Los 340 habitantes de la colonia Berenice Bonilla, ubicada en el área conocida como Castillotla de la capital de Puebla, son objeto de una difamatoria campaña periodística orquestada por los habitantes de los fraccionamientos colindantes.

Entre las falsas acusaciones difundidas contra los colonos, todos de bajos recursos económicos, destacan las versiones de que sus 85 lotes “invaden” la zona arqueológica Tres Cerritos y la ribera del río Atoyac, al que rellenan con cascajo; y sus casas afectan la flora y fauna de Castillotla.

Sin embargo, los habitantes de la colonia Berenice Bonilla rechazan rotundamente estas afirmaciones porque ésta se ubica a por lo menos 30 metros de la ribera, a más de 150 metros del cauce del río Atoyac, a 200 metros de los fraccionamientos Cipreses de Mayorazgo, La Vista Country Club y Rinconada Los Arcos y a más de 300 metros de la Universidad Politécnica de Puebla (UPP) y la zona arqueológica Tres Cerritos.

Los habitantes de la colonia Berenice Bonilla desmintieron una nota informativa publicada el pasado 15 de enero en el portal e-consulta.com en la que vecinos del fraccionamiento La Vista los acusan de aventar escombros, así como de invadir y alterar el cauce del río Atoyac.

El mismo portal informó el pasado siete de febrero: “Este tiradero está trayendo daños irreversibles al río Atoyac donde aún hay fauna, inundaciones, problemas de drenaje, afectaciones en las viviendas y calles”.

Pero los ciudadanos imputados refutaron esta información con otra ampliamente conocida por todos los habitantes de Puebla-capital: que los responsables de la contaminación del río Atoyac son las empresas que, desde hace muchos años, descargan sus desechos en las aguas de este afluente.

Y aclararon, además, que en su compromiso por dignificar las condiciones de vida de los pobladores, Antorcha Campesina, organización a la que están afiliados, gestionó la introducción de un colector sanitario con contrato No. SOAPAP/PROSANEAR-2023-007-OP ante el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), que es construido para beneficiar a todos los habitantes de esa región.

“Tampoco son nuestra responsabilidad las afectaciones en viviendas, calles y drenajes que se presenten en los fraccionamientos; pues tanto éstos como la colonia se encuentran cercados y el acceso está restringido”, reveló a buzos, Blanca Hermila, presidenta de la asociación de colonos.

Una de las vistas aéreas de la aplicación Google maps no sitúa ninguna de las casas de la colonia Berenice Bonilla al costado inmediato de la ribera del río Atoyac. “En efecto, el afluente pasa relativamente cerca; pero nos separan más de 30 metros de él. Nosotros respetamos los 15 metros establecidos por la ley federal entre las orillas de afluentes, ríos o mares y la construcción de infraestructura pública o privada”, reportó Blanca Hermila.

La colonia tampoco se asienta en la zona arqueológica Tres cerritos, que se ubica detrás de la UPP y se localiza al cruzar el barranco. “Los primeros que deberían ser sometidos a investigación son los de la universidad, que están literalmente a un lado. A nosotros nos separan más de 100 metros de esa zona, donde además pasa el ríoˮ, añadió la dirigente.

Otra de las habitantes aclaró que el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) no tiene responsabilidad en ninguno de los problemas. “Por el contrario, trabajamos arduamente por hacer que nuestra colonia tenga las condiciones necesarias para dignificar la vida de nuestras familias y de todas las que quieran llegar. Se trata, pues, de problemas de origen social”.

Los colonos denunciaron que a diario sufren el hostigamiento de los drones enviados por los vecinos de los fraccionamientos de lujo, así como el frecuente envío de bolsas de basura con excremento de mascotas a sus calles.

Solicitaron la intervención de las autoridades y enviaron un mensaje a los vecinos de los fraccionamientos: “pedimos atentamente que respeten el derecho a la vivienda de los ciudadanos, las condiciones económicas evidentemente diferentes entre la colonia y sus fraccionamientos no debe ser objeto de empoderamiento para emprender acciones de hostigamiento mediático y social”.

