El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está marcado por la opacidad y la falta de rendición de cuentas, como lo evidenció la Segunda entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó muchos miles de millones de pesos (mdp) sin justificar en los gastos del Gobierno Federal y varias administraciones estatales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La ASF entregó, el 30 de octubre a la Cámara de Diputados, 487 informes individuales del gasto público ejercido en 2019, por la administración de AMLO, así como de instituciones federales, estatales y municipales. Dichas auditorías revelan que el gobierno que prometió transparencia en el uso de los recursos públicos, no informa en qué y cómo gasta el dinero de la Nación.

En las entidades federativas, el monto observado por la ASF fue de 25 mil 748 mdp, de los cuales la Federación solo recuperó 738 mdp, dinero que las dependencias fiscalizadas reintegraron. Pero aún quedan por aclararse 25 mil 10 mdp. Por ello, la fiscalía ha abierto cuatro mil 900 procedimientos que involucran a 14 mil presuntos responsables de la poca claridad en el manejo del erario.

Las observaciones están relacionadas con la falta de comprobantes de gastos; pagos improcedentes o excesivos; recursos y rendimientos financieros no ejercidos, devengados y no comprometidos sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, así como a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. “La transparencia es ‘limitada’ en la 4T y la información sigue sin fluir”, aseguró el titular de la ASF, David Rogelio Colmenares, en su informe general a los legisladores.

Las auditorías se aplicaron también al Fondo de Gastos Catastróficos (FGC), al Programa de Vigilancia Epidemiológica del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ( ISSSTE); los Laboratorios Birmex, Petróleos Mexicanos (Pemex), Pemex Exploración y Producción y Pemex Fertilizantes (en este caso por las inversiones en la rehabilitación de plantas para fertilizantes nitrogenados de Veracruz). En relación con las obras de infraestructura, la ASF incluyó al Tren México-Toluca y al Tren de Guadalajara.

El sector Salud obtuvo el mayor número de observaciones, con 20 mil 387 mdp sin aclarar. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) sumó mayores irregularidades por no justificar nueve mil 537 mdp; el Seguro Popular (SP), programa que desapareció este año, no justificó el destino de ocho mil 499 mdp, mientras que el Programa de Atención a la Salud de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral presentó opacidad en el uso de dos mil 668 mdp.

En su informe, la ASF denunció que tanto el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) como el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) violaron las reglas de operación y tienen problemas en su planeación del gasto. “El Insabi no cuenta con su Estructura Orgánica ni con sus manuales de Organización y Procedimientos… Las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar se encuentran en proceso de la opinión favorable por parte de la Secretaría de Hacienda y de la autorización del Comité Técnico del FSB, no obstante que ya concluyó el plazo establecido para su emisión”.

La diputada perredista Verónica Juárez Piña declaró que la Secretaría de Salud (SS) reúne el mayor número de observaciones porque el actual gobierno está otorgando, a empresas privadas, contratos sin licitación de por medio, medida que ha resultado contraproducente porque, en muchos casos, se han entregado equipos a sobreprecio e inservibles; además, se ha generado desabasto de medicamentos.

Bajo la lupa, gobiernos morenistas

El 29 de noviembre del año pasado, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente aseguró que la actitud más importante para ser funcionario público de su gobierno, era la honestidad. “Lo que más me importa, más que la experiencia, es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, (sería) 90 por ciento honestidad; 10 por ciento experiencia”, sentenció el mandatario federal.

No obstante a lo anterior, la administración federal y los gobiernos estatales morenistas son los que más han incurrido en la opacidad al no justificar el gasto de los recursos públicos. De las seis entidades que la ASF ubica con mayor falta de transparencia –Ciudad de México (CDMX), Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Coahuila– cuatro están gobernadas por morenistas y dos por mandatarios emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La capital de la República, gobernada por Claudia Sheinbaum, encabeza esta lista, y sus gastos no justificados fueron por siete mil 516.5 mdp; le sigue el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en Veracruz, por dos mil 413.4 mdp; en tercer lugar Chiapas, gobernado por el morenista Rutilio Escandón Cadenas, observado por un gasto de dos mil 158.5 mdp y Miguel Barbosa, de Puebla, por mil 136.6 mdp.

El gobierno de Oaxaca, encabezado por el priista Alejandro Murat Hinojosa, presentó irregularidades por mil 528.5 millones y el de Coahuila, gobernado por su compañero Miguel Ángel Riquelme, no justificó gastos por mil 469.5 mdp.

A decir de la ASF, el 84 por ciento de las observaciones a los gobiernos estatales tuvieron que ver con la opacidad en gasto de poco más de 20 mil 387 mdp de recursos transferidos al SP y al Fassa. Este dinero debió utilizarse para atender la salud de la población sin seguridad social, para la adquisición de medicamentos e insumos médicos, la construcción y el mejoramiento de infraestructura hospitalaria y la contratación de personal médico y administrativo; pero hasta el momento no está claro en qué y cómo se gastó.

