Hace días vivimos la primera elección judicial en México, materialización de la reforma judicial impulsada por el expresidente López Obrador. Desde el principio, todo fue irregular, empezando por que la reforma misma fue aprobada en los últimos días del sexenio pasado, gracias a que a Morena y aliados se les otorgó una mayoría ilegítima, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pues los curules que les otorgaron estuvieron por encima de los que merecían por los votos que obtuvieron en la pasada elección; decisión validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, desde hace tiempo, juega del lado del partido en el poder. Esto, junto con las presiones y sobornos de los que echaron mano los morenistas para conseguir votos de los senadores electos, entre ellos, el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez –a quien garantizaron impunidad por su voto– sirvieron para que la 4T lograra alcanzar la mayoría calificada que se requería para la aprobación de dicha reforma constitucional. 

Quienes criticamos la reforma judicial desde su presentación sabíamos que las reglas para elegir al nuevo Poder Judicial por voto popular estaban hechas para permitir que sólo el partido en el poder, sus aliados y grupos de poder económico, eligieran a los ganadores y, con ello, privar a los nuevos jueces de la independencia e imparcialidad necesarias para realizar correctamente su labor. Bastaba con revisar los requisitos exigidos a los aspirantes a cargos judiciales, que dejaban de lado la experiencia y la capacidad (entre ellos calificación de 8 en la licenciatura y cinco cartas de recomendación), para saber que lo que se buscaba no era mejorar al Poder Judicial y al sistema de justicia en México, sino sacar del cargo a jueces que no le debían el puesto a Morena y que le eran incómodos por sus resoluciones, para poner en su lugar jueces complacientes que resolvieran a su favor.

Lo que vimos desde el inicio del proceso electoral para elegir a los nuevos jueces fue arbitrariedad tras arbitrariedad, empezando porque las normas secundarias que debían estar listas 90 días antes de iniciar el proceso electoral (en septiembre 2024) fueron reformadas para adecuarlas a la reforma morenista hasta octubre, cuando el proceso ya estaba en marcha. Posteriormente vimos que, aunque la Constitución establece que los tres poderes de La Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) postularían candidatos para la elección judicial, sólo el Poder Ejecutivo y el Legislativo lo hicieron, pues con trampas y contubernio del TEPJF, le arrebataron al Poder Judicial su facultad constitucional de elegir a sus candidatos y éstos fueron electos finalmente, con trampas y tómbola incluida, por el Senado de la República.

También pudimos ver cómo, a pesar de que los propios morenistas habían establecido en la reforma que no estaba permitido ni al gobierno ni a los partidos políticos participar en la promoción de la elección judicial, en aras de salvaguardar la equidad en la contienda en beneficio de los participantes, terminaron por modificar dicha regla para, desde el gobierno, hacer publicidad de dicha elección (y de sus candidatos, desde luego). Así, vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum promocionar una y otra vez la elección judicial en “las conferencias mañaneras”; a los legisladores promocionar candidatos en sus estados; a los promotores de los programas sociales presionar a los beneficiarios a votar; y vimos aparecer por todo el territorio nacional miles de lonas y bardas con letras color guinda que nadie sabe quién pagó, que llamaban a votar por los nuevos jueces, magistrados y ministros del pueblo. 

Pero eso no fue todo. El Instituto Nacional Electoral, encabezado por Guadalupe Taddei (morenista declarada), modificó la organización y las reglas del proceso electoral para lograr que se ejecutara en las condiciones más convenientes para la 4T y, con ello, se realizara la elección más desaseada y fraudulenta de las últimas décadas, que obtuvo una participación ciudadana de apenas el 11 por ciento. Esto es así porque el INE decidió organizar la elección, a pesar de que la 4T no le destinó los recursos económicos necesarios, por lo que se tuvo que instalar sólo la mitad de las casillas necesarias y sin el suficiente personal capacitado; estableció que no serían los ciudadanos integrantes de las mesas de casilla quienes contaran los votos de la elección (como normalmente ocurre) sino que serían los Consejos Electorales Distritales quienes harían dicha tarea; ordenó que las boletas sobrantes de las casillas no se inutilizaran al terminar la jornada electoral, permitiendo que cualquiera pudiera llenarlas después; no se establecieron mecanismos para garantizar el traslado seguro de los paquetes electorales hasta donde se contarían los votos, para evitar su alteración; no hubo programa de resultados preliminares y los resultados completos formalmente se dieron 14 días después, etc. Todas estas modificaciones permitieron manipular impunemente la elección y, con ello, que el poder eligiera a sus jueces a modo.

