Esta semana, el Reporte Especial de buzos se ocupa de uno de los más polémicos aspectos de la política del gobierno actual: su Plan Nacional de Infraestructura, en qué consiste, sus metas, sus avances y su verdadera intención, es decir, el objetivo propagandístico del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), punto clave que explica su lenta realización, el pobre avance de las obras y la perspectiva nada optimista de realizarlas al 100 por ciento en el plazo fijado.
En noviembre de 2019, el Presidente de la República anunció un gran plan que estaría integrado por el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado (ANIISP); en total se construirían más de mil 600 obras más un primer paquete de 147 proyectos de obras de infraestructura, con una inversión multimillonaria.
A este Plan se sumaron otros dos paquetes de proyectos de obras públicas, en 2000 y 2021, respectivamente, prioritarias por tratarse de caminos y carreteras, redes de agua potable, obras de saneamiento, servicios de comunicación, etc.
La mayor parte de esta cuantiosa inversión sería desembolsada por el sector privado y la meta del Gobierno Federal era terminarla antes de las elecciones presidenciales de 2024, es decir, deberían concluirse en 2023, año electoral estratégico por los cambios de gobierno en Coahuila y el Estado de México.
La meta del Plan Nacional de Infraestructura revela con toda claridad sus objetivos políticos, electoreros, partidistas: aumentar el número de votantes, asegurar el triunfo del partido gobernante en 2024 y continuar al mando del país.
No es que la 4T pretenda reactivar la economía nacional en el corto o mediano plazo y tampoco atender las prioridades de la población, sus necesidades más urgentes; esto, que es bastante obvio, lo demuestra plenamente el hecho de que las obras prioritarias para el pueblo tendrán que esperar a que las “megaobras” de la 4T sean concluidas, exhibidas y aprovechadas como parte de la campaña electoral en los dos años siguientes.
Estos objetivos políticos, sin embargo, tienen un segundo efecto: son factor de retraso en el conjunto de las obras de infraestructura, la mayoría de ellas urgentes, prioritarias en los estados y los municipios de todo el país; esto se debe a que el Presidente ha ordenado dar preferencia presupuestal a las que algunos han dado en llamar sus obras faraónicas.
El retraso del Plan Nacional de Infraestructura es un hecho indiscutible; en junio de 2022, el avance de los proyectos y de las inversiones no alcanzaba ni el 50 por ciento; la mayoría de las obras se encuentra hasta la fecha en su etapa inicial. A la 4T le queda menos de un año para alcanzar su meta y cumplir con sus objetivos políticos; ¿podrá, como otras veces, inaugurar decenas o cientos de obras aún sin concluir y algunas sin iniciarse?
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El Gobierno y la clase empresarial
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