Cargando, por favor espere...

La dictadura mexicana y la reforma a la LFT
La dictadura es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en un individuo o en un grupo, se caracteriza por reprimir los derechos humanos y las libertades individuales. El parecido con el gobierno de la 4T no es mera coincidencia.
Cargando...

Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es la privacidad; nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida íntima, preferencias, costumbres y rasgos físicos. A pesar de que no existe un acuerdo unánime sobre su definición, la privacidad es un elemento consustancial que precisa de la protección en las leyes. Es el derecho de todo individuo a aislar aspectos de su vida privada del escrutinio público.

La dictadura es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en un individuo o en un grupo, insiste en afirmar que tiene la mejor manera de gobernar; no permite la participación de otros individuos o grupos sociales en sus decisiones, y manipula a la sociedad. Este régimen político se caracteriza por reprimir los derechos humanos y las libertades individuales. El parecido con el gobierno de la “Cuarta Transformaciónˮ (4T) no es mera coincidencia.

La bancada morenista del Senado de la República aprobó, con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), que entrará en vigor cuando la firme el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con esa modificación se creará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM), que obliga a los 122 millones de mexicanos usuarios de telefonía móvil a brindar sus datos biométricos: huellas dactilares, retina de iris y vascular, reconocimiento facial y geometría de mano, así como la fecha y hora de activación de la línea, nombre completo o razón social del usuario, número de identificación oficial (CURP), domicilio, datos de la empresa telefónica y tipo de contratación de línea. Si lo realiza fuera del tiempo establecido, perderán su línea telefónica, y pagarán multas que van de 792 a un millón 344 mil 300 pesos.

Estos requisitos fueron establecidos para combatir los delitos de extorsión. Sin embargo, cabe preguntar si con esta legislación la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) logrará su objetivo de conocer detalladamente a la población nacional. Todo parece indicar que no, ya que esta disposición legal tiene como antecedente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), creado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y que, además de inútil, resultó perjudicial para la seguridad de los mexicanos, pues durante el periodo 2009-2012, aumentaron hasta en 40 por ciento los delitos de extorsión y secuestro, y su base de datos fue vendida en el mercado negro. Por ello es previsible que la nueva legislación del gobierno de la 4T no solo no beneficiará a los usuarios, sino que, adicionalmente, atentará contra su privacidad, integridad, seguridad y economía.

Seamos razonables: quienes realizan extorsiones y secuestros no utilizan un teléfono propio con sus datos personales; y la nueva legislación invita a los delincuentes a efectuar robos de teléfonos, identidades, clonaciones de chips, etc. ¿Quiénes, entonces, serán los juzgados? ¿Cómo irán las autoridades contra los verdaderos delincuentes? Además de estas consecuencias no previstas por los promotores de esa reforma, habrá otra que seguramente hará más afortunados a los dueños de las empresas de la telefonía móvil, pues repuntará el costo de ésta. El padrón está de más.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta ya con herramientas de geolocalización en teléfonos celulares, pues existen ya formas para combatir estos delitos. El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con información de los mexicanos con derecho a votar; no olvidemos que una de las primeras disputas entre el gobierno de AMLO y este órgano autónomo se produjo a principios de 2020, cuando la Secretaría de Gobernación le solicitó los datos biométricos de 90 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral para crear una cédula de identidad única de la población, demanda que el instituto se negó a satisfacer.

La “jugada” del gobierno morenista no solo es antidemocrática e inconstitucional, sino que, además, atenta contra la seguridad de los usuarios y la presunción de la inocencia. Todo apunta a que el gobierno de la 4T piensa crear su propia base de datos ¿Con qué fines? Los datos biométricos hacen referencia a aspectos únicos porque están asociados a una persona y, por ende, tienen características insustituibles. El PNUTM afectará a todas las personas de este país ¿Por qué crear un padrón innecesario?

