El Partido Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro informó que el Juzgado Quinto de Distrito en Querétaro les concedió una suspensión definitiva contra la reforma judicial, lo cual implica que el Instituto Nacional Electoral (INE) no podrá seguir adelante con la organización de los comicios para elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados.

Laura Ballesteros, diputada federal de MC la suspensión que consiguieron implica también que no se podrá destituir a un solo juez o magistrado federal, el Senado no podrá emitir la convocatoria para elegir a jueces y magistrados, la Cámara de Diputados no podrá reducir el presupuesto del poder judicial ni eliminar los fondos que garantizan los derechos de los trabajadores y los estados no podrán armonizar sus constituciones al decreto de reforma judicial.

El jueves 17 de octubre, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, dijo que están a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronuncie sobre si las suspensiones concedidas por jueces son procedentes o pueden continuar con la organización de la elección judicial e incluso garantizó que acatarán la orden de una suspensión definitiva del proceso.

“Si esto se suspende de manera definitiva habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes”, dijo ayer a medios de comunicación.

Al respecto, la diputada Ballesteros dijo esperar que el INE obedezca la suspensión dictada por el juzgado de Querétaro y afirmó que desde su bancada continuarán con la batalla jurídica para echar atrás la reforma judicial.

La expanista indicó que seguirán luchando para que el Poder Judicial invalide esta reforma, que permite que un partido capture al Poder Judicial, pisoteando el derecho de acceso a la justicia de todas las personas y los derechos de las y los trabajadores judiciales.

La diputada federal del partido naranja acudió al Palacio de Justicia Federal en San Lázaro a presentar a trabajadores del Poder Judicial la suspensión definitiva obtenida, recurso que, acusó, la Fiscalía General de la República (FG) intentó frenar a través de un Ministerio Público.

“La suspensión no es un hecho menor porque, incluso la Fiscalía quiso echarla para atrás, echó a un Ministerio Público andar para declararla inválida. El propio tribunal le dijo que era improcedente, no tiene absolutamente nada que hacer ningún ministerio público, ni ninguna Fiscalía en cuestión de estas inconformidades con el amparo.