A pesar de las múltiples irregularidades que se dieron en la elección judicial, el 16 de junio pasado, el INE validó la elección (con el voto de seis de los 11 consejeros), a pesar de haberse comprobado la existencia de muchas irregularidades, tales como la existencia de urnas embarazadas, casillas donde votaron el 100 por ciento o más de los electores asignados a la misma o donde se votó por los mismos candidatos por parte de todos los votantes y, desde luego, la existencia de los ilegales “acordeones del bienestar” que se distribuyeron impunemente antes y durante la jornada electoral (sobre todo a los beneficiarios de los programas sociales) y que, al comparar su contenido con los candidatos ganadores, se confirma que se usaron para decirle a la gente por quién votar y, con ello, se atentó gravemente contra la equidad en la contienda y el voto libre y auténtico. Muchos de los resultados son de risa loca: ganó desde la cárcel Héctor Ulises Orduña, quien está acusado de acoso sexual contra una menor; 37 candidatos a la magistratura ganaron sin alcanzar el 8 de promedio en la calificación que exige la Constitución (quieren juzgarnos unos “auténticos burritos”); ganó su cargo de juez en Chihuahua Silvia Delgado, defensora del “Chapo Guzmán”, etc. En los tiempos de la 4T, todo se vale.

Ante una elección fraudulenta que dio los resultados esperados para el partido en el poder, y que seguramente será validada por el TEPJF (quien tiene la facultad de decidir, en definitiva) debemos decir claramente: el pueblo no ganó con la elección judicial. El que los jueces sean electos por voto popular no corregirá los males del sistema judicial existente, por el contrario, la corrupción y el control de los juzgadores por grupos de poder económico y político será mayor pues, como ya dijimos, las reglas obligaban a quien quisiera participar en la elección a buscar patrocinio de quien pudiera mover gente o tuviera recursos para garantizar votos y ayudarlo a ganar, comprometiendo por ello su imparcialidad. Y si por ahí hubiera algún juez que quisiera hacer las cosas bien, existe ahora el Tribunal de Disciplina Judicial, que puede destituir a los jueces “por no hacer bien su trabajo”. ¡La santa inquisición judicial!

Con este fraude burdo y ofensivo que fue la elección judicial, eligieron a sus ministros, magistrados y jueces, el partido en el poder y los grandes ricos de este país que, a pesar de su discurso en defensa de la democracia, la división de poderes y la independencia judicial, patrocinan y apoyan a Morena porque les es útil, pues han seguido incrementando sus fortunas con estos gobiernos a costa del trabajo de millones de mexicanos, que son quienes producen la riqueza de este país, pero que viven sumidos en la pobreza y la ignorancia. 

Es importante advertir que los ciudadanos de a pie, esos que no pudimos poner ni un juez en el nuevo Poder Judicial, somos los más perjudicados con esta modificación. Contrario a lo que se piensa, todos necesitaremos alguna vez de un juez que escuche nuestro reclamo y nos resuelva de manera imparcial cuando nos despidan injustamente, cuando queramos pelear la tutela o los alimentos de nuestros hijos, cuando reclamemos un daño causado por un tercero, cuando nos cobren un impuesto indebidamente o cuando un acto de la autoridad perjudique nuestros derechos fundamentales. Adiós al amparo como un medio eficaz para combatir las arbitrariedades de nuestros gobernantes. En todos estos casos y muchos más, necesitamos tener jueces independientes, imparciales y capaces, que resuelvan nuestro reclamo conforme a derecho; y que no vendan sus resoluciones al mejor postor, o no se plieguen a los intereses del poder político en turno. 

Los mexicanos no podemos esperar a que alguien resuelva este problema, que se suma a los muchos más que nos aquejan todos los días, tales como la pobreza, la ignorancia, la inseguridad, la falta de salud, de educación, etc. Necesitamos organizarnos y, como fuerza mayoritaria, tomar la solución en nuestras manos, creando un partido auténticamente popular que conquiste el poder político del país y encabece la construcción de una patria más justa y equitativa para todos los mexicanos, sobre todo los más pobres. Difícil, pero ése es el camino.