El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está haciendo historia; ocho de cada 10 contratos que suscribe para sus compras son adjudicación directa —el 80 por ciento de las más de 150 mil que efectúa al año—, la práctica que más propicia los actos de corrupción, según los especialistas.

En el reporte México, sin avance en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), fechado el 24 de enero de 2022 y proyectado por la organización civil Transparencia Mexicana, se informa que, en 2021, académicos y analistas especializados en riesgo financiero ubicaron a México en el lugar 124 entre 180 países; y que se sitúa en la peor de las posiciones en materia de corrupción, entre las 38 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Pese a tal situación, el pasado 26 de abril de 2022, el Presidente envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma cuyo principal objetivo es centralizar en la Secretaría de la Función Pública (SFP) las decisiones y supervisión de las adquisiciones que realiza la Administración Pública Federal (APF), es decir, la SFP se haría cargo de coordinar y oper.ar las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) de las dependencias y los organismos desconcentrados y paraestatales, con excepción de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según los analistas consultados por buzos, tanto la fiscalización como la centralización de compras y adquisiciones en una misma dependencia comportan riesgos de corrupción porque ésta sería juez y parte, además de que el exceso de atribuciones en la SFP provocaría remociones burocráticas; y le devolvería facultades que la reforma de diciembre de 2018 transfirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo propósito consistía también en mejorar y transparentar procedimientos administrativos.

Consultada al respecto, Fernanda Avendaño, coordinadora de anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO), reveló a este semanario que las modificaciones legales propuestas, aparentemente positivas, generan riesgos porque la concentración de las compras públicas y su fiscalización en una sola oficina podrían alterar el funcionamiento imparcial requerido en las adquisiciones públicas.

El analista político y académico en derecho José Luis Espinosa Piña informó a buzos que antes del inicio de la actual administración federal “se había construido un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Recordemos aquellas sesiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, las reformas que hubo a una serie de leyes para construir ese sistema. Hoy pregunto: ¿Dónde está ese sistema? ¿Está operando? ¿Está vigente?

“Y el planteamiento que se hacen la sociedad civil y la opinión pública especializada es: el Congreso de la Unión tendría que informar cómo está operando el SNA, y el Poder Ejecutivo (encabezado por el Presidente de la Republica) cómo ha implementado las determinaciones derivadas de ese SNA. Nos tienen que informar cuál es el estado de salud del SNA”.

Espinosa Piña aseveró que la citada reforma presidencial para centralizar las compras de gobierno y supervisar las adquisiciones públicas no agiliza los procedimientos, sino los entorpece; y no genera el ahorro de unos pesos o centavos, sino que propicia actos ilícitos.

“Lo que pretende la propuesta del gobierno es que todo el gasto de fiscalización lo asuman las secretarías, pero que las decisiones las tome la SFP, que supervisa, determina, ordena, aplica auditorías, revisa. Todo ese gasto, ahora ya no lo asumiría la SFP, lo tendría que asumir cada una de las secretarías de Estado, dependencias u organismos descentralizados”, explicó Espinosa.

SFP también se extralimita

En el informe Cinco instituciones que usan las adjudicaciones directas como la regla de contratación, editado el 10 de agosto de 2021, realizado por los analistas del IMCO, se identifica a la SFP como una de las cinco instituciones federales que abusan de la figura de la adjudicación directa en sus contratos de compra.

Según los datos revelados a finales de 2020, la SFP había gastado ocho de cada 10 pesos de su presupuesto en adquisiciones mediante contrataciones de concesión directa y solo aplicó uno de cada 10 pesos en licitaciones públicas.

La empresa de Estado Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C.V, (Birmex) asignó el 98 por ciento de sus compras por un monto de tres mil 800 millones de pesos (mdp) mediante adjudicación directa; y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) concedió directamente 75 por ciento de sus compras por un monto de 12 mil mdp.

La Secretaría de Marina (Semar) desdeñó por completo el uso de la licitación pública y utilizó la adjudicación directa en 75 por ciento de sus compras por un monto de mil 900 mdp; y solo 671 mdp mediante invitación restringida, equivalente al 25 por ciento. Y Diconsa, originalmente Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S.A., “adjudicó únicamente el cuatro por ciento a través de licitaciones, lo que representa 460 mdp”.

En el reporte 43 por ciento de las compras públicas fueron por adjudicación directa en 2020, los especialistas del IMCO explicaron, el 28 de abril de 2021, que las licitaciones públicas son concursos de proveedores mediante convocatorias abiertas que “permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos, en contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas”.

El análisis destaca también que la creciente tendencia a utilizar las adjudicaciones directas “es un foco rojo para la competencia y, además, representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos”.

El informe Adjudicaciones directas, el método preferido para contrataciones durante el gobierno de AMLO, de MCCI, señala que de diciembre de 2021 al corte del tres de febrero de 2022 se mantenía una tendencia en la actual administración, en que ocho de cada 10 contratos de gobierno se entregan por adjudicación directa a proveedores particulares y/o empresas.

A decir de los analistas de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “la APF entregó un total de 157 mil 796 contratos durante este año (2021). De ellos, el 80.3 por ciento se adjudicó directamente. En contraposición, las licitaciones públicas representaron 10.3 por ciento y las invitaciones restringidas 6.1 por ciento de los procedimientos. Por último, hubo un 3.2 por ciento de contrataciones que se realizaron con otros mecanismos”.

