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La dictadura mexicana y la reforma a la LFT
La dictadura es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en un individuo o en un grupo, se caracteriza por reprimir los derechos humanos y las libertades individuales. El parecido con el gobierno de la 4T no es mera coincidencia.
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Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es la privacidad; nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida íntima, preferencias, costumbres y rasgos físicos. A pesar de que no existe un acuerdo unánime sobre su definición, la privacidad es un elemento consustancial que precisa de la protección en las leyes. Es el derecho de todo individuo a aislar aspectos de su vida privada del escrutinio público.

La dictadura es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en un individuo o en un grupo, insiste en afirmar que tiene la mejor manera de gobernar; no permite la participación de otros individuos o grupos sociales en sus decisiones, y manipula a la sociedad. Este régimen político se caracteriza por reprimir los derechos humanos y las libertades individuales. El parecido con el gobierno de la “Cuarta Transformaciónˮ (4T) no es mera coincidencia.

La bancada morenista del Senado de la República aprobó, con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), que entrará en vigor cuando la firme el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con esa modificación se creará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM), que obliga a los 122 millones de mexicanos usuarios de telefonía móvil a brindar sus datos biométricos: huellas dactilares, retina de iris y vascular, reconocimiento facial y geometría de mano, así como la fecha y hora de activación de la línea, nombre completo o razón social del usuario, número de identificación oficial (CURP), domicilio, datos de la empresa telefónica y tipo de contratación de línea. Si lo realiza fuera del tiempo establecido, perderán su línea telefónica, y pagarán multas que van de 792 a un millón 344 mil 300 pesos.

Estos requisitos fueron establecidos para combatir los delitos de extorsión. Sin embargo, cabe preguntar si con esta legislación la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) logrará su objetivo de conocer detalladamente a la población nacional. Todo parece indicar que no, ya que esta disposición legal tiene como antecedente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), creado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y que, además de inútil, resultó perjudicial para la seguridad de los mexicanos, pues durante el periodo 2009-2012, aumentaron hasta en 40 por ciento los delitos de extorsión y secuestro, y su base de datos fue vendida en el mercado negro. Por ello es previsible que la nueva legislación del gobierno de la 4T no solo no beneficiará a los usuarios, sino que, adicionalmente, atentará contra su privacidad, integridad, seguridad y economía.

Seamos razonables: quienes realizan extorsiones y secuestros no utilizan un teléfono propio con sus datos personales; y la nueva legislación invita a los delincuentes a efectuar robos de teléfonos, identidades, clonaciones de chips, etc. ¿Quiénes, entonces, serán los juzgados? ¿Cómo irán las autoridades contra los verdaderos delincuentes? Además de estas consecuencias no previstas por los promotores de esa reforma, habrá otra que seguramente hará más afortunados a los dueños de las empresas de la telefonía móvil, pues repuntará el costo de ésta. El padrón está de más.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta ya con herramientas de geolocalización en teléfonos celulares, pues existen ya formas para combatir estos delitos. El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con información de los mexicanos con derecho a votar; no olvidemos que una de las primeras disputas entre el gobierno de AMLO y este órgano autónomo se produjo a principios de 2020, cuando la Secretaría de Gobernación le solicitó los datos biométricos de 90 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral para crear una cédula de identidad única de la población, demanda que el instituto se negó a satisfacer.

La “jugada” del gobierno morenista no solo es antidemocrática e inconstitucional, sino que, además, atenta contra la seguridad de los usuarios y la presunción de la inocencia. Todo apunta a que el gobierno de la 4T piensa crear su propia base de datos ¿Con qué fines? Los datos biométricos hacen referencia a aspectos únicos porque están asociados a una persona y, por ende, tienen características insustituibles. El PNUTM afectará a todas las personas de este país ¿Por qué crear un padrón innecesario?

Hay una respuesta única a esta pregunta: estas acciones buscan reprimir, acosar y vigilar a un pueblo que está harto de las injusticias y arbitrariedades del régimen dictatorial de AMLO y que en las elecciones del próximo seis de junio, las más grandes de la historia, tendrá oportunidad de deshacerse de manera democrática del cáncer que lleva por nombre Morena. Vamos rumbo a una dictadura donde solo el pueblo, consciente y unido, puede cambiar el destino de nuestro país. Como dijo “ya saben quién”, el pueblo es sabio. Juzgue usted.


Escrito por Silvana Camacho Montesinos

Colaborador


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