Un conflicto viejo

El río Atoyac nace en la Sierra Nevada de Puebla y su cauce tiene una longitud de 200 kilómetros, atraviesa el estado de Tlaxcala y desemboca en el río Balsas que, después de un recorrido de más de 700 kilómetros, deposita sus aguas en el océano Pacífico cerca de la costa de Guerrero. 

De acuerdo con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (Sosapatex), “las ricas tierras y aguas del sur de Tlaxcala, donde se desarrollaron complejos sistemas de producción agrícola durante la época prehispánica, sufrieron una ola de expansión industrial a partir de la construcción de la autopista México-Puebla en 1962; la inauguración de la planta armadora de Volkswagen en 1964 y la construcción del Complejo Petroquímico Independencia en 1969, originaron una región de articulación económica entre el centro, el sureste y el Golfo de México, estructurada por el sistema carretero intrarregional”. 

La industria de la zona alcanzó su mayor apogeo con la activación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyos efectos ambientales devastaron, deforestaron y destruyeron áreas de recarga acuífera; y los asentamientos irregulares, la conurbación, la extracción descontrolada de agua y la descarga no controlada de agua residual industrial y drenajes municipales en los ríos y arroyos han deteriorado el paisaje natural de la región (Grajales y Welti, 2003, Coordinadora por un Atoyac con Vida y otros, 2017).

A partir de los años 90, muchas familias en las comunidades de los municipios tlaxcaltecas de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tepetitla de Lardizábal y Nativitas padecen graves problemas de salud ocasionados por cáncer, leucemia, insuficiencia renal y púrpura trombocitopénica que hasta entonces eran desconocidos en la región.

Los vecinos atribuyeron la aparición de estas enfermedades a la contaminación del río Atoyac, generada por las industrias asentadas en la ribera de este afluente; ya que “antes no había fábricas y no nos enfermábamos. Ahora hay fábricas y nos enfermamos”.

Esta denuncia fue respaldada muchos años después por análisis de laboratorio. De acuerdo con investigaciones de María Helena Cerecedo Arroyo, especialista de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y Gabriela Pérez Castresana, investigadora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xavier Gorostiaga (IMA) de la Universidad Iberoamericana Puebla (UIP), las aguas contaminadas contienen sustancias químicas que afectan al sistema inmunológico y algunas son cancerígenas.

El análisis La salud del río Atoyac, de Cerecedo Arroyo, advierte que la contaminación del río es grave y afecta la salud de las poblaciones de los 70 municipios ribereños alrededor del Atoyac: 48 de Tlaxcala y 22 de Puebla.

“Dichas afectaciones son causadas por la exposición a contaminantes provenientes de las emisiones industriales y de las descargas de aguas residuales donde, por medio de las vías receptoras como la inhalación, la ingestión y el contacto dérmico, es ahora comprobable que los habitantes han desarrollado enfermedades relacionadas con el deterioro progresivo de la calidad de agua del río”, alertó la investigadora al diario Milenio.

Por su parte, Pérez Castresana explica que los pobladores de la región están expuestos a la inhalación, la ingesta y al contacto directo con los más de 50 contaminantes químicos cancerígenos detectados en las aguas del río.

“No estamos hablando sólo del agua. Estamos hablando de que todos los contaminantes que se descargan, que se vierten al río, son contaminantes que luego pasan al suelo y del agua al aire y a las plantas”, precisó.

Empresas intocables

A los daños ecológicos que el río padece debido a la industrialización, el crecimiento urbano y las descargas de drenajes, se suman la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales y las laxas normas para suspender la descarga de sustancias tóxicas.

El 21 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 10/2017 sobre “la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros, en Tlaxcala”.

Durante los recorridos de dos medios de comunicación locales (Lado B y buzos) y varios activistas sociales constataron que dos plantas de tratamiento de aguas residuales y una estación de vigilancia y análisis de la calidad del agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no funcionan y están abandonadas; esta última incluso tiene cortados y colgados los cables de luz.

