Una nota periodística o un reportaje pueden tener tal fuerza, causar tal revuelo, que nos obliguen a reflexionar sobre los más importantes planteamientos de los altos gobernantes, de los que llevan las riendas de la sociedad, por ejemplo, la veracidad del combate a la corrupción o la disminución de este fenómeno, principal bandera política del Presidente de la República y del gobierno de la “Cuarta Transformación”.

Lo anterior se demuestra con los efectos de un reportaje publicado hace más de dos años sobre la adjudicación de un contrato multimillonario a un compadre de Rocío Nahle, Secretaria de Energía, para que realizara trabajos en la refinería de Dos Bocas y que provocó denuncias, investigaciones y análisis de expertos en materia de contratación de obras públicas y la reglamentación respectiva.

La Secretaria de Energía, claramente ligada con uno de los proyectos emblemáticos de la presente administración, se vio obligada a manifestar públicamente su punto de vista, desmentir afirmaciones periodísticas y asegurar su desconocimiento de otros hechos mencionados en la publicación; pero no tuvo más remedio que aceptar su compadrazgo con el empresario denunciado.

Diversas voces exigen a la Secretaría de la Función Pública investigar los hechos porque, sostienen, no basta un simple desmentido periodístico para exonerar a la funcionaria federal. Legisladores exigen que se investigue a la titular de la Secretaría de Energía y condenan no haberlo hecho a su debido tiempo para determinar la existencia de conflicto de interés y otros posibles ilícitos. Organizaciones civiles han demostrado que la adjudicación de un contrato multimillonario al constructor veracruzano solo se explica por el compadrazgo del mismo con Rocío Nahle, una de las colaboradoras más cercanas del gobierno de AMLO.

El Reporte Especial de buzos de la noticia recoge esta semana diversas opiniones, denuncias y presenta los resultados de investigaciones que permiten concluir que en la construcción de la Refinería Olmeca ha habido opacidad, es decir, falta de transparencia en la adjudicación de los contratos, los cuales se otorgan por medio de invitaciones restringidas y no por concurso abierto con reglas preestablecidas; de esto se desprende la existencia de conflicto de interés en la adjudicación de contratos, detrás del que puede existir corrupción.

En otras palabras, el encadenamiento de los hechos pone en duda la realidad del combate a la corrupción, bandera que llevara a AMLO a la Presidencia de la República. Algunos legisladores sostienen que el jefe del Ejecutivo, para demostrar que está dispuesto a luchar efectivamente contra la corrupción, debería permitir que sus colaboradores más cercanos sean investigados cuando existan denuncias en su contra en vez de cubrirlos con un manto protector que solo favorecerá la impunidad.