Aguayo. Entre pancartas y consignas, los inconformes exigieron una contratación más justa, pago puntual de salarios, plazas sindicales para el personal con antigüedad y la garantía de abasto de medicamentos e insumos médicos en hospitales de Puebla y municipios como Tehuacán, Teziutlán y Huejotzingo.

Durante el trayecto, la movilización avanzó por avenidas clave del Centro Histórico –como la 8 Oriente y el bulevar 5 de Mayo–, efectuando paradas simbólicas frente a delegaciones hospitalarias, IMSS‑Bienestar y la Secretaría de Salud estatal para visibilizar las condiciones adversas en las que laboran. El secretario general del SNTSA, Julio Alfredo García, advirtió que podrían incluso tomar edificios públicos hasta que se instalen mesas de negociación formales; sin embargo, destacó que la protesta se desarrolló de forma pacífica, sin afectar el servicio hospitalario.

Además, desmintieron a las autoridades estatales, que afirman que el abasto de medicamentos se encuentra entre el 60 y el 70 por ciento; esta afirmación falsa fue, en gran medida, el motivo de su protesta.

Salud pública atrapada entre intereses privados

El desabasto de medicamentos en México y la reciente cancelación de licitaciones públicas revelan una profunda contradicción entre el interés estatal y los intereses del capital. El sistema de salud, lejos de funcionar como una herramienta para garantizar derechos básicos, opera bajo las lógicas del mercado, subordinado a la rentabilidad de los grandes consorcios farmacéuticos.

La cancelación de contratos, la opacidad en las evaluaciones técnicas y la falta de planeación estatal no son simples errores administrativos, sino pruebas de un Estado burgués que, en lugar de garantizar el bienestar colectivo, perpetúa un modelo en el que el acceso a la salud es una mercancía más, sujeta a la oferta, la demanda y las tensiones del capital privado.

Las declaraciones de Guillermo Funes, presidente de Canifarma, y de Juan de Villafranca, de Amelaf, durante la séptima Cumbre de Salud –organizada por laboratorios y cámaras empresariales– reflejan la influencia actual de la industria farmacéutica en las decisiones públicas relacionadas con el sistema de salud.

 Aunque sus señalamientos apuntan a la necesidad de mayor certidumbre y transparencia en el proceso de compra gubernamental, también evidencian cómo “las reglas del juego”, en muchos casos, finalmente se adaptan más a las condiciones del mercado que a las urgencias sociales.

 La exigencia de “reglas claras” no solamente busca mejorar procesos administrativos, sino proteger un modelo en el que los actores privados influyen determinantemente sobre el acceso a medicamentos. Además, el fracaso de la compra consolidada y la desarticulación entre instancias como Birmex y la SS demuestran que la llamada “transformación del sistema de salud” no ha despojado del neoliberalismo que privatizó de facto la atención médica desde los años 80. 

Así que, a pesar de que el Gobierno Federal insista en que el modelo IMSS-Bienestar representa una solución estructural a los problemas del antiguo Seguro Popular, las evidencias en Puebla muestran que la implementación padece una deficiente planeación, falta de coordinación y negligencia en la logística de distribución. En tanto no se restablezca un flujo constante de medicamentos y materiales de curación, miles de pacientes enfrentarán un sistema que, paradójicamente, lleva en su nombre la palabra “bienestar”.