Los gastos no realizados en medicinas y cobertura de salud a la población sin servicios sanitarios atraen más sospechas e inconformidades, porque se generaron en el primer año de gobierno de AMLO. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y vías de mucho tránsito, como el Circuito Interior e Insurgentes en la CDMX, fueron tomadas al menos en una ocasión por padres de familia y niños enfermos con cáncer. Estas manifestaciones se han replicado en Veracruz, Chihuahua, Chiapas y Puebla, al igual que las protestas organizadas por los portadores del VIH-SIDA ante la falta de retrovirales.

La CFE y sus pérdidas

Otra de las instituciones bajo la lupa de la ASF es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dirigida por Manuel Bartlett –funcionario perteneciente al círculo cercano del Presidente– y empresa paraestatal catalogada como obsoleta porque, en 2019, sus operaciones reportaron un valor agregado negativo en el ámbito económico.

“La CFE no fue rentable y continuó con un valor económico agregado negativo en su operación; no cumplió sus metas de generación de energía y se observó un deterioro en la operación de las EPS, que provocó que la participación de CFE en el Mercado Eléctrico Mayorista disminuyera, al pasar de 48.6 por ciento en 2018, a 47.1 por ciento en 2019”, explica el documento de la ASF, que también advierte que las pérdidas de la paraestatal fueron de 40 mil 382 mdp durante 2019.

Las causas de la poca rentabilidad en esta empresa, a decir de la Auditoría, están en los subsidios para abaratar la electricidad en los sectores doméstico y agrícola, unidos a sus tarifas poco competitivas, al envejecimiento de su infraestructura y su mala administración.

El análisis fiscal evidencia un retroceso en cuanto a la rentabilidad de la empresa, pues mientras que, en 2018, el Rendimiento Sobre Activos (ROA, por sus siglas en inglés) fue del 3.1 por ciento, en 2019 apenas alcanzó el 1.2 por ciento. Otro dato que reflejó la poca productividad en la CFE es el Rendimiento sobre capital (ROE, por sus siglas en inglés), que en 2019 fue del cuatro por ciento, mientras que en 2018 fue del nueve por ciento. Éstos fueron los elementos para que la ASF concluyera que la CFE registró un resultado de generación de riqueza residual negativo, menor en el 8.9 por ciento al reportado en 2018.

La lucha anticorrupción es una farsa

Algunos diputados, analistas económicos y actores políticos criticaron a la ASF que, en su segunda entrega de informes sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, dejó fuera de su análisis el gasto de las megaobras del Presidente –el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía– y sus programas sociales o asistencialistas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las Becas Benito Juárez.

Verónica Juárez Piña, coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, aseveró que el combate a la corrupción del AMLO es una farsa.

“Resulta preocupante esta revisión del órgano de fiscalización porque no incluye los programas prioritarios del gobierno de AMLO, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez; ni las megaobras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, ya que esos programas y proyectos son a los que el Gobierno Federal está destinando la mayor parte del presupuesto público, incluso en el marco de la emergencia sanitaria y de la crisis económica”, sostuvo.

Este proceder, aseguró la legisladora, no solo contradice el supuesto combate a la corrupción, sino que coloca un manto de impunidad sobre los programas insignia y los proyectos prioritarios del Presidente, y utiliza los recursos públicos con fines clientelares frente a las elecciones de 2021.

Aún antes de la publicación del análisis de la Cuenta Pública 2019, varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) habían advertido que el trabajo de la ASF es deficiente y poco eficaz en la lucha anticorrupción impuesta por el gobierno actual. En el informe La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías, realizado por la organización México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, se afirma que solo 11 de cada 100 pesos observados por la ASF son recuperados.

“Con la decisión de no hacer auditorías forenses para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) y para los proyectos prioritarios de AMLO, la ASF se hace de la vista gorda. Así nos quedamos sin posibilidades de detectar y desarticular redes de corrupción”, aseguró Marco Antonio Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa.

El especialista criticó a la ASF porque, en el caso de la cancelación del NAICM, realizó una auditoría de desempeño y no una forense, la cual hubiera permitido detectar casos de corrupción y responsabilidades por daños patrimoniales; pues los montos involucrados y las acusaciones sobre irregularidades sugerían otro tipo de inspección mucho más rigurosa.

“No hay combate a la corrupción serio sin fiscalización efectiva. Por eso la ASF es una de las instituciones en las que recaen las mayores expectativas. Debemos exigirle más para que ocupe el lugar que está llamada a desempeñar en el Sistema Nacional Anticorrupción”, advirtió en la presentación del informe Edna Jaime, directora de México Evalúa.

Para la legisladora Verónica Juárez Piña, el hecho tiene otro fondo mucho más preocupante. “El Gobierno Federal no solo causó un daño irreparable a la población al aplicar una política de austeridad irresponsable, sino que ha hecho un uso poco eficiente y opaco de los recursos públicos (…). La ineficiencia, la falta de transparencia y el despilfarro del erario también son corrupción y han costado vidas, lo acepte o no AMLO”, denunció.