En su recomendación de 2017, la CNDH documentó que 50 empresas industriales (entre ellas Bayer y Big Cola) vierten sus desechos en el río Atoyac; que las autoridades federales les hacen inspecciones frecuentes y que les han aplicado multas que van de los 30 mil a los 100 mil pesos, pero que tales sanciones no logran evitar que esos corporativos reincidan en sus prácticas contaminantes porque prefieren pagar multas, debido a que éstas resultan más baratas que la instalación de sistemas de tratamiento residual, cuyo costo puede ser de varias decenas de millones de pesos.

En 2020, tres años después de la recomendación de la CNDH, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) retomó el asunto, pero todo siguió sin cambio alguno.

La directora del Centro Fray Julián, Alejandra Méndez, explicó que la mayor exigencia de las autoridades federales consiste en la construcción de más plantas de tratamiento, pero que éstas se limitan a eliminar residuos biológicos (la mayoría provenientes de descargas municipales, es decir, de sanitarios), y no tienen capacidad para el agua contaminada con sustancias tóxicas.

Entre Tepetitla y Huejotzingo existen dos gigantescos corredores industriales (como el Quetzalcóatl y el Huejotzingo) donde hay fábricas textileras, farmacéuticas, automotrices y de alimentos, cuyas descargas en el río Atoyac no son supervisadas por las autoridades.

De acuerdo con información de la Conagua, el 56 por ciento de las plantas tratadoras que hay en la cuenca del Atoyac, están detenidas; y ninguna de las que sí trabajan, funciona al 100 por ciento.

Además, sufren discriminación

Otra de las dificultades que enfrentan los pobladores de las áreas ribereñas al río Atoyac es la discriminación en los mercados; pues productos agrícolas como lechuga, col, cilantro y otras verduras son rechazados o comprados a precios que no alcanzan los costos de producción, debido a que se les presume contaminados.

Además, las personas humildes que viven sobre las áreas cercanas al río Atoyac enfrentan el hostigamiento mediático y físico de los habitantes de los fraccionamientos residenciales de clase media-alta; esto sucede porque incurrieron en el grave delito de comprar terrenos que colindan con sus lujosas casas-habitación.

Durante las últimas semanas, en la capital de Puebla, el MAN ha sido objeto de calumnias por el supuesto relleno al río Atoyac a manos de los habitantes de la colonia Berenice Bonilla; estas acusaciones fueron desmentidas en un comunicado oficial: “Antorcha niega categóricamente las acusaciones que han sido lanzadas en su contra. No estamos rellenando el río Atoyac.

“El terreno para construir habitaciones fue comprado hace tiempo y se paga a los antiguos dueños, lo que puede probarse ante la autoridad por los colonos cuando sea obligadamente necesario. Por lo tanto, y debido a que se trata de una compra legal, la gestión de los servicios básicos para la colonia se realizó desde hace varios meses y su solución está en proceso”.

En un reportaje publicado por este semanario en julio de 2023, con el encabezado Empresas contaminan importante Río Alseseca, se informa que entre 1960 y 1980 se instalaron varias empresas, la mayoría textileras, cerca del centro de la capital poblana, que de inmediato contaminaron el afluente, razón por la que “lo que hace medio siglo era una rutina tranquila en la ribera del riachuelo de aguas transparentes, ahora es una pesadilla de aguas negras, pestilentes e insalubres, que cada verano amenaza a las familias”.

La misma situación se vive en las áreas ribereñas del Atoyac desde hace más de 25 años, donde son frecuentes las denuncias por contaminación, desbordes del río y derrumbes de hogares; pero todo sigue igual porque las autoridades no resuelven nada sobre estos problemas y porque las empresas contaminantes se escudan en amparos tramitados por abogados mafiosos para evitar sanciones y clausuras.

Muchas de esas empresas carecen de permisos de impacto ambiental, no tienen plantas tratadoras de agua y, si las tienen, no las activan o ya están en desuso. Estos empresarios, la mayoría con grandes capitales, alardean que pagan impuestos para la protección del medio ambiente; pero su monto no es suficiente para atender el problema; además de que en los municipios no hay registro de cuántas empresas descargan residuos ilegalmente.