Hay una respuesta única a esta pregunta: estas acciones buscan reprimir, acosar y vigilar a un pueblo que está harto de las injusticias y arbitrariedades del régimen dictatorial de AMLO y que en las elecciones del próximo seis de junio, las más grandes de la historia, tendrá oportunidad de deshacerse de manera democrática del cáncer que lleva por nombre Morena. Vamos rumbo a una dictadura donde solo el pueblo, consciente y unido, puede cambiar el destino de nuestro país. Como dijo “ya saben quién”, el pueblo es sabio. Juzgue usted.


Escrito por Silvana Camacho Montesinos

Colaborador


Notas relacionadas

En su presentación del Análisis de Incidencia delictiva 2021, el ONC dio a conocer que este 2021 fue el peor año en varios aspectos, sobre todo para las mujeres, con un aumento del 20% en feminicidios respecto al sexenio pasado.

El próximo 1° de diciembre se cumplen cuatro años de "transformación", con un incremento de la pobreza; estancamiento de la economía; fracaso en el combate a la corrupción y la inseguridad pública; con la todavía promesa de un sistema de salud eficiente.

Los Papeles de Pandora son una filtración de unos 11.9 millones de documentos, que evidencian la forma para no pagar impuestos.

Morena está provocando un daño de efectos incalculables; ha defraudado, en los hechos, la esperanza que la gente puso en un “gobierno de izquierda”.

Representantes de 2 mil 800 permisionarios de taxi del AICM denunciaron actos de corrupción, violencia de género, y prácticas monopólicas de parte de las áreas jurídica y operativa de ese aeropuerto.

San Luis Potosí (SLP), en su mayoría morenistas, aprobaron una modificación al Artículo 71º de la Constitución Política del estado... con penas de cárcel, a los choferes del servicio público de transporte que trabajen sin permisos otorgados.

El IMCO advirtió que las construcciones de obras por parte de la Sedena se realizan en un contexto de opacidad en varios aspectos, ya que se desconoce de forma completa y detallada los términos de cumplimiento de las obras públicas.

No fue sólo el huracán “Otis” el que destruyó Acapulco. En todo caso, con su implacable poder natural y su arrolladora fuerza, lo que dejó al descubierto fue el fracaso de la política nacional y la continuidad discursivamente negada de la práctica del neoliberalismo en nuestro país.

Más sintonizado con sus objetivos político-electorales de 2018, entre ellos que México alcance una “soberanía energética” hasta ahora incumplida, AMLO ha lanzado cuatro millonarios proyectos con tecnologías que van de salida en el mundo.

No queda duda, la corrupción y el abandono son la causa principal del desplome de un tramo de la Línea 12 que ya cobró la vida de decenas de capitalinos.

El único objetivo que tuvo la consulta popular era desviar la conversación para que el hombre de Palacio Nacional evitara ser acorralado con las incógnitas que surgen de su administración y sus decisiones.

Los mexicanos que habitan en Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo, además de no ganar nada con el cambio de partido en el poder, enfrentarán el riesgo de que, en los próximos seis años, las cosas sean peores.

“Se debe replantear la estrategia, es una estrategia fallida, ahí están los números desgraciadamente, y los hechos que se están presentando en muchos estados del país", señaló el senador Manuel Añorve.

De 2018 a 2021 la producción de combustóleo, o “leña del diablo” por su impacto negativo al medio ambiente, aumentó en 59% por la errónea política energética de la 4T, reveló México Evalúa.

La política social de la 4T no prioriza a los pobres. Mientras en 2018 el 20% más pobre de los hogares recibía 33% de los recursos, en 2020 recibió solo 21%; en contraste, en 2018, el 20% más rico recibía 9% de los recursos y, en 2020, el 17%.

Edición impresa

Editorial

Una “democrática” reforma judicial


La reforma judicial beneficiará en 2025 al partido en el poder, a Morena, al Poder Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum.

Síguenos en Facebook


Poesía

Sociedad anónima

Sociedad anónima 1142