Gobierno marcado por el abuso

“En este sexenio se ha abusado de las asignaciones directas a niveles nunca antes vistos, lo que rompe con todo principio de transparencia, de justicia y de metodología”, dijo a este semanario Espinosa Piña quien, además, explicó que con esta práctica “se abren espacios de opacidad tan grandes, en donde no puede intervenir la fiscalización del Estado a través de sus órganos especializados, porque con esta figura, que, sí se contempla en la ley, pero que se desproporciona su utilización, se propician enormes espacios de opacidad, de discrecionalidad y de corrupción por consecuencia”.  

Precisó que las adjudicaciones directas “no pueden ser la generalidad. Siempre han sido y siempre deberían ser casos excepcionales y no la regla, como son en esta administración, en que ocurre lo contrario: los casos excepcionales son aquellos que se convocan a licitación”.

Espinosa Piña estimó conveniente que en la Constitución y en las legislaciones secundarias aplicables se establezca un tope al uso de contrataciones por adjudicación directa. “Creo que sería lo más sensato, es un principio general de contabilidad y administración pública; esto acota los márgenes de discrecionalidad, pero además, establece un estándar que en otros países es regla”.

Escándalos de corrupción

La bancada de diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) presentó, el dos de marzo de este año, una iniciativa de ley para poner límite en la Constitución a las contrataciones gubernamentales por adjudicación directa y evitar su uso indiscriminado. Propone que, cada año, solo el 20 por ciento de los contratos gubernamentales pueda expedirse mediante concesión directa en arrendamientos y servicios.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández calificó de “gravísimo” el abuso de las contrataciones por adjudicación directa en el gobierno de AMLO, porque propician la corrupción. “Nos engañaron a todos. Dijeron que iban a promover las licitaciones públicas como método de contratación. Nos prometieron honestidad valiente, pero la realidad es que hoy son cínicos y mentirosos”, aseveró Téllez en nombre de la bancada del PAN.

Téllez Hernández coincidió en que ocho de cada 10 contratos gubernamentales se entregan por esa vía, es decir el 80 por ciento de las contrataciones se otorgan “en cortito a sus cuates”; y citó algunos escándalos de corrupción como ocurrió en la compra de ventiladores respiratorios a León Manuel Bartlett, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett, por un monto de 31 mdp.

En un documento informativo de la bancada del PAN, el diputado Téllez cita también “los casi 800 mdp que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) otorgó a través de adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la Sedatu; en Pemex, para la refinería de Dos Bocas, los cinco contratos más grandes fueron otorgados a través de invitaciones restringidas o adjudicaciones directas con una suma de 49 mil mdp”.

La iniciativa panista propone reformar los párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 134° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y derivadamente las reformas y adiciones correspondientes a las legislaciones secundarias como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.

Los legisladores panistas plantean asimismo que, en las adquisiciones mediante el esquema de invitación restringida, se convoque a por lo menos tres proveedores, que la adjudicación directa “cuando se realice con fines exclusivamente militares” o para la Armada, o que su contratación por licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública.

Pero excluyen, por supuesto, las obras civiles o de administración pública que la Sedena, Semar y la Secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) realizan; es decir las que no tienen relación con sus operaciones militares y de seguridad nacional o pública.

El reporte del MCCI Adjudicaciones directas, el método preferido para contrataciones durante el gobierno de AMLO, del tres de febrero de 2022, revela que, en 2021, las instituciones federales con mayores porcentajes de adjudicaciones directas y contratos fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Banco del Bienestar, que en suma “entregaron más de 68 mil mdp mediante este mecanismo, y porcentajes descomunales en el número de contratos”.

El mismo documento enlista las 10 empresas que recibieron la mayor parte de los recursos y que obtuvieron el 100 por ciento de sus contratos por adjudicaciones directas; que el 90 por ciento del gasto gubernamental en comunicación social y publicidad se hizo con el mismo procedimiento; y que los principales contratos fueron otorgados a empresas como Televisa, Estudios Azteca y Demos Desarrollo de Medios, que publica el diario La Jornada.

La mayoría de esos contratos por adjudicación directa fueron otorgados por seis dependencias: el IMSS, Lotería Nacional (Lotenal), Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot, antes Fonacot) y las secretarías de Gobernación, Sedena y SHCP.

En la investigación Promesas Incumplidas de la 4T: 80.6 % de los contratos de 2021 han sido entregados por Adjudicación Directa, del cinco de julio de 2021, la organización civil MCCI informa que, con base en datos al primer semestre del año pasado, el 79.6 por ciento de los contratos de gobierno, en promedio se realizaron mediante adjudicación directa entre 2010 y 2018. “Nuestro seguimiento periódico de las compras del gobierno ha mostrado que el gobierno de AMLO continuó e intensificó el uso de esta práctica en 2019 y 2020”.

También se aclara que 91.5 por ciento de los contratos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos fueron entregados mediante adjudicación directa en ese periodo de 2021; y que 96 por ciento de los contratos relacionados con el Covid-19 en 2020 y 2021 se hicieron por concesión directa.

Como expusieron los especialistas consultados, el riesgo de que la reforma legal concentre las compras del gobierno en la SFP radica en que se convierte en juez y parte con la administración de los recursos públicos, ya que esta dependencia se encargaría de la planeación, establecimiento de las contrataciones públicas de proveedores, nacionales e internacionales, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, al mismo tiempo, de la supervisión (fiscalización) del uso de los recursos públicos.

En su análisis Iniciativa para reconcentrar las compras públicas en la SFP, del 28 de abril de 2022, los especialistas del IMCO explican que la citada reforma presidencial significa revertir la reforma aprobada en 2018; es decir, que en el fondo se trata de devolver a la SFP las funciones que hace cuatro años se habían trasladado a la SHCP, con los mismos propósitos